Pasar la juventud en prisión, el castigo del régimen por filmar una protesta

Tenía 21 años cuando tomó su teléfono móvil y grabó parte de las protestas populares que sacudieron la ciudad de Nuevitas, en la provincia cubana de Camagüey, en agosto de 2022. Hace apenas unos días se ha sabido que un tribunal la condenó a 15 años de prisión. De purgar por completo esa pena, cuando salga de la cárcel, Mayelín Rodríguez Prado estará próxima a cumplir cuatro décadas de vida. Habrá pasado tras las rejas los momentos más preciados de su existencia. El tiempo de estudiar una carrera universitaria, de pasear con sus jóvenes amigos, de ser madre o emprender un proyecto profesional transcurrirán para ella en un centro penitenciario.

La mayoría de los 13 cubanos procesados por las manifestaciones en ese municipio camagüeyano fueron juzgados por el delito de sedición, la figura legal que también esgrimió el régimen cubano contra parte de los manifestantes en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. En el caso de Rodríguez Prado, su participación se redujo a transmitir a través de Facebook los sucesos de Nuevitas y recabar testimonio de unas niñas que recibieron golpes de las tropas uniformadas mientras detenían a varios participantes en la revuelta.

Para el verano que se nos viene encima parecen repetirse las razones que hace dos años llevaron a la calle a los pobladores de Nuevitas

La severidad de las condenas busca enviar un mensaje ejemplarizante al resto de la población cubana. El plan oficial consiste en advertir a todo ciudadano de que cualquier demostración de inconformidad en las calles será duramente castigada. Además del recorte de derechos cívicos que esa política de Estado conlleva, trae aparejado dos fenómenos que por secundarios no son menos importantes: la extensión del oportunismo y el aumento del éxodo. Antes de terminar en un calabozo, la gente prefiere colgarse la máscara ideológica o emigrar hacia cualquier país donde la protesta pacífica no sea tan duramente penalizada.  

Resulta también significativo que se haya juzgado por sedición a estos manifestantes. Según el Código Penal cubano, se trata de un “delito contra la seguridad interior del Estado” y se utiliza contra quienes “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista”. Pero, a pesar de esa explicación, resulta imposible separar la palabra de sus connotaciones castrenses, al asociarla con el motín o la sublevación que llevan a cabo efectivos reclutados en un entramado militar. Esa evocación no se aleja de la realidad de esta Isla.

Por décadas, el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha tratado a sus ciudadanos como parte de un pelotón, como simples efectivos de un cuartel. Para las autoridades de este país, la gente común debe responder rápido y sin titubeos a las convocatorias oficiales, aceptar sin cuestionamientos las órdenes por más delirantes que parezcan, estar siempre alerta para combatir al enemigo en una batalla que nunca llega y tragarse las críticas sin desobedecer a los superiores. Aunque no llevemos uniformes, todos somos tratados como soldados rasos. Cualquier insubordinación social, será juzgada como si de un proceso en una corte militar se tratara. 

La efectividad de este mensaje de terror solo se podrá comprobar con el tiempo. Para el verano que se nos viene encima parecen repetirse las razones que hace dos años llevaron a la calle a los pobladores de Nuevitas. El déficit energético aumenta en la medida que suben las temperaturas, la canasta básica subsidiada sufre oscilaciones de suministros y apenas alcanza para mal comer unos pocos días del mes. El hartazgo social no para de crecer debido a la inflación, la devaluación del peso cubano y la evidente incapacidad de la cúpula del PCC para encontrar soluciones. Los soldados cada día se comportan más como ciudadanos: se quejan en voz alta y creen que las calles les pertenecen.

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Nota de la Redacción: Este artículo se publicó originalmente en DW y se reproduce con licencia de la autora.