Delincuentes comunes
A la memoria de Wilman Villar Mendoza
Hace un par de años, mi amigo Eugenio Leal decidió sacar un reporte de sus antecedentes penales, trámite indispensable para solicitar ciertos empleos. Confiado, fue a buscar la hoja donde diría que no había sido juzgado por delito alguno, pero en su lugar se encontró una desagradable sorpresa: aparecía como perpetrador de un “robo con fuerza” en el poblado donde había nacido, aunque jamás se había llevado ni la luz roja de un semáforo. Eugenio protestó, porque sabía que aquello no era un error burocrático ni una simple casualidad. Su accionar disidente ya lo había hecho víctima de mítines de repudio, arrestos, amenazas y ahora le traía además una mancha en el historial penal. Había pasado a ser un opositor con un pasado de “delincuente común”, lo cual le resulta muy útil a la policía política para desacreditar.
Si nos dejamos guiar por la propaganda gubernamental, en esta Isla no hay una sola persona decente, preocupada por el destino nacional y sin crímenes cometidos que además se oponga al sistema. Todo aquel que emite una crítica es inmediatamente tachado como terrorista o vendepatria, malhechor o amoral. Acusaciones difíciles de “desmentir” en un país donde cada día la mayoría de los ciudadanos tiene que cometer varias ilegalidades para sobrevivir. Somos 11 millones de delincuentes comunes, cuyas tropelías van desde comprar leche en el mercado negro hasta tener una antena parabólica. Prófugos de un código penal que nos asfixia, fugitivos del “todo está prohibido”, evadidos de una prisión que comienza con la propia Constitución de la República. Somos una población cuasi penitenciaria a la espera de que la lupa del poder se pose sobre nosotros, hurgue en nuestras vidas y descubra la última infracción cometida.
Ahora, con la muerte de Wilman Villar Mendoza vuelve a repetirse el viejo esquema del insulto estatal. Una nota en el periódico Granma lo ha descrito como un vulgar malhechor y quizás pronto en la TV un programa -de corte estalinista- presentará a las presuntas víctimas de sus abusos. El objetivo es restarle impacto político a la muerte de este ciudadano de 31 años condenado en noviembre por desacato, atentado y resistencia. La propaganda oficial intentará restarle importancia a su huelga de hambre y hará caer sobre su nombre todo tipo de adjetivos despectivos. Veremos también el testimonio -violando el juramento hipocrático- de los médicos que lo atendieron y probablemente hasta declarará la propia madre en contra del hijo difunto. Todo eso porque el gobierno cubano no puede permitirse que quede un resquicio de duda en la mente de los adocenados televidentes. Sería muy peligroso que la gente empiece a creer que un opositor puede sacrificar su vida por una causa, ser un buen patriota y hasta un hombre decente.