Los camioneros de Alquízar desafían a la policía con la ley en la mano

La Habana/Varios camiones retenidos y numerosos transportistas que exigen que se respete la ley ha sido el saldo del endurecimiento, en las últimas semanas, de los controles policiales sobre el traslado de productos agrícolas en el municipio de Alquízar, localizado en la provincia de Artemisa.

Alrededor de una veintena de propietarios de camiones denunciaron este fin de semana a 14ymedio sufrir hostigamiento de parte de las autoridades, incluyendo la confiscación de la mercadería y la retención de sus vehículos durante varios días como castigo por trasladar productos agropecuarios hacia los mercados de oferta y demanda.

Desde hace varias semanas, y en especial tras el paso del huracán Irma y los problemas de desabastecimiento de alimentos que el meteoro provocó en varias provincias del país, los transportistas privados han vivido un aumento de las acciones policiales en su contra.

En las carreteras, a la salida de los poblados artemiseños y en las vías que conducen hacia la ciudad de La Habana, se ha multiplicado la presencia policial. "Cada vez que ven un camión con matrícula particular lo paran para averiguar si lleva productos agrícolas", comenta un conductor artemiseño que prefirió el anonimato por temor a represalias.

Desde hace varias semanas los transportistas privados han vivido un aumento de las acciones policiales en su contra

Cuando el vehículo transporta ese tipo de mercancía es retenido, los productos desviados hacia las redes de distribución estatal y el transportista multado. "No nos dejan vivir y hemos perdido miles de pesos entre las confiscaciones y la retención de nuestros camiones", precisa la fuente.

En respuesta a los controles policiales que catalogan como "excesivos", los camioneros privados de la zona viajan ahora con una copia de la Gaceta Oficial en la guantera de sus vehículos para mostrar a los policías y reclamar que se les permita el transporte de viandas, vegetales, frutas y granos.

El documento que enarbolan los afectados es el Decreto Ley Nº 318, que entró en vigor en 2013 y regula el transporte de productos agrícolas. Ese texto establece el derecho de los propietarios de camiones particulares de ser contratados para el trasiego de productos agrícolas.

Los medios oficiales aseguraron en ese momento que la medida buscaba "desatar las trabas de las fuerzas productivas" y que permitiría a productores y comercializadores acogerse a las leyes de la oferta y la demanda, una vez que hubieran cumplido sus compromisos sociales con el Estado.

La legislación no se está respetando en Alquízar, según el testimonio de varios camioneros consultados por este diario

La legislación, que entonces fue presentada por las autoridades como "la solución definitiva" para los problemas de distribución, no se está respetando en Alquízar, según el testimonio de varios camioneros consultados por este diario

Eduardo Ramos Suárez, dueño de un camión Mack, fabricado en 1956, declara que el jefe de policía de Artemisa asegura que "esa ley no sirve" y el solo acto de evocarla es considerado por el funcionario como "una falta de respeto". El conductor denuncia que, no obstante, no se les ha informado de una nueva regulación que derogue lo establecido en el decreto 318.

El martes 14 de noviembre en horas de la noche, Ramos salió en su camión desde Alquízar hacia Pinar del Río con un cargamento de yuca, malanga, plátano fruta, col y boniato. Le acompañaba en la faena un pequeño agricultor con una licencia de trabajador por cuenta propia como "comprador mayorista vendedor".

Una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) interceptó el vehículo en el barrio de El Portugal, ambos fueron detenidos y durmieron esa noche en el calabozo de la estación de Artemisa. La mercancía fue enviada hacia la Empresa Acopio para su distribución en mercados estatales.

Acopio ha actuado durante décadas como intermediario entre los agricultores privados y el Estado. La entidad compra buena parte de la mercancía a precios que los productores denuncian por ser muy bajos y se encarga de su comercialización en los mercados de gestión estatal.

A eso se le suma que desde finales de 2016 los precios topados de los productos agropecuarios se han extendido por el territorio artemiseño y finalmente se trasladaron también a La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y otras provincias.

Desde finales de 2016 los precios topados de los productos agropecuarios se han extendido por el territorio artemiseño

"Se me trató como a un delincuente y para poder salir se me impuso la obligación de ir a firmar sin falta todos los martes, como si fuera un criminal peligroso", se queja el cuentapropista detenido, que paga a la Oficina Nacional Tributaria (Onat) una mensualidad de 585 pesos para desarrollar justamente su actividad de comerciante.

Ramos también salió mal parado. Cuando la policía detiene un vehículo puede retenerlo durante los dos o tres meses que dura la investigación. En su caso, el camión que maneja sigue "guardado" desde ese momento en la Estación de Alquízar.

Durante el tiempo en que los vehículos están retenidos los conductores deben seguir pagando la licencia de transportistas a la Onat. "La PNR se niega a dar un papel que atestigüe que el camión está en la estación, lo que serviría para no tener que pagar el permiso durante ese tiempo", explica Ramos.

Ante esta situación el conductor tiene más preguntas que respuestas. "¿Por qué si pago una licencia para estar dentro de la ley me impiden hacer mi trabajo?", protesta. "Me parece que el Estado me está estafando mi dinero. ¿Qué puedo hacer en mi país para trabajar decentemente?"

Onelio González, otro transportista particular que posee desde 1978 un camión Ford de 1948, también ha denunciado la situación a los inspectores del Ministerio de Transporte, conocidos popularmente como "los verdes". Los funcionarios aseguran que la policía no debe retener los camiones para evitar pérdidas a los propietarios.

A pesar de la injusticia que aseguran estar viviendo, la mayoría de los transportistas prefiere mantenerse en el anonimato para evitar mayores castigos

A pesar de la injusticia que aseguran estar viviendo, la mayoría de los transportistas prefiere mantenerse en el anonimato para evitar mayores castigos. En cambio, Eduardo Ramos da la cara y no duda en enseñar a este diario su camión, encerrado tras las rejas de la Estación.

El arrojo de este conductor quizás le viene de las experiencias que ha vivido en los últimos años. En 2006 salió de forma ilegal de Cuba por un punto cercano al puerto de Mariel y tras vivir un año y tres meses en los Estados Unidos decidió regresar también por mar.

Al otro lado del Estrecho de Florida manejó otro camión Mack pero esta vez de los años 90. "Andaba por donde quería, pagaba mis impuestos y nunca nadie se metió conmigo", recuerda ahora.

Este "balsero de ida y vuelta", que pasó 35 días en los calabozos de Villa Marista y casi un año de prisión por regresar a su propio país, no entiende que sea tan difícil emprender un negocio y abrirse camino honestamente. "Soy cubano y quiero seguir aquí con mi camión. ¿Por qué no me dejan trabajar?"

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