Un problema “inexplicable”
En los últimos días, después de la "amenaza" sugerida por el general presidente Raúl Castro de que se podrían topar los precios de los productos agrícolas, los medios oficiales han sido generosos en reportajes y análisis sobre el alza de los precios y el brusco desabastecimiento acontecido. Se recogen opiniones de protagonistas, tanto entre productores, comerciantes o consumidores, pero brilla por su ausencia un esclarecimiento convincente, con argumentos para explicar un fenómeno como este, en un sistema económico tenido por científico.
Todo parece indicar que no es posible alcanzar una "coexistencia pacífica" entre el sistema socialista de producción, apegado a la planificación y los controles estatales, y una forma de producir y comerciar bajo las reglas de la oferta y la demanda.
Hasta donde se ha sabido, ningún cultivador de tomates se ha visto obligado a echarle su cosecha a los cerdos porque no logró venderla al precio que exigía. En los mercados de La Habana y en muchas capitales de provincia, siempre hubo suficientes clientes con el necesario poder adquisitivo para llevarse, literalmente a saco, todo lo que se ponía en las tarimas.
Jugando con cifras difíciles de comprobar, pero fáciles de imaginar, se calcula que el 10% de la población económicamente activa disfruta el 80% de los productos que se venden y de los servicios que se brindan . Eso significa que el 90% restante tendrá que conformarse con el 20% de lo que aparece en los mercados. Esto, obviamente, genera desabastecimiento y subida de los precios.
Lo que se produce y comercializa bajo las reglas del mercado será absorbido mayormente por quienes producen y comercializan dentro de ese sistema, sin que por ello se vean impelidos a renunciar a las migajas del racionamiento ni a ninguno de los servicios públicos subvencionados.
Se ha formado el circuito cerrado de la prosperidad, donde los excluidos son los empleados del Estado que no roban, los jubilados sin parientes en el extranjero y los emprendedores sin éxito
Los otros, llamados unas veces la clase trabajadora y otras, el pueblo o "los cubanos de a pie", se ven obligados a completar sus necesidades más elementales –esas que no satisface la canasta básica– acudiendo a las tiendas de las cadenas TRD y a los mercados agropecuarios. Cada peso que suben los precios en una u otra opción constituye un pérdida irremediable sobre la mesa familiar, a menos que apelen al desvío de recursos, la lucha, el invento o cualquier otro eufemismo que enmascara la indecente comisión de un delito menor.
Los campesinos saben que si produjeran el doble tendrían que poner sus productos a la mitad de precio, lo que se traduce como trabajar más para ganar lo mismo. Solo pueden subir sus precios los barberos particulares que no dan abasto cobrando un peso convertible por cada pelado o los dueños de cafeterías que ven colas frente a sus establecimientos. Aquella pizza de queso en seis pesos cubanos que todavía resolvía un almuerzo a comienzos de 2007 hoy solo es un recuerdo. Se ha formado el circuito cerrado de la prosperidad, donde los excluidos son los empleados del Estado que no roban, los jubilados sin parientes en el extranjero, los emprendedores sin éxito y quienes dependen de la seguridad social.
La emergente clase media cubana tiene una visión particular sobre cómo reponer "los gastos de trabajo socialmente necesarios" en su ajetreo laboral, muy alejada del criterio estatal, cimentado en la creencia de que la canasta básica racionada y subvencionada permite la reproducción de la fuerza de trabajo asalariada bajo su control.
La prometida solución al problema, anunciada fuera de programa en la última sesión del Parlamento, hasta ahora solo se ha concretado en un par de "llamamientos" a producir más, lanzados por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el sindicato de trabajadores agropecuarios. Frente a las tarimas vacías y las tablillas con precios inflados, muchos se preguntan por qué, si esa era la solución, no hicieron esos llamamientos mucho antes.
