Bienvenida aunque tardía
Entre las sorpresas que ha traído el último período de sesiones de la Asamblea del Poder Popular puede mencionarse el anuncio hecho por la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, quien aseguró que a partir de 2016 quedarían exonerados de impuestos sobre sus utilidades las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) no cañeras y las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), siempre y cuando más de la mitad de sus ingresos provenga de sus producciones agropecuarias. El anuncio ha sido recibido con beneplácito, aunque son muchos los que creen que dicha medida debió implantarse hace mucho tiempo y no como una solución coyuntural.
La sorpresa se hace más sorprendente, valga la redundancia, cuando están incluidos los propietarios y usufructuarios de tierras del sector no cañero que en este caso quedan libres del gravamen anual sobre los ingresos personales. Liberar a los que siembran y cosechan de toda la contabilidad que implican estas declaraciones y con ello aceptar que el que más produce ganará más, pudiera ser beneficioso no solo para los que están con los pies y las manos sobre la tierra, sino pudiera abaratar, a largo plazo, los precios de los productos agrícolas, una demanda omnipresente en todas las asambleas de rendición de cuentas de los electores ante su delegado.
Están incluidos los propietarios y usufructuarios de tierras del sector no cañero que en este caso quedan libres del gravamen anual sobre los ingresos personales
Finalmente se anunció la exoneración del pago del impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo al personal contratado directamente a la producción. Esto pudiera beneficiar tanto a cooperativistas, usufructuarios y propietarios, pues en momentos picos de la cosecha o de atenciones al cultivo, se hace imprescindible buscar mano de obra ocasional. El éxodo de zonas agrícolas –especialmente de jóvenes– se debe, entre otras razones, a las limitaciones burocráticas que no permiten el libre movimiento de la fuerza de trabajo e inciden en el fenómeno de convenios fantasmas donde los jornaleros carecen de todo derecho y protección.
Desde hace mucho tiempo, incluso desde posiciones tenidas por opositoras, se ha estado reclamando que aquellos que producen alimentos para la población debieran quedar liberados de cargas impositivas, lo que podría contribuir a incentivar la producción y garantizar la alimentación. De aplicarse tal y como se anuncia, se eliminaría entre los productores de alimentos agrícolas el temor a ganar dinero que se sustenta en la aplicación de impuestos que pueden vampirizar de forma creciente a quienes declaran ganancias más altas.
La medida pudiera evaluarse como un paso pragmático, pero también como una concesión ideológica a la obsesión de que los campesinos no se enriquecieran, típica secuela de los tiempos del fidelismo clásico.