Fisuras en la aplicación del embargo de EE UU a la dictadura cubana

San Juan (Puerto Rico)/A raíz del alineamiento, en la década de los 60, de Cuba a la otrora Unión Soviética en el ámbito político y militar, Estados Unidos adoptó diversas medidas para intentar contener la capacidad de expansión del régimen de La Habana. La expropiación de empresas estadounidenses, el envío de armamento soviético a la Isla entre 1959 y 1961 y el emplazamiento de misiles de largo alcance en 1962 dieron a Washington el pie forzado para adoptar leyes que restringieran su comercio con la Isla. Es el caso de la sección 620 A de la Ley de Cooperación Internacional, de 1961, que autorizaba al presidente de EE UU a mantener un embargo económico, o las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963, que regulaba las transacciones comerciales e incluso el viaje de ciudadanos estadounidenses a la Isla.

Posteriormente, en 1992 el Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley para la Democracia en Cuba, más conocida como la Ley Torricelli –que prohíbe a las empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con la Isla, así como el envío de remesas–, y en 1996 Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas, conocida como la Ley Helms-Burton, que continúa en vigor y tenía como propósito forzar el cumplimiento del embargo.

Esta última también prohíbe la exportación de productos de Estados Unidos a Cuba, salvo aquellos que tienen un carácter humanitario y constan con una autorización previa de Washington.

En los últimos años Cuba ha recibido productos que no están entre los permitidos por la Ley Helms-Burton, como autos nuevos o usados de marcas estadounidenses

Pese a estas restricciones, en los últimos años se ha reportado un incremento sostenido de las exportaciones de productos de Estados Unidos a Cuba. Según las regulaciones estadounidenses, la mayoría de los productos vendidos a Cuba deben ser alimentos, insumos agrícolas y medicinas, así como ciertas ayudas humanitarias. No obstante, en los últimos años Cuba ha recibido productos que no están entre los permitidos por la Ley Helms-Burton, como autos nuevos o usados de marcas estadounidenses: el monto total de la exportación a Cuba de vehículos en 2023 fue de casi 9 millones de dólares.

También se han reportado exportaciones de lavadoras, microondas, neveras, alfombras, alimentos para mascotas y productos de belleza. Estos, al igual que los vehículos, tienen prohibida su exportación a Cuba, lo que significa que hay fisuras en la aplicación de la ley.

Gran parte de estas fisuras se deben a las inconsistencias y vaivenes que existen en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, y que dependen de la posición del Gobierno de turno. El resultado, a la postre, es la ineficiencia de las regulaciones, que mengua el efecto pretendido por la ley y termina beneficiando al régimen castrista, que se mantiene en el poder.

Washington debería ser consistente en la aplicación rigurosa de la Ley Helms-Burton y arreciar los controles sobre lo que exporta a Cuba, pues existe una gran diferencia entre los bienes que envía para paliar necesidades humanitarias de una población empobrecida y oprimida –como los alimentos y medicinas–, y los que benefician y enriquecen al régimen, contribuyendo a la opresión del pueblo.

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