Trump, los militares y la división de poderes en Cuba
La reciente decisión del presidente de Estados Unidos de limitar las relaciones comerciales con empresas cubanas controladas por militares pone de relieve una arista poco explorada de la realidad nacional.
Todo el que conozca mínimamente la Isla sabe que aquí no hay nada parecido a lo que pueda llamarse "división de poderes". Quedó demostrado recientemente, cuando los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular levantaron la mano de forma unánime para "respaldar" unos documentos programáticos del Partido Comunista, unos textos que los diputados no tenían capacidad legal de aprobar pero que políticamente no podían desaprobar.
En otros países cabe esperar que el Congreso se ponga en contra de lo que propuso el Ejecutivo o que el Poder Judicial dicte inconstitucional lo que aprobó un Parlamento. En la mayoría de las naciones cuando se aplica alguna medida, una nueva política, una ley cualquiera, los analistas se preguntan cómo van a reaccionar los sindicatos o qué van a hacer los estudiantes. En Cuba no es así. Los que mandan disponen y el resto obedece o va a la cárcel.
La presencia de coroneles y generales al frente de poderosos consorcios quizás no significa tanto la militarización de la economía como la conversión de los castrenses en gerentes
La ostensible presencia de individuos provenientes del sector militar en las estructuras de poder, especialmente en las gerencias económicas, puede llevar a pensar que con eso el ejército se enriquece y que al tener en sus manos tantos recursos le es más fácil reprimir al pueblo. Razonar de esa forma parte de la creencia de que existe algún tipo de división de poderes y eso introduce un enorme error en el análisis.
La presencia de coroneles y generales (retirados o en activo) al frente de empresas turísticas como Gaviota o de poderosos consorcios como Gaesa, Cimex y TRD, entre otros, quizás no significa tanto la militarización de la economía como la conversión, la metamorfosis, de los castrenses en gerentes.
Carentes o "curados" de un auténtico "espíritu de clase obrera", manejan con mano dura de despiadados capataces -leales al patrón- cualquier diferendo con los trabajadores. Sus hábitos de disciplina los llevan a cumplir lo que les ordenen sin preguntar si es viable o absurdo. No exigen nada para sí mismos y todo cuanto mejore su nivel de vida personal o sus condiciones de trabajo (autos modernos, confortables viviendas, viajes al extranjero, cestas con alimentos y bebidas ...) lo considerarán como un favor del jefe, un privilegio que solo se paga con lealtad.
Aunque sea difícil de creer, no están allí respaldados por sus cañones ni blindados, su influencia no se determina por el número de sus tropas ni por el poder de fuego del armamento que controlan, sino por la confianza que Raúl Castro les tiene. Así de sencillo.
Cuando se revisa la extensa documentación emitida por las diferentes esferas de la ilegalizada oposición política, o por la sociedad civil no reconocida oficialmente apenas se puede observar la protesta frente al dominio que los militares han ganado sobre la economía en la última década.
Las prioridades son otras. La liberación de los presos políticos, el cese de la represión, las libertades de expresión y asociación, el derecho a elegir a los gobernantes en elecciones plurales... En el ámbito de la economía, lo que se cuestiona son las dificultades que tienen los emprendedores privados para fundar una empresa, las limitaciones para acceder al mercado internacional, los excesivos impuestos, el expolio a que los cuentapropistas son sometidos por los inspectores.
La preocupación más perceptible en este sentido es que al colocar a estos militares en puntos clave de la economía se esté tramando el futuro empoderamiento económico de los clanes dominantes en una virtual piñata, lo que supone el auto aniquilamiento del sistema por los herederos del poder.
"En lo que el palo va y viene" reorganizan sus fuerzas para el tiempo que les queda al frente del país mientras ven expirar el mandato de Donald Trump
Si no fuera tan dramático daría risa imaginar las infinitas soluciones con que cuentan los gobernantes cubanos para burlar "las nuevas medidas". Les basta con cambiar el nombre a los actuales monopolios y colocar testaferros civiles al frente de supuestas "cooperativas de segundo grado" ya previstas en el lineamiento 15 del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.
En este pase de magia o, para usar un cubanismo, "al darle agua al dominó" obligarían a la mastodóntica burocracia norteamericana a realizar un nuevo inventario de entidades con las que no se puede comerciar. "En lo que el palo va y viene" reorganizan sus fuerzas para el tiempo que les queda al frente del país mientras ven expirar el mandato de Donald Trump.
Para hacer este truco no será necesario reunir al Partido en un congreso, ni consultar a los letrados constitucionalistas, ni siquiera tendrían que dar por enterado al Parlamento. Para colmo, en las calles no habrá manifestación de protesta alguna ante el gesto camaleónico de que los militares han cambiado sus uniformes y sus armas por las guayaberas o los cocteles empresariales.
