Fabricación de cargos y testigos falsos contra manifestantes del 11J en Artemisa
En 15 días se dará a conocer la sentencia en contra de 13 jóvenes que no tienen antecedentes penales
La Habana/"Testimonios preparados" y contradictorios predominaron durante los tres días del juicio que se llevó a cabo en contra de 13 jóvenes manifestantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, denunciaron familiares. "Existe una contradicción extraordinaria entre los testigos de la fiscalía", aseguró a 14ymedio Roberto Rodríguez, que asistió al juicio.
Los jóvenes que carecen de antecedentes penales han enfrentado señalamientos por participar en las marchas multitudinarias del 11 de julio en esa provincia, donde se desarrollaron las primeras protestas populares. Durante el juicio se evidenció la fabricación de acusaciones y el uso de testigos falsos, con los que la fiscalía pide penas elevadas. Ahora habrá que esperar la sentencia para dentro de 15 días.
Este es el caso de Yeremin Salsine Janés, quien podría ser privado de su libertad por 14 años. Durante su detención y su traslado a la prisión de máxima seguridad del municipio de Guanajay, el joven de 31 años recibió golpes que le ocasionaron lesiones en la cabeza, según reportan fuentes familiares.
"Ha sido tenso, inhumano y cruel ver el primer día a uno de los jóvenes entrar en estado de pánico por falta de sus medicamentos, a su hermano ser trasladado a un hospital en una patrulla por un gran aumento de su presión arterial; y así tener la tortura de pasar una larga noche esperando al amanecer para continuar el proceso", relató Rodríguez sobre las arbitrariedades que se presentan al interior del Tribunal Provincial Popular.
Para Eduardo Gutiérrez Alonso, quien permanece bajo prisión provisional en el Técnico de Guanajuay y enfrenta cargos por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, la fiscalía pide 12 años de cárcel. El proceso en su contra ha estado plagado de irregularidades, denunció un familiar. Los testigos afirmaron que Eddy vestía con shorts y un pulóver rojo. "No es así", refutó una fuente cercana al acusado. "En los vídeos y las pruebas presentadas, está vestido de negro y con pantalón".
A la tensión que dejó el primer día del proceso, le siguió la intimidación al día siguiente cuando los familiares de los detenidos fueron recibidos con "las calles militarizadas", lo que causó un primer shock. El segundo, se presentó dentro de la sala, cuando explotó un spray de gas pimienta que portaba uno de los policías.
"Lo triste es que aún en el estado de afectación en el que nos encontrábamos, para evacuar a los prisioneros querían ponerles las esposas, luego los sacaron de la sala, les lavaron la cara y los asistieron", y un asmático tuvo que necesitar de oxígeno. Ese día también uno de los acusados con problemas de epilepsia "entró en crisis y convulsionó". Se pudo saber que esta persona ya había presentado una situación similar en prisión.
El miércoles pasado, luego del descargo de pruebas, la defensa se mostró confiada en demostrar que "la fiscalía no tenía caso". Señaló las mentiras de la fiscalía y de los testigos, por lo que "la manipulación se podía ver a simple vista".
Sus familiares exigen "libertad y justicia" para Javier González Fernández, Alexandre Díaz Rodríguez, Yurien Rodríguez Ramos, Eduard Bryan Luperon Vega, Eddy Gutiérrez Alonso, Victor Alejandro Painceira, Yeremi Salsine, José Alberto Pio Torres, Leandro David Morales, Luis Giraldo Martínez, Iván Hernández Troya, Yoslen Domínguez y Yoselin Hernández. Además, piden a las autoridades que "paren las citaciones y persecuciones".
Hasta la fecha varias organizaciones independientes han documentado 1.283 detenidos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio y 42 condenados en juicios sumarios. De ese total al menos 540 siguen en prisión.
En un informe, la consultora jurídica Cubalex mostró especial preocupación por "la utilización de la figura de sedición para imponer sanciones ejemplarizantes al menos a 122 personas" y recordó que antes del 11 de julio, Cuban Prisoners Defenders registraba 152 presos políticos.
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