Delito económico, la trampa en el camino
La Habana/La vendedora describió en un murmullo su mercancía: bistec de caguama, carne de res y camarones. El hombre salivó, pero respondió que no podía comprar ninguno de esos productos, los más perseguidos del mercado informal. Todo opositor sabe que las autoridades desearían juzgarlo por un "delito económico", y quizás aquella vendedora solo era el cebo.
Las técnicas que utiliza un Gobierno autoritario para controlar a los ciudadanos pueden ser tan variadas como fértil la imaginación de los represores. Algunas se diseñan en oficinas climatizadas bajo estudiadas metodologías, mientras que otras surgen sobre la marcha, a partir de situaciones aparentemente fortuitas.
¿Son las estrecheces económicas que vivimos un calculado escenario para mantener a los cubanos encerrados en el ciclo de la sobrevivencia? ¿Tantas prohibiciones buscan que nos quedemos paralizados cívicamente al sentirnos culpables y con un pie en la cárcel?
Más allá de las teorías de la conspiración, el oficialismo ha manejado el mercado informal como válvula de escape de la inconformidad, entramado para recopilar información sobre la Cuba profunda, elemento de chantaje contra los ciudadanos y señuelo para cazar contrincantes políticos.
Aunque es una práctica que se realiza desde hace muchos años, en los últimos meses ha aumentado la tendencia a acusar por supuestas infracciones económicas a los activistas
La Plaza de la Revolución ha convertido su pésima gestión económica en otra manera de mantener en un puño a la sociedad. Sabe que las familias harán todo lo posible para completar la ración de comida y apelarán a las redes subterráneas para adquirir desde zapatos para sus hijos, hasta los dólares que en las cajas de cambio oficiales tienen un gravamen del 10%.
En muchos casos se trata solo de esperar, como la araña que sabe que el pequeño insecto tarde o temprano caerá entre sus pegajosos hilos. A la Seguridad del Estado solo le queda aguardar a que un disidente compre café "por la izquierda" o se atreva a cambiar los azulejos del baño junto a un albañil que no tiene licencia.
Aunque es una práctica que se realiza desde hace muchos años, en los últimos meses ha aumentado la tendencia a acusar por supuestas infracciones económicas a los activistas. Les imputan delitos que el común de los nacionales comete cada día bajo la mirada condescendiente de la policía y la complicidad de funcionarios o administradores estatales. Sin embargo, en el caso de un opositor, la ley tiene la capacidad de ser más estrecha, más rígida y de cumplirse a rajatabla.
En todos los foros internacionales el Gobierno de Raúl Castro se ufana de no tener prisioneros políticos y lo argumenta criminalizando severamente, pero de forma políticamente selectiva, asuntos tan triviales como guardar en casa cuatro sacos de cemento o unos galones de combustible, sin poder mostrar los papeles que justifiquen su compra en las tiendas estatales.
Al periodista Henry Constantín se le acusa de "usurpación de capacidad legal" por trabajar como reportero en una publicación independiente, pero decenas de exmilitares son nombrados gerentes de instalaciones turísticas sin jamás haber estudiado gestión hotelera ni administración empresarial. Ninguno de ellos ha sido amonestado por desempeñarse en un cargo para el que no está preparado.
La lección es que no importa cuál es el grado de la ilegalidad económica que se cometa, siempre y cuando se mantenga la boca cerrada en cuanto a críticas hacia el Gobierno
Karina Gálvez, miembro del Centro de Estudios Convivencia, está siendo procesada por una presunta "evasión fiscal" durante la adquisición de su casa. Sin embargo, antes de que entrara en vigor la nueva tasa impositiva para las operaciones de compraventa de viviendas, miles de cubanos abarrotaron las notarías para realizar sus trámites bajo los anteriores impuestos, muy alejados de las reales tarifas del mercado inmobiliario. Ninguno resultó sancionado.
Eliécer Ávila, líder del Movimiento Somos+, sufrió el allanamiento de su casa y se le imputa un delito de "actividad económica ilícita". Su "crimen": tener una laptop, discos regrabables y varias máquinas de afeitar desechable. A diferencia de esos prósperos artistas que importan el último iMac del mercado o de esos "hijos de papá" que tienen una antena parabólica para ver la televisión de Miami, el activista cometió la infracción de decir que quiere ayudar a cambiar su país.
La lección es que no importa cuál es el grado de la ilegalidad económica que se cometa, siempre y cuando se mantenga la boca cerrada en cuanto a críticas hacia el Gobierno. No es lo mismo comprar carne de res en el mercado informal protegido por la simulación ideológica, que hacer lo mismo cuando se pertenece a un movimiento opositor.
La bolsa negra puede llegar a convertirse en cerco, lazo, hueco y engaño para los que no aplauden.