EE UU documenta varias "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por el Gobierno de Cuba

La Habana/La Dama de Blanco Annia Zamora, madre de la presa política Sissi Abascal, denunció este lunes que fue detenida por la Seguridad del Estado en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana. Dos mujeres y varios oficiales uniformados –incluyendo un "represor" que se identificó como el agente Jonathan–, explicó en sus redes sociales, la interceptaron en la avenida de Santa Catalina y la condujeron a la unidad policial de Aguilera.

"Allí revisaron todas mis pertenencias y mi cuerpo también", se indigna Zamora, que fue amenazada con ir a prisión si visitaba a la opositora Martha Beatriz Roque o la sede de las Damas de Blanco en la capital cubana. Además, su teléfono móvil fue intervenido y borrado, pues "no aparecen contactos y otras cosas" en la memoria del dispositivo, señaló.

También se le advirtió para que no siga publicando mensajes contra el régimen en las redes sociales. "Con mucha dignidad enfrentaré la prisión", escribió Zamora horas después, además de reclamar la libertad de su hija, golpeada y arrestada por la policía política durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en el poblado matancero de Carlos Rojas. Condenada a seis años de prisión en Matanzas, el pasado 27 de diciembre el tribunal de apelación confirmó su sentencia.

"Yo visito a quien quiera. Y solo muerta dejo de exigir la libertad de mi hija", concluyó Zamora, que acompañó su mensaje con una fotografía desde el interior del carro de Policía donde fue detenida. Recientemente, Zamora denunció haber sido golpeada durante una citación oficial en Jovellanos, Matanzas. La opositora remarcó que el maltrato, protagonizado por los oficiales Dorka y Orlando, se había producido precisamente el Día de la Mujer.

Mirka Ibáñez, también madre de un preso político del 11J –Yadir Ayala, condenado a 10 años de prisión en Camagüey–, recibió una citación de la Fiscalía provincial por exigir la libertad de su hijo. Según expuso el activista Julio Góngora en el medio ADN Cuba, se trata de un nuevo episodio de acoso a Ibáñez por su trabajo al frente de Cuba de Luto, una asociación de familiares que reclama justicia para los reclusos.

El documento califica a Cuba como un "Estado autoritario" y describe el aparato represivo que, desde el Ministerio del Interior hasta la Fiscalía de la República, contribuye al desamparo legal de los presos políticos

Estos nuevos casos de represión coinciden con la publicación del último informe anual de Estados Unidos sobre las prácticas en derechos humanos. En la sección correspondiente, el documento califica a Cuba como un "Estado autoritario" y describe el aparato represivo que, desde el Ministerio del Interior hasta la Fiscalía de la República, contribuye al desamparo legal de los presos políticos.

Ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas "ejecuciones extrajudiciales" y tortura, son algunas de las graves acusaciones del Departamento de Estado.

El informe detalla que ignorar la situación de los presos, torturarlos y abusar de su condición es una "política" del régimen. Además, registra los casos más notables de violencia policial en la Isla, como el asesinato del joven Zinédine Zidane Batista, en Santa Clara, o la masacre de los balseros de Bahía Honda.

Torturas, desapariciones, acoso, arrestos arbitrarios, vigilancia e intervención de la correspondencia, cercos policiales en el domicilio y prohibiciones de viajar figuran también, con lujo de detalles, en el informe, que cita a numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos en la Isla y cuyo contenido ya ha sido criticado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Varias organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han denunciado que 2023 no marcó una mejoría de las condiciones que enfrentan los presos políticos de la Isla. Si acaso, señaló el periodista y preso político Jorge Bello Domínguez en un informe sobre el penal de máxima seguridad del Combinado del Este, lo que ha demostrado el régimen es su inflexibilidad y su falta de respeto a su propio Código Penal.

El documento, que analiza la situación del centro penitenciario –donde el propio Bello está preso– en los dos primeros meses de 2023, expone que los reclusos son sometidos a un "trato discriminatorio, abusos, torturas físicas, malos tratos de obra y palabra, negaciones y suspensión de visitas familiares y conyugales".

Bello es minucioso en su descripción de las violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en Combinado del Este contra quienes protestaron por la "caótica situación económica, política y social" de la Isla durante el 11J.

El Ministerio del Interior ha redoblado la represión y la tortura contra reclusos "con problemas mentales", como Asley Nelsón Cabrera Puentes y Amalio Álvarez González

El Ministerio del Interior, afirma, ha redoblado la represión y la tortura contra reclusos "con problemas mentales", como Asley Nelsón Cabrera Puentes y Amalio Álvarez González, que han sido privados de sus medicamentos y sufrido el suministro de fármacos que empeoran su estado.

Álvarez, además, fue golpeado por un carcelero mientras se encontraba inmovilizado por las esposas y herido –tras un intento de suicidio– con una lesión que reiquirió 12 puntos de sutura. "Una vez atendido, fue llevado al área de orden interior teniendo el mismo ambas manos esposadas a una cabilla de hierro, esta práctica es conocida como la guagua y es una de las prácticas de torturas más frecuentes no solo contra los políticos, sino con otros presos comunes", denuncia el periodista.

En cuanto a Nelsón, en estado de crisis nerviosa suele gritar consignas contra el régimen, lo cual ha provocado que los oficiales lo sometan a torturas continuas, que incluyen la privación de aliviar sus necesidades fisiológicas, además de negarle agua y alimentos.

Otro caso de salud deteriorada corresponde al preso Alexis Borges Wilson, condenado a 16 años de cárcel. Borges, víctima de una "delicada situación [de enfermedad] visual sin que reciba tratamiento médico especializado", se negó a vestir la ropa de preso común. Como castigo, le impiden la comunicación con sus familiares y es sometido a torturas físicas, señala Bello.

En cuanto al caso del propio Bello, condenado a 15 años de prisión, afirmó que había sufrido "un amañado proceso judicial carente de todas las garantías". Denunció, en el informe, a un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Pedro, responsable de "impartir órdenes expresas para ejecutar desde torturas hasta el maltrato de obras y palabras". Por último, exigió "apoyo y solidaridad" de diversas instancias internacionales para los presos del 11J, a quienes considera desamparados contra la "tiranía" que los encarceló.

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