“Están criminalizando la solidaridad”

Managua/Las comunidades ubicadas en Rivas, al extremo sur de Nicaragua, se encuentran en incertidumbre y temor por la política gubernamental de militarización y cierre de fronteras, ante la llegada de miles de africanos y haitianos que intentan cruzar el país con rumbo a Estados Unidos.

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes señalaron, en una conferencia de prensa este miércoles en Managua, que los habitantes de San Juan del Sur, Cárdenas, Rivas y Nandaime se sienten asustados por la presencia desmedida de efectivos del ejército y por la llegada silenciosa de personas que entran al país de manera irregular.

“El Ejército está desplegado por toda la carretera y eso implica que haya poca movilidad de la población. También hay mucha inseguridad, porque hay muchos tratantes de personas en la zona. Hay violaciones de derechos humanos a estos migrantes, hay despojos, mujeres que han sido violadas por parte de los traficantes, hay extorsiones, acoso, hambre y la población tiene miedo y enojo porque piensan que si los ayudan pueden caer presos”, explicó Sheyla Reyes, representante de la red de sociedad civil para las migraciones.

El caso reciente de la profesora Nilamar Alemán, acusada de tráfico de personas luego de ayudar a una mujer congolesa y a su hija de 15 meses, ha generado un debate en el país. En la zona de Rivas, se estima que miles de migrantes entran a territorio nicaragüense guiados por tratantes de personas o ‘coyotes’. Hay muchas mujeres embarazadas y niños que forman parte de estos grupos. Ante este escenario, muchos pobladores tienen intenciones de auxiliar humanitariamente a los extranjeros, comenta Reyes, pero se sienten paralizados ante la posibilidad de correr la misma suerte de que maestra Alemán.

Lo que tenemos que hacer es diferenciar entre el traficante y el migrante, con el traficante tenemos que ser intransigentes, pero el migrante es una persona igual que los migrantes nuestros que se están yendo a Estados Unidos, a España a Costa Rica

Por su parte Martha Cranshaw, directora de NicasMigrante, asegura que es necesario que la población y el gobierno aprendan a definir bien los límites entre un traficante de personas, que es quien comete un acto ilícito, y un ciudadano solidario. Así mismo, que tampoco se criminalice a las personas migrantes.

“Quieren matar el corazón, la generación de un clima de actividad militar, chequeos, registros, allanamientos. En este momento lo que tenemos que hacer es diferenciar entre el traficante y el migrante, con el traficante tenemos que ser intransigentes, pero el migrante es una persona igual que los migrantes nuestros que se están yendo a Estados Unidos, a España a Costa Rica. Lo que tenemos que exigirle al Estado de Nicaragua es que su política migratoria no criminalice a los migrantes”, manifestó la defensora de Derechos Humanos

Dentro de las denuncias que expusieron, los organismos plantean que ahora también ha aparecido la persecución hacia todas las personas de raza negra aunque sean de nacionalidad nicaragüense. Según los testimonios las comunidades de costeños que viven en San Juan del Sur son acosados por la Policía y el Ejército que los confunde con los migrantes.

El grupo de ONGs que se especializan en migración se reunieron esta semana para crear una agenda de acciones de sensibilización, que llevaran a cabo en todo el mes de septiembre con el propósito de informar e incidir en las comunidades de Rivas que son las que por el momento se encuentran más expuestas a la problemática.

En Peñas Blancas, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, se encuentran varados más de 1500 migrantes. A principios de agosto, diez cadáveres se encontraron a orillas del lago Cocibolca, cerca de la desembocadura del Río Sapoá. Cinco de los cuerpos fueron reconocidos extraoficialmente por una ciudadana haitiana, Irlande Bien-Aime, que asegura que corresponden a sus familiares: Romane Fatjam Domani, de 26 años; Derisma Olgins Fatjam, Skeezy Civil, Claudy Djoudjou Joseph y Viergeline Valery. Todavía se desconoce la identidad de las otras cinco personas.

A pesar de la tragedia, todavía existe mucha desinformación en la población nicaragüense fomentada en un ambiente de secretismo y censura gubernamental

A pesar de la tragedia, todavía existe mucha desinformación en la población nicaragüense fomentada en un ambiente de secretismo y censura gubernamental, expresaron los defensores de derechos humanos. A juicio de Cranshaw, el actuar del gobierno de Nicaragua debería estar enfocado en crear un diálogo regional para resolver la crisis, aprovechando que el país ostenta la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

“Tenemos que hacer algo, no podemos dejar que esta gente esté pasando esos malos momentos, incluso que esté muriendo. Tanto el gobierno como nosotros como población, pero tiene que ser una posición mayoritaria de los nicaragüenses, porque una golondrina no hace verano, tenemos que lograr un proceso de reflexión”, declaró Cranshaw.

Para Jorge Estrada, miembro de la red de sociedad civil para las migraciones, es necesario que se recuerde que el Estado Nicaragüense es signataria de la convención de los trabajadores migrantes y sus familiares, y de otros instrumentos jurídicos de Derechos Humanos.

“Nicaragua debe cumplir y respetar estos convenios. Es importante que el gobierno escuche a la sociedad civil y que se dé cuenta que la población está dispuesta a apoyar. La solidaridad no es un delito pero se está criminalizando la solidaridad”, expuso Estrada.

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Nota de la redacción:

Este texto fue publicado previamente en el periódico nicaraguense Confidencial. Lo reproducimos con autorización del autor.