Las autoridades cubanas utilizan el covid-19 para acosar a los críticos

La Habana/Las autoridades cubanas están "utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes", denuncia en un informe publicado este lunes Human Rights Watch (HRW). Las penalizaciones por el delito de "propagación de epidemias" se han aplicado contra activistas y reporteros, advierte la organización.

"El 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el covid-19", detalla el comunicado de HRW en alusión a la irrupción violenta de fuerzas policiales en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara.

El allanamiento de la vivienda en el número 955 de la calle Damas, La Habana Vieja, ocurrió "tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de ‘propagación de epidemias’, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas" al coronavirus.

Una estrategia que la organización cataloga de "pretexto" para realizar "detenciones arbitrarias" de activistas y periodistas independientes, unos arrestos que terminan por provocar situaciones de peligro sanitario, al recluir a las personas en "celdas insalubres que favorecen la propagación del covid-19".

"Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente".

"Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente"

Desde la aparición de los primeros casos positivos por covid-19 en la Isla, en marzo pasado, las autoridades han desplegado un amplio plan de medidas que incluyen restricción de movimiento, toque de queda, cuarentena obligatoria de amplias zonas y también una agresiva política de multas y arrestos para los presuntos infractores de estas normas.

Desde entonces, los opositores y reporteros independientes han sufrido un redoblamiento de la vigilancia y penalizaciones alrededor de ellos, bajo el argumento de evitar la transmisión de la enfermedad pero con un visible sesgo político. En los días para los que se han convocado protestas independientes, estos cercos se han multiplicado a las afueras de las viviendas de disidentes, artistas y reporteros.

Entre julio y noviembre de 2020, HRW "documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del Gobierno y otras personas", puntualiza el texto. "De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por propagación de epidemias".

Otras "ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal". A ninguno de los detenidos "se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara".

Entre los casos documentados, IRW detalla el de Keilylli de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y detenida en abril pasado "cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos, y señalaron que no estaba usando la mascarilla correctamente". La activista fue condenada a 18 meses de prisión por los presuntos delitos de propagación de epidemias", "desacato", "atentado" y "desobediencia".

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