"Denigrar la masculinidad" de Díaz-Canel, nuevo delito para encarcelar a 10 cubanos del 11J

La Habana/El Tribunal Municipal de Habana del Este firmó este martes condenas de hasta ocho años de privación de libertad para diez manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021. A los acusados, entre los cuales se encontraba el profesor Pedro Albert Sánchez, la Fiscalía les atribuyó los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato.

Aunque en la mayoría de los casos los abogados defensores solicitaron la absolución de los acusados, la Fiscalía insistió en que todos los hechos habían sido probados por las instancias competentes y elaboró una versión que consta en la sentencia judicial, a la cual tuvo acceso 14ymedio.

El 11J, a las dos de la tarde, refiere el acta, los acusados "se sintieron motivados por los diversos llamados promulgados en las redes sociales" y desafiaron las "medidas de aislamiento social" durante la pandemia de coronavirus, con el "evidente propósito" de provocar un disturbio público desde el municipio habanero de Regla hasta el de Guanabacoa.

Sin escatimar adjetivos, la Fiscalía expone que los acusados se valieron del "malestar que provoca en el pueblo el desabastecimientos de productos alimenticios y medicamentos", para "alarmar a los vecinos, transeúntes y responsables de comercios". En medio del tumulto, afirma, el acusado Marlon Paz Bravo –condenado a seis años de prisión por atentado y desorden público– entró en contacto con la patrulla en las inmediaciones del parque La Cotorra.

La Fiscalía expone que los acusados se valieron del "malestar que provoca en el pueblo el desabastecimientos de productos alimenticios y medicamentos", para "alarmar a los vecinos, transeúntes y responsables de comercios"

Allí, señalan, Paz Bravo y otras personas no identificadas apedrearon el vehículo policial y le provocaron daños: una pedrada en el parabrisas y una abolladura en la puerta derecha, por las que el Tribunal le obligará a pagar 295 pesos. Escondidos detrás de la carrocería, los agentes, lamenta la sentencia, no lograron "establecer el orden".

También fue acusado Jandys González Mujica de insultar y "golpear con las manos en la cabeza" a un funcionario del Partido Comunista, Yosbel Escalona, hasta que un oficial de policía intervino y le aplicó "la técnica del spray", es decir, le aplicó gas lacrimógeno a él y a sus acompañantes. El propio oficial, Yoandris Rodríguez, fue quien identificó y facilitó el arresto de González Mujica.

A otros imputados, como Yerandy Acosta y Armando Aguilar Nevot, las autoridades los acusan de conducir una moto eléctrica desde la cual gritaban "¡Síganme, súmense!", "¡Arriba pueblo!" y "¡Se acabó el Gobierno de Castro!". Los habitantes de Guanabacoa, prosiguen, respondieron al llamado, acto que para la Fiscalía "intensificó el bullicio" y ocasionó un molesto ruido de "calderos e instrumentos".

A los restantes encausados –Yamilka Pérez, Roxana Perdomo, Maikel González Mura, Gabriel de la Concepción Portal, Osvaldo Canto, Jorge Carbonell y Pedro Albert Sánchez– se les acusa de "mancillar la imagen" de Díaz-Canel, además de "gritar frases despectivas en su contra" y "denigrar su masculinidad" y la de otros dirigentes. De la Concepción Portal, refiere el texto con indignación, insistió una vez detenido en "vilipendiar e insultar al presidente" y dudar, nuevamente, de "su masculinidad e imagen pública", para escándalo del oficial de la Policía Henry Sánchez.

A pesar de admitir que los acusados, en la mayoría de los casos, "mantienen relaciones normales con los vecinos", tienen "conductas tranquilas", no son "problemáticos ni guaposos (sic)", la Fiscalía no duda en dar por verdaderos los testimonios de múltiples "testigos presenciales", policías, informantes, choferes del transporte estatal y funcionarios del Partido y el Gobierno.

A pesar de admitir que los acusados "mantienen relaciones normales con los vecinos" y tienen "conductas tranquilas", la Fiscalía no duda en dar por verdaderos los testimonios de múltiples "testigos presenciales"

Todos, afirma la sentencia, coincidieron en su relato "de manera categórica", de lo cual no dudó en ningún momento el Tribunal, que se valió de los videos publicados en las redes sociales durante el 11J y las jornadas siguientes. "Los hechos declarados probados son constitutivos del delito de desorden público", zanjó el Tribunal, a los que sumó luego los cargos de resistencia, desacato, atentado e injurias a altos cargos políticos.

Una larga sección de la sentencia está dedicada a fundamentar cómo los acusados contribuyeron a desestabilizar los "logros de la Revolución y la tranquilidad ciudadana", respondiendo al llamado de "grupúsculos contrarrevolucionarios", lo cual demuestra, según el texto, que todos los acusados son personas que "no tienen principios claros", además de ser "faltos de carácter y de escrúpulos y en especial sin sentido común".

La decisión del tribunal fue la de condenar a Paz Bravo y a González Mura a seis años de privación libertad, a Pérez Naranjo y Perdomo Quesada a cuatro años (sustituidos por trabajo correccional sin internamiento), a Canto Piedra a cinco años de correccional sin internamiento, a Aguilar Nevot y a Acosta Jiménez a dos años, en las mismas condiciones y al profesor Albert Sánchez –en atención a su edad avanzada– a cinco años de correccional sin internamiento.

La mayor pena recayó en Jandys González Mujica, con una condena conjunta de ocho años –seis por atentado y tres por desorden público– en una prisión que elija el Ministerio del Interior.

Ninguno de los que debe cumplir con el trabajo correccional tendrá derecho a ascensos, promociones salariales y tendrán que laborar, siempre, en la "plaza de menor remuneración o calificación", en "condiciones laborales distintas", y alejados de las funciones de "dirección, administración y docencia".

Este miércoles se hizo pública la sentencia del Tribunal Provincial de La Habana a otros 15 manifestantes cuya condena conjunta sumó 75 años. Los argumentos de la Fiscalía fueron similares y fueron atribuidos incluso a menores como Jonathan Torres, que tenía 17 años en el momento de los hechos.

Los juicios del 11J, que han tenido desde el comienzo un carácter ejemplarizante, fueron comentados la semana pasada por el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, en un encuentro con embajadores de la Unión Europea. Durante la reunión, Silvera recordó a los diplomáticos que cualquier indulto o amnistía a los manifestantes del 11J estaba fuera de discusión.

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