Decidir para cambiar

La Habana/Si en algo resulta difícil discrepar del gobierno cubano es en la defensa permanente que hace al derecho de los pueblos a decidir el sistema económico, político y social que les parezca conveniente. Este principio se esgrime en cuanto foro internacional actúan los representantes oficiales de la Isla y es compartido por la mayoría de las naciones civilizadas.

Paralelamente, sobre todo al interno de Cuba, se despliega una intensa campaña dirigida a combatir cualquier intento de cambiar el régimen existente en el país. Obviamente si los intentos de cambiar “el régimen existente” provienen de otra nación y son contrarios a los legítimos intereses del pueblo, resulta absolutamente válida la resistencia al cambio.

La pregunta es si aquel consagrado derecho de los pueblos “a decidir” incluye la opción de “cambiar” el sistema, con independencia de que el cambio que se proponga coincida en parte, o totalmente, con alguna propuesta externa.

El primer ejemplo histórico en el caso de Cuba fue el cambio que se produjo en los albores del siglo XX cuando reemplazamos el régimen colonial, que sometía la voluntad del pueblo a los designios de la metrópoli española

El primer ejemplo histórico en el caso de Cuba fue el cambio que se produjo en los albores del siglo XX cuando reemplazamos el régimen colonial, que sometía la voluntad del pueblo a los designios de la metrópoli española, por un nuevo sistema en el que la Isla se hizo Nación, se erigió como República. Aquel cambio, imperfecto, incompleto, truncado, respondía, por una parte, a la voluntad popular y por la otra a los intereses de un país extranjero, los Estados Unidos de América.

El segundo ejemplo fue el cambio de régimen proclamado en abril de 1961 en el que Cuba se convirtió en “el primer país socialista del hemisferio occidental”. Aquella sustancial modificación, que no aparecía claramente indicada en la programática revolucionaria que derrocó la breve dictadura de Fulgencio Batista, solo fue consultada con la ciudadanía, por medio del sufragio, 15 años después, cuando ya no quedaba en Cuba ninguna propiedad privada, ninguna entidad de la sociedad civil, ningún medio de prensa independiente y solo había un partido permitido.

Los millones de cubanos que con su voto secreto y directo aprobaron la constitución de 1976, donde se consagraba el nuevo régimen social, estaban coincidiendo también con los intereses de una nación extranjera, la Unión Soviética, que para apoyar la presencia del socialismo “en las narices del imperialismo” no dudó en ofrecerlo todo: alimentos, armas, tropas, petróleo, créditos y cuanto apoyo diplomático y político fuera necesario.

A la vuelta de los años al socialismo en Cuba le pasó lo que a la república. Aunque nadie lo haya bautizado de seudo-socialismo o de socialismo mediatizado, ha sido necesario agregarle un “nuestro”, a riesgo de pecar de revisionistas.

El derecho de los cubanos a mantener el régimen solo es legítimo si se reconoce en igualdad de condiciones su derecho a cambiarlo

Aquel sistema aprobado por el voto popular hace ya 40 años no se parece mucho al que describen hoy los sucesivos lineamientos emitidos por el único partido legalmente permitido, pero los cambios introducidos solo se han discutido con la militancia y otros representantes de ciertas instituciones previamente seleccionados.

Encontrar las posibles coincidencias entre los lineamientos partidistas y los intereses de naciones extranjeras, digamos China o los países del bloque del ALBA, podría ser un estéril ejercicio de especulación política, sobre todo en un mundo globalizado donde ya casi ningún país goza de total libertad para dictar leyes de espaldas a los intereses del resto del planeta.

El derecho de los cubanos a mantener el régimen solo es legítimo si se reconoce en igualdad de condiciones su derecho a cambiarlo. El afán de singularidad, la obsesiva vocación de no parecerse a otro, de no coincidir con los intereses de nadie, sería un capricho difícil de complacer e imposible de pagar.

Trátese ya del cambio de régimen, de introducirle cambios al régimen o de dejarlo todo como está, requiere de un previo intercambio de opiniones y una posterior aprobación. Solo si hay libertad para debatir y garantías para votar, se estaría respetando ese sacrosanto derecho del pueblo cubano a decidir bajo cual sistema quiere vivir.