Las autoridades presionan a los comerciantes privados de Sancti Spíritus para que bajen sus precios

Sancti Spíritus/Los precios de los alimentos siguen subiendo y las autoridades de la ciudad de Sancti Spíritus tratan de poner freno a la inflación presionando a los comerciantes privados para que rebajen sus productos. El llamamiento oficial, sin embargo, no ha encontrado eco en un sector golpeado por los altos costos de las materias primas y los impuestos.

Susana y su esposo venden galletas y estuvieron este jueves en una reunión convocada por las autoridades locales. "Nos dijeron que teníamos que bajar los precios porque es una orientación del Partido Comunista", detalla a 14ymedio. "Pero no podemos, hasta hace poco le estábamos comprando la harina de trigo a una mipyme que la vendía a 135 pesos pero ahora la tenemos que pagar más cara".

"Estamos contra la espada y la pared, porque si bajamos el precio no tenemos prácticamente ingresos. Todo lo que ganamos lo tendríamos que invertir en comprar los ingredientes para las galletas, o sea, trabajaríamos por nada", sentencia. "Entre la materia prima y los impuestos no nos dejan margen alguno para una rebaja".

"No se trata solo de los productos que debemos pagar a altos precios para mantener a flote el negocio, sino de que este trabajo lleva mucho sacrificio: levantarse bien temprano para amasar, moldear y hornear las galletas", detalla. "Después, el tiempo que hay que dedicarle a la venta, horas y horas de pie y en contacto con los clientes que muchas veces están molestos por los precios".

"Estamos contra la espada y la pared, porque si bajamos el precio no tenemos prácticamente ingresos"

"Estas reuniones las están haciendo con todos los cuentapropistas de Sancti Spíritus y el tono no es de sugerencia ni recomendación, sino de imposición", lamenta Susana. "No nos hablan como a gente que tiene que pasar mil y una dificultad para mantener su negocio abierto y que además brinda un servicio: nuestras galletas son la merienda escolar de muchos niños en este barrio".

Este viernes, el puesto de venta de Vicente, donde se ofertan principalmente golosinas y caramelos, era un hervidero porque varios trabajadores por cuenta propia llegaron hasta el lugar para conversar sobre la reunión del día anterior. El malestar ante el ajuste que se les pide parece generalizado en un sector en el que muchos opinan que se les intenta culpar por la inflación.

"Nos dicen que tenemos que bajar los precios, pero cuando yo voy a la tienda en MLC [moneda libremente convertible] estoy obligado a pagar bien caros los productos que me hacen falta para confeccionar las chucherías que vendo aquí", reclama Vicente. "Hay mercancías que no encuentro en ningún otro lugar y el supuesto mercado mayorista que iban a abrir para los cuentapropistas ha sido un fracaso rotundo".

Los clientes se sienten atrapados entre dos aguas. "Los precios están mandados a correr y desde que comenzó el año han subido muchísimo, pero si el Gobierno sigue presionando a los particulares nos vamos a quedar sin las pocas cafeterías que siguen abiertas vendiendo algo", reconoce un joven que pagó 120 pesos por un pequeño paquete de galletas dulces en un punto de venta privado, próximo al centro de la ciudad. "Claro que quiero pagar menos, pero podemos llegar al punto en que ni siquiera con dinero podamos conseguir algo así".

La batalla por regular los precios del sector por cuenta propia ha durado varios años y por momentos se refuerza, languidece ante la realidad de la inflación o suma nuevos mecanismos oficiales para castigar a quienes no asuman los precios topados que imponen las autoridades.

"Nos dicen que tenemos que bajar los precios, pero cuando yo voy a la tienda en MLC [moneda libremente convertible] estoy obligado a pagar bien caros los productos que me hacen falta"

"Tenemos que ir a un enfrentamiento de aquellos precios que se incrementan en determinadas actividades y por determinadas personas indiscriminadamente para obtener altas utilidades", comentó en enero de 2020 la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, en una emisión del programa Mesa Redonda.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, el Gobierno difundió varios números telefónicos para que se reporten a vendedores que no cumplan con lo ordenado y también lanzó un ejército de inspectores que recorren los comercios e imponen multas a los comerciantes, pero ninguna de estas prácticas ha brindado frutos.

Ahora se añaden las reuniones locales y las presiones directas a cada comerciante que, por el momento, parecen estar provocando más molestias entre los emprendedores que resultados beneficiosos para el bolsillo de los clientes. El próximo paso de las autoridades podría ser mucho más radical, en un contexto en el que la inflación parece haberse salido de control.

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