Arrecia la vigilancia contra vendedores de pescado y yogur en Mayabeque
Güines/"El que traiga más de cinco pepinos –la botella plástica de un litro y medio que sirve de medida estándar para la comercialización de yogur casero– se puede bajar ya". Esta frase, cuenta Nereida, una vendedora ilegal de yogur de 61 años, sirve de "carta de presentación" a la policía cuando retiene algún transporte público para una inspección.
Agentes de diferentes cuerpos del Ministerio del Interior en la provincia de Mayabeque, en colaboración con los inspectores de la Industria de la Pesca, han extremado la vigilancia en los últimos meses contra los comerciantes furtivos de alimentos marinos y de yogur.
El comercio de estos productos le está prohibido al cuentapropismo, igual que la carne de vacuno, el café, la miel, el tabaco o el cacao, por el Decreto Ley 318, y estos productores únicamente pueden vender al Estado a través de contrataciones previas.
Sin embargo, las dificultades económicas empujan a pescadores y lecheros a buscar alternativas en el mercado subterráneo. En múltiples ocasiones terminan enfrentando las rigurosas multas y el riesgo de confiscación de la mercancía.
Si no le entregas la leche al Gobierno, te meten una multa y pueden decomisarte los animales. Es un atropello, y para colmo te pagan el litro siempre a menos de tres pesos
Orlando Cuevas, campesino del poblado El Sopapo en el municipio Batabanó, dice que "no existe nada escrito, pero si no le entregas la leche al Gobierno, te meten una multa y pueden decomisarte los animales. Es un atropello, y para colmo te pagan el litro siempre a menos de tres pesos, en dependencia de la calidad de la leche, cuando los particulares nunca lo pagan a menos de cinco pesos".
Muchos campesinos, para evitar los compromisos con la leche y aumentar las ganancias, no declaran toda su producción y la convierten en yogur, que luego comercializan a los vendedores ambulantes. Sin embargo, los controles policiales limitan el número de recipientes con el producto que pueden transportar.
Los agentes detienen los vehículos y registran las pertenecías de los viajeros, fundamentalmente en el transporte público. De acuerdo al testimonio de Nereida, en cada viaje las autoridades detectan algún pasajero pasado de la normativa. Como castigo, se imponen multas que oscilan entre 200 y 800 pesos y se decomisan los pepinos de yogur.
Los controles se burlan gracias a la solidaridad de otros viajeros. "Se busca entre la gente que viaja a los que no transportan nada y distribuimos entre todos el yogur, de modo que toque según lo establecido. Cuando sale mal y nos cogen, bajamos, pero quitamos las tapas y vaciamos todos los pomos, de todos modos te lo van a quitar y te van a enganchar la multa. Si se lo dejas, se quedan con él", cuenta Nereida.
Un suboficial de la PNR consultado expuso que los decomisos de yogur se destinan al consumo para hogares infantiles, maternos y de ancianos.
En cuanto a la pesca, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha intensificado desde octubre los registros en carreteras de acceso a poblados pesqueros, en domicilios de pescadores no estatales y en los de presuntos receptores.
En un operativo desarrollado el pasado día 21 en la zona conocida como la "Playita" de Surgidero de Batabanó, fuerzas de la PNR e inspectores de la Industria de la Pesca local interceptaron una "operación de contrabando".
“Te interceptan con el pretexto de las salidas ilegales del país y acaban revisando la carga”, comenta el pescador. “Si es mucha, tienes que mostrar las licencias y contratos para poder justificarla. De lo contrario, te la quitan, te ponen una multa y tienes que hacer mil papeles para poder recuperar el barquito”
Según informa Yunior Castellanos, residente local, las autoridades se incautaron de cerca de dos toneladas de pescado más media de langosta. La embarcación utilizada en el trasiego fue decomisada y se detuvo a los tres pescadores involucrados y a cinco receptores. Algunos otros lograron escapar por los manglares.
En otras localidades también se reportan acciones policiales de este tipo. Un pescador del poblado Cajío que prefirió omitir su identidad comentó que la venta de alimentos marinos disminuyó en los últimos días debido al acoso de las autoridades hacia pescadores y vendedores informales.
El férreo operativo ha incluido la inspección de las lanchas particulares en alta mar. "Te interceptan con el pretexto de las salidas ilegales del país y acaban revisando la carga", comenta el pescador. "Si es mucha, tienes que mostrar las licencias y contratos para poder justificarla. De lo contrario, te la quitan, te ponen una multa y tienes que hacer mil papeles para poder recuperar el barquito", relata.
Los problemas no terminan ahí. "Después que atracas, tienes que comértela con papas, porque en la única carretera que llega hasta el pueblo hay un patrullero inspeccionando cada carro que entra o sale. Los vendedores no se quieren arriesgar".
El foco de registros y detenciones también se extiende al municipio de Santa Cruz. Allí José Víctor Fresneda practica la pesca deportiva, y oportunamente comercia las capturas que realiza. Según Fresneda, los pasados 19 y 24 de noviembre, la PNR llevó a cabo una serie de registros a domicilio de ciudadanos que se dedican a la venta de pescado.
Como consecuencia, afirma, hay dos personas detenidas, a las cuales les encontraron "bastantes libras de pescado de primera congelado".
