Dominios de internet, soberanía y libertad
La Habana/Para los cubanos que semanalmente actualizan el entretenimiento doméstico con el ya famoso, privado y anónimo Paquete, es familiar un subtítulo en brillantes letras amarillo verdosas al comienzo de las películas. Ese infaltable www.gnula.nu, de tanto salir, espoleó mi curiosidad; me era imposible reconocer a qué país correspondía esa extensión; así que acudí a la siempre útil Wikipedia.
Sorpresa. El país del sitio pirata de las películas que vemos en casa es Niue, un atolón con ínfulas de islita, adscrito a Nueva Zelanda. En 1996, un norteamericano (que no vive en Niue, por cierto) se hizo con los derechos del .nu y en 2003 se fundó la Internet Society of Niue, que ofreció a las autoridades locales convertir la cuasi isla en la primera nación wifi del mundo. Redondearon la oferta con una computadora gratis para cada niño. Nada espectacular; hablamos de una población de apenas 1.300 habitantes.
La ironía es que el .nu genera enormes ganancias, mientras que los habitantes de Niue que desean conectarse desde su casa y no desde el único cibercafé están obligados a pagar por la instalación y por el servicio.
Así me entero de otra curiosidad: la segunda extensión más utilizada en internet después del .com corresponde a otro lugarcito en un rincón del Pacífico del que tampoco tenía noticias, un grupo de islotes de apenas 11 kilómetros cuadrados. Tokelau se llama este lugar cuyo dominio .tk eclosionó en 2009 al ofrecerse de forma gratuita y hoy es el hogar virtual de cientos de miles de sitios de dudosa probidad.
La forma en que se gestionan los dominios territoriales de cada país (ccTLD) es muy diferente. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) ha dejado a discreción de cada país el quién y el cómo. Muchos países lo tienen privatizado, ya sea en manos de instituciones o empresas creadas al efecto, mientras que en otros es una entidad adscrita a un organismo estatal.
Ambas formas de operar los ccTLD tienen ventajas y desventajas. Desregular las extensiones inclina la balanza hacia las empresas de mayor rentabilidad en detrimento de organismos, ONG e instituciones con fines sociales y culturales. Disminuye la influencia de los gobiernos, lo cual puede gravitar negativamente en la soberanía de países con economías frágiles o en países jóvenes o pequeños. Como contraparte, la administración regulada por el Estado tiende a proteger los intereses sociales y culturales, una gestión exitosa puede ingresar ganancias que impacten positivamente en la vida nacional. Sucede también que las normativas para comprar un ccTLD resulten restrictivas o discriminatorias, amparadas en un reglamento deliberadamente vago para ser aplicado a discreción, como en el caso de nuestro .cu.
¿Quién gobierna internet? Cualquier observador recién llegado afirmaría que lo gobierna Estados Unidos
En el entorno latinoamericano, Argentina es el único país en ofrecer un sitio de forma gratuita; de ahí los millones de sitios de extensión .ar. Esta gratuidad está por cambiar porque se estudia la forma de hacerlos de pago. En Chile y Nicaragua se administra a través de universidades públicas. En Guatemala es también una universidad, pero privada.
Regulados por el Estado, aparecen Venezuela con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Cuba, a través de la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL).
Colombia, y sin entrar en detalles sobre sus antecedentes, es reflejo de un debate similar y vigente en muchos países. Una empresa privada es dueña de su ccTLD y opina que el hecho de que el 89% de los dueños de un sitio .co sean extranjeros radicados fuera del país, lejos de vulnerar la identidad nacional, internacionaliza a Colombia y lleva su marca al mundo entero. Lo que subyace en estos debates es que el mercado se imponga sobre los valores culturales y poco puedan hacer los nacionales en defensa de su patrimonio intangible.
El espacio virtual modifica la noción de soberanía, con peligro añadido para la igualdad y la diversidad
Pero en definitiva, ¿quién gobierna internet? Cualquier observador recién llegado afirmaría que lo gobierna Estados Unidos. En su territorio radican las instituciones y la mayoría de los servidores destinados a organizar lo que de otra forma sería un caos. El ya conocido ICANN, que asigna los Nombres de Dominio (DNS) a las direcciones IP, tiene un contrato con el Gobierno y radica en California. Empresas muy influyentes de internet como Microsoft, Google o Amazon son también norteamericanas. Para septiembre les tendré noticias de cambio; es más, les adelanto que ICANN se independiza del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
A esta influencia asimétrica se contrapone el interés de otras partes que participan también de y en internet. Organizaciones internacionales como la del Comercio (OIC), la de la propiedad intelectual o la Unión Internacional de las Comunicaciones se han ido incorporando de conjunto con ICANN. El espacio virtual modifica la noción de soberanía, con peligro añadido para la igualdad y la diversidad; por lo que el término gobernanza ha cobrado importancia en el diseño de las políticas, donde confluyen gobiernos, sociedad civil, empresas, académicos e innovadores técnicos.
De la misma forma que los innovadores técnicos han puesto en nuestras manos el protocolo que garantiza el acceso a internet desde cualquier tipo de dispositivo de forma abierta, toca a la gobernanza establecer políticas aun cuando no sean vinculantes, para garantizar la libertad de expresión e información, el acceso pleno y los límites del control.
