Archivo Cuba responsabiliza al Gobierno de al menos 83 muertes en 2021

Madrid/Al menos 83 muertes ocurridas en 2021 atribuye Archivo Cuba al Estado cubano. Entre ellas, en un informe publicado este viernes, la organización con sede en Miami cuenta 5 "ejecuciones extrajudiciales" y 3 fallecidos mientras se encontraban bajo custodia policial, además de 2 jóvenes que realizaban el Servicio Militar Activo (SMA).

La ONG contabiliza en esta lista, además, 2 "presuntos suicidios" en libertad, 2 activistas que murieron al negárseles la atención médica, 7 sanitarios en misiones internacionales y al menos 62 migrantes que salieron de la Isla en busca de asilo.

Una de las cinco "ejecuciones extrajudiciales" es la de Diubis Laurencio Tejeda, la única muerte reconocida por el Gobierno cubano en las manifestaciones multitudinarias del pasado julio. El joven fue asesinado por la espalda en Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 de julio, por el policía Yoennis Pelegrín, que había disparado a la multitud desarmada.

Archivo Cuba recuerda que la investigación gubernamental determinó que el tiroteo se justificaba por ser en "legítima defensa" y que, en septiembre, la Fiscalía Militar abrió un expediente al policía, pero a la fecha no ha presentado cargos.

Según el informe, salió de su casa hacia playa Sierrita con la intención de escapar de la Isla en lancha, pero tropas de élite llegaron de madrugada y "abrieron fuego"

El mismo día, la ONG documenta otro presunto asesinato, el de Christian Barrera Díaz, de 24 años, tras haber participado en las protestas del 11J. Según el informe, salió de su casa hacia playa Sierrita, en Matanzas, con la intención de escapar de la Isla en lancha, pero tropas de élite llegaron de madrugada y "abrieron fuego".

Primero, asegura Archivo Cuba, se le dijo a su familia que estaba detenido en Matanzas por intentar "salir ilegalmente" del país, y después, tras tres semanas de búsqueda infructuosa por todas las prisiones de la provincia, se le dijo que se había ahogado y que su cadáver "muy descompuesto" se había enterrado en una fosa común.

Otro de estos homicidios consignados es el de Luis Sánchez Valdés, que murió en el hospital Abel Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río, el 2 de enero de 2021, casi un mes después de quedar postrado por una paliza a manos de un policía.

Sánchez Valdés, relata la organización que dirige María Werlau, se encontraba en la cola para entrar a una tienda el 8 de diciembre de 2020, y varios agentes le pidieron el carné de identidad. "Entraron en una discusión y uno de los policías lo empujó y lo siguió golpeando con su bastón a pesar de que había caído al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza".

Lejos de reconocer la agresión, medios oficialistas presentaron testigos que sostenían que el hombre había sufrido un ataque epiléptico y el Ministerio del Interior informó de que había muerto como consecuencia de un "trauma craneal con fractura" al caer de sus propios pies cuando la policía le pidió su identificación. La familia reiteró que el médico que atendió a Sánchez Valdés aseguró que una caída así no podía provocar las lesiones que presentaba el cadáver y que fue golpeado con un objeto, lo cual también "fue confirmado con peritos independientes", aclara la ONG.

"Entraron en una discusión y uno de los policías lo empujó y lo siguió golpeando con su bastón a pesar de que había caído al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza"

Un cuarto presunto asesinato es el de Eduardo Nodarse Pérez, de 52 años, el pasado 17 de abril, en una estación policial de Cojímar, La Habana. El hombre fue arrestado, narra Archivo Cuba, tras denunciar el robo de dos sacos de arroz de la tienda donde trabajaba como guardia de seguridad. Al día siguiente, la Policía notificó a la familia que estaba muerto. "El informe policial decía inicialmente que la causa de la muerte había sido un ataque cardíaco, pero se cambió a insuficiencia respiratoria", dice el informe. "Eduardo gozaba de buena salud y no se explicó la razón de su arresto tras denunciar el robo".

Por último, Elíades Peña Carballo, de 47 años, "fue presuntamente asesinado a golpes en una estación de policía de Manatí, Las Tunas, el 4 de mayo de 2021", detalla la organización. Peña Carballo era productor de leche y lo detuvieron el 28 de abril anterior, acusado de "peligrosidad social predelictiva". Su juicio se había programado para el 3 de mayo de 2021, pero se pospuso un día al determinarse que las firmas que sustentaban los cargos habían sido falsificadas y que la causa se desestimaría.

"Las autoridades afirmaron que se ahorcó, pero dieron a su familia distintas versiones sobre cómo", afirma Archivo Cuba. "Se escucharon gritos horas antes de que se reportara su muerte y su cadáver presentaba hematomas en el abdomen y el cuello, así como dos dedos hinchados".

Archivo Cuba responsabiliza también al régimen de las muertes de Mykel Acosta Sánchez, Reinaldo Montediel López y Sabino Serrano López, que se encontraban bajo custodia policial. "Las autoridades cubanas no brindan información sobre las muertes en custodia", explica la ONG. "Todas sobre las que se puede obtener información creíble se documentan dada la naturaleza injusta de muchas leyes cubanas, la ausencia de debido proceso de ley y la práctica de condenar por delitos comunes a personas que se consideran una amenaza para el régimen, junto con las pésimas condiciones carcelarias, los maltratos, falta de atención médica y ausencia de supervisión internacional".

"Se escucharon gritos horas antes de que se reportara su muerte y su cadáver presentaba hematomas en el abdomen y el cuello, así como dos dedos hinchados"

Acosta, de 35 años, murió el 6 de mayo en el Hospital Nacional de La Habana, luego de 19 días en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Preso en el Combinado del Este, lo detuvieron por primera vez en 2004, a los 17 años, acusado de robo con violencia, y años después, en libertad condicional, volvieron a encarcelarlo por tráfico de drogas. Archivo Cuba aclara que había reiterado su inocencia en ambas acusaciones.

Otro preso, Serrano López, falleció el 24 de marzo a los 70 años en el Hospital Miguel Henríquez de La Habana, luego de estar "22 años sin recibir atención adecuada para una afección circulatoria". Había sido condenado en 1999 a cadena perpetua por "trata de personas" por pilotar una embarcación que fue hundida por guardias fronterizos cubanos, una acción en la que murieron ahogados una mujer de 36 años y su hijo de cuatro. Un mes antes de morir, los médicos le dijeron a Serrano que podría salvarse de una gangrena que le costaría la vida si le amputaban los pies, pero las autoridades del Combinado del Este no aprobaron la cirugía. "La causa de muerte se reportó como un ataque al corazón, sin embargo, había estado varios días muy enfermo y con el estómago muy hinchado".

El de Montediel López, de 34 años, lo considera la ONG un "presunto suicidio", al aparecer ahorcado en su celda el 19 de junio, en la prisión Tarea Confianza de Cienfuegos. "Había sido capturado tras escapar de un campo de trabajos forzados y parece ser que le había comentado a compañeros de prisión que estaba cansado de tanto sufrimiento", dice el documento.

"Muchos presos son impulsados al suicidio, pero también se informa de muchos suicidios en circunstancias sospechosas que probablemente son ejecuciones extrajudiciales", aclara Archivo Cuba, que atribuye, por ejemplo, los suicidios de Jorge Cachón Martínez y Juan Carlos Linares a la situación desesperada en que se encontraban sus vidas dentro del régimen.

Para Archivo Cuba, el suicidio de Annier González, en La Habana, y la muerte en accidente de Carel Gutiérrez, en Artemisa, que cumplían el Servicio Militar Activo, también son atribuibles al Gobierno, pues los cadetes "deben realizar todo tipo de trabajos manuales sin el equipo adecuado, en condiciones terribles, alimentados con dietas de subsistencia y hasta son obligados a donar sangre para suplir un negocio del Estado cubano".

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