Oficiales nicaragüenses denuncian el apoyo de la cúpula militar a Ortega
En el año 2010 Julio César Avilés asumió la jefatura del Ejército Nacional de Nicaragua, cargo en el que debía permanecer cinco años. A la par, fue ascendido a general de Ejército. En aquel momento, distintos sectores comentaron que le faltaban méritos para ocupar tal cargo.
Altos oficiales en retiro, incluyendo algunos de sus exjefes, además de felicitarlo, le advirtieron que debería cuidar la honorabilidad y el prestigio que había logrado la institución castrense y que, de ninguna manera, subordinara la institución al proyecto autoritario y nepótico de los Ortega Murillo que ya se afianzaba. También le dijeron que estarían atentos a su apego a la Constitución y las leyes, como seguramente lo haría también el oficialismo activo.
En el año 2015, Daniel Ortega extendió a Julio César Avilés su permanencia en el cargo hasta el 2020. Lo hizo mediante una cuestionada ley, rompiendo además la tradición de los 15 años precedentes y bloqueando, con ello, el ascenso de nuevas generaciones de oficiales.
Esas cosas no son gratis.
El pasado 2 de septiembre, en el acto de celebración del Día del Ejército, durante un claro discurso político, Avilés repitió la narrativa oficial calificando de "golpe de Estado" la rebelión cívica ciudadana de los últimos 17 meses y expresó su apoyo político al régimen Ortega-Murillo.
El Ejército Nacional de Nicaragua es hoy una enorme empresa cuyos recursos son administrados por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Al menos la mitad de los 100 millones de dólares de los fondos de pensión de los militares nicaragüenses está invertido en bonos y acciones en Estados Unidos
En 2002, el IPSM tenía un capital de 29,5 millones de dólares, que se incrementaron a 72,3
millones de dólares en 2009. A estas alturas supera fácilmente los 100 millones. Se estima que al menos la mitad de esos recursos está invertido en bonos y acciones en Estados Unidos.
Si bien hasta ahora no se han escuchado voces desde dentro del Ejército que cuestionen el comportamiento político de Avilés, no hay duda de que en su seno hay oficiales, clases y soldados que no comparten el interés del general de convertirlo en una fuerza al servicio de la familia Ortega Murillo. La actitud de Avilés y sus declaraciones hacen al Ejército
susceptible de sanciones internacionales, particularmente de EE UU, lo que coloca en riesgo los recursos financieros invertidos en el extranjero y que son la suma de las cotizaciones de los militares para su atención médica y retiro.
Unido a lo anterior, la pasividad del Ejército ante la abierta actividad de grupos paramilitares en los meses más crudos de la crisis del año pasado ha llevado a que surjan legítimas consideraciones que plantean su disolución en una Nicaragua democrática.
La actitud de Avilés de postrarse ante la dictadura de Ortega desoyendo todas las advertencias que le hicieron sus viejos camaradas de armas y sin tomar en cuenta el rechazo, hasta ahora silencioso, que existe a lo interno de las filas castrenses, conspira contra los intereses y la futura existencia del propio Ejército.
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