Unos 1.300 holguineros no pueden salir de Cuba por tener deudas con el Estado

Madrid/Aunque el alto incumplimiento de las obligaciones tributarias en Cuba es sobradamente conocido, no dejan de sorprender las elevadas cifras en Holguín, difundidas este miércoles por el director provincial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) Jorge Félix Pérez Marrero. El funcionario sitúa en 1.300 los holguineros que no pueden salir del país por sus deudas con el Estado, mientras los espirituanos son mucho menos en esta situación, 200 según publicó el diarioEscambray este abril.

Los números son de infarto en la provincia oriental, en la que el 97% de las 314 pymes obligadas a pagar evadieron impuestos, un total de 50,3 millones de pesos que no fueron a parar en tiempo y forma a las arcas del Estado. En idéntica situación están los trabajadores por cuenta propia, que dejaron a deber –por el momento– 31,5 millones. En total, hay 38.302 trabajadores por cuenta propia de los que se inspeccionó a 8.120: el 97,7% de ellos había defraudado, aunque la Onat deja claro que cuando se abre una investigación tributaria es porque ya existen indicios, basados sobre todo en el cruce de datos.

El mayor volumen de deudas –70 millones– corresponde a un grupo pequeño, de apenas 36 contribuyentes, pero que concentran “altos volúmenes de importación”. Los trabajos de supervisión lograron la recaudación de 79 millones de pesos, obtenidos a partir de “actuaciones firmes sobre 745 deudores”, a la vez que se impusieron más de 100 multas de 615.900 pesos tras realizar comprobaciones sobre 239 contribuyentes con irregularidades en sus cuentas bancarias fiscales. 

La mayor parte de esa recaudación extra se debe al fin de la exención de impuestos para 'mipymes' recién creadas

Pese a estos datos, Holguín ha recaudado notablemente por encima de lo planificado, ya que el objetivo era aportar unos 3.500 millones de pesos al presupuesto estatal al cierre de octubre y la cantidad ya está 826 por encima, es decir, 4.326. La mayor parte de esa recaudación extra se debe al fin de la exención de impuestos para mipymes recién creadas. 

La medida se avanzó en diciembre de 2023, cuando el Gobierno –en busca de aumentar la recaudación para reducir el déficit y subir los ingresos– habló de aprobar un paquete que incluía la eliminación de la exención del impuesto del 10% sobre la comercialización mayorista de mipymes. La concreción llegó en agosto, con el grupo de 19 normas que añadían a la anterior otra exigencia tributaria: los privados ya no estarían exentos del pago del impuesto sobre ingresos personales por los dividendos de su primer año de operaciones. 

Como resultado, 543 pymes han comenzado a pagar en Holguín, sumando 609 millones de pesos. A ellos se unen 162 ya cobrados del total de 256 impagados que se detectaron en las inspecciones de la Onat.

El déficit fiscal de la provincia se sitúa por encima de los 2.600 millones de pesos, por lo que los funcionarios consideran que cualquier esfuerzo es poco a la hora de recaudar lo máximo posible. “El enfrentamiento a la evasión fiscal y a la subdeclaración de ingresos va más allá de una obligación. Es una necesidad, no solo por los recursos financieros que se rescatan y ponen en función de gastos sociales, sino porque frena el ambiente de impunidad y desorden que algunos intentan imponer”, dijo Pérez Marrero a la prensa oficial.

Yosvanis Meneses Torres, directivo de la Onat entrevistado para la ocasión, tampoco ha dudado en recordar que la evasión puede llegar a suponer penas de privación de libertad, como en la causa que menciona someramente por la que dos hombres están a la espera de juicio y un tercero ya ha sido condenado a tres años de trabajo correccional con internamiento. Además, según el especialista, hay otros seis casos en manos de la Fiscalía por “ignorar sus deberes” tributarios. En Holguín hay 66.000 contribuyentes censados.

Meneses Torres ha explicado a Granma que a la hora de iniciar un procedimiento pueden ocurrir tres circunstancias: que la información cruzada sea “definitoria”, que sea preciso hablar con el contribuyente para aclarar las cuentas o que se requiera a un tercero para esclarecer una determinada situación. “Por ejemplo, se procede de esa forma cuando entidades estatales, por concepto de servicios prestados o bienes creados, pagan altas sumas a privados, pero con indicios de que estos aportaron por debajo de lo que les correspondía”, describe la nota.

El directivo señala que han detectado que algunas empresas declaran ventas estables a la par que aumentan las importaciones

El directivo señala que han detectado que algunas empresas declaran ventas estables a la par que aumentan las importaciones. “Puede ser que incrementen los precios y disminuya la demanda, pero no es el caso en estos momentos, en los que los alimentos, aun con incremento de precios, mantienen la demanda y eso da un mayor nivel de ingresos”, explica, en referencia a una de las señales de alarma en la Onat.

Confirma el directivo de la Onat que, en ese contexto de fiscalizaciones, han aparecido privados que se han declarado en pérdidas. Al preguntarle si esta situación puede interpretarse como un camuflaje para evadir tributos, aclara que se sigue de cerca.

Meneses Torres también expone que algunas mipymes se declaran en pérdidas durante las inspecciones, pero niega que se deba necesariamente a intentos de evasión. “Muchas mipymes y trabajadores por cuenta propia no han hecho un estudio correcto de proveedores y compradores. Tal vez, en un momento inicial del negocio, algunos de esos actores económicos registren pérdidas, al combinarse el efecto de la adquisición de mercancías con la creación de infraestructuras”, concede.

La nota de Granma aborda con Dayamí Roger Hernández, subdirectora primera de la Onat holguinera, las diferencias entre morosos, quienes cumplen dentro del mismo mes, aunque no voluntariamente, y deudores, para los que no pagan al final del plazo y son penalizados con multa y recargo. A estos últimos, en una política nueva que ha resultado ser –considera–  “necesaria” por el aumento de mipymes (actualmente 560 en la provincia), se les puede aplicar un embargo preventivo hasta que cumpla. En lo que va de año, la decisión se ha tomado con 150 contribuyentes.

La pena para los evasores puede conllevar cinco años de privación de libertad, que se amplían a entre siete a 15 años en los casos más graves, cuando hay delitos añadidos, como la pertenencia a una red organizada. En estos casos, en los que ha habido actuaciones fraudulentas para no efectuar los pagos, saldar la deuda no exime del proceso penal.

“No se puede pasar por alto que en ese contexto de imposición de orden y freno a la idea de actuar con impunidad, siempre está presente el propósito de educar a las personas en el cumplimiento de deberes y, con ello, hacerlas crecer en civismo”, concluye la nota. No aborda, sin embargo, un problema que está en la raíz de las causas alegadas por muchos cubanos a la hora de evadir impuestos. 

La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la falta de transparencia a la hora de explicar en qué se emplea el dinero público –las autoridades se limitan a ofrecer porcentajes de las grandes partidas presupuestarias, sin desgranar siquiera por ministerios– y el malestar generado por las elevadas cantidades que se destinan a actividades hoy improductivas, como la construcción de hoteles, entre otras, están detrás de la falta de conciencia de los ciudadanos a la hora de cumplir con el Estado.