Siete familias empapelan sus fachadas con consignas oficiales para impedir ser desalojadas
El Instituto de Planificación Física parece decidido a eliminar las viviendas improvisadas donde viven también niños y ancianos
La Habana/Contramaestre/Siete familias llevan 20 días en pie de guerra contra las autoridades de la provincia de Santiago de Cuba tras levantar hace meses sus propias viviendas sin ningún tipo de autorización. Los habitantes del municipio de Contramaestre esperan el desalojo en cualquier momento apegándose a las viejas consignas revolucionarias que desde 1959 prometieron que no se producirían más desalojos en la Isla.
“La Revolución no deja desamparado a nadie”, “Todo cubano tiene derecho a una vivienda digna” y "Viva Fidel" se lee en algunos carteles que los moradores del “llega y pon”, como se conoce al acto de construir viviendas sin permiso oficial, han desplegado en las fachadas de las construcciones.
El pasado 3 de noviembre, el choque entre las familias y las autoridades alcanzó su punto álgido cuando llegó a la zona Jorge Luis Fraga Novella, presidente del Poder Popular de Contramaestre
El pasado 3 de noviembre, el choque entre las familias y las autoridades alcanzó su punto álgido cuando llegó a la zona Jorge Luis Fraga Novella, presidente del Poder Popular de Contramaestre, acompañado por un vehículo de la Guardia Operativa de la policía y dos ómnibus repletos de efectivos de la brigada especial de Boinas Negras, según testimonios de varios vecinos. Tras varias horas de espera, los miembros de ambos cuerpos de seguridad se retiraron sin desalojar a los inquilinos pero poco después regresaron y demolieron dos construcciones.
En la Avenida 30 de diciembre, entre las calles Hospital y 30, los miembros de estas siete familias encontraron un terreno vacío donde meses atrás empezaron a levantar una pequeña comunidad. Sin electricidad ni servicio de agua corriente, los pobladores habitan en estructuras con piso de tierra y paredes y techos de asbesto y cemento, que ahora están en peligro de ser barridas por los buldóceres.
El Instituto de Planificación Física (IPF) parece decidido a desalojar a los moradores de las viviendas improvisadas. El pasado 19 de octubre varios funcionarios del IPF llegaron hasta el lugar y en virtud del Decreto 272, que regula las contravenciones del ordenamiento territorial y el urbanismo, impusieron a cada familia multas que oscilan entre los 250 y los 500 CUP por levantar sus viviendas en una área de la que ninguno de los pobladores tiene ni la propiedad ni un permiso para construir.
El día 30 de ese mismo mes, la policía de Contramaestre citó a los vecinos del “llega y pon” a la estación central y tan solo les dio una opción. “Nos dijeron que desmontáramos todo organizadamente y con ello salvaríamos nuestras pertenencias o, en caso contrario, ellos traerían los buldócer y barrerían el asentamiento”, denuncia a 14ymedio Ismael Batista Morera, de 38 años y miembro de una de las familias afectadas.
En esa reunión participaron los jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, el primer secretario del Partido Comunista del municipio santiaguero y el máximo representante municipal del Instituto Nacional de la Vivienda.
En el encuentro con las autoridades los vecinos se negaron a desmontar sus casas, a pesar de que a algunos de ellos se les ha prometido que si eliminan las construcciones el Gobierno local “buscará una solución para las familias”
En el encuentro con las autoridades los vecinos se negaron a desmontar sus casas, a pesar de que a algunos de ellos se les ha prometido que si eliminan las construcciones el Gobierno local “buscará una solución para las familias”, según precisa a este diario Batista Morera, quien se gana la vida como productor de condimentos.
Todos los intentos por parte de este diario de contactar a las autoridades para que expongan su versión de los hechos han sido infructuosos.
Los residentes en la precaria comunidad apelaron a los graves problemas habitacionales que atraviesa el país, con un déficit de más de 800.000 viviendas. Una situación que según el titular del Ministerio de la Construcción, René Mesa Villafaña, solo podrá comenzar a aliviarse “en diez años, priorizando en los primeros cinco las afectaciones climatológicas y las condiciones precarias”.
Otros residentes en las cercanías tratan de ayudarlos a mantener el asentamiento. “Hay niños y están viviendo un momento muy difícil porque no tienen ni agua en sus casas”, cuenta a este diario Dinorah, que vive en una vivienda próxima al lugar. “No es algo que ellos estén haciendo por delinquir o enfrentarse a la ley, sino por necesidad”, agrega la santiaguera.
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