La cancillería cubana convoca al embajador británico por criticar la represión y la censura en un tuit

La Habana / Miami/(EFE).- El Ministerio de Exteriores de Cuba convocó en señal de protesta este jueves al embajador de Reino Unido en La Habana, Antony Stokes, al que acusa de "injerencia" por denunciar en las redes sociales violaciones de derechos ciudadanos por parte de la Justicia cubana.

El director general de asuntos bilaterales de la cancillería cubana, Emilio Lozada, publicó en Twitter que, durante su encuentro de ayer con Stokes, le instó a "respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su art. 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor".

La convocatoria tuvo lugar después de que el embajador británico publicara el martes vía Twitter que "el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el Decreto-Ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales".

El tuit del embajador británico fue compartido alrededor de un millar de veces y generó numerosos comentarios, en su mayoría mensajes de apoyo de cubanos detractores del nuevo Decreto-Ley 35

El tuit del embajador británico fue compartido alrededor de un millar de veces y generó numerosos comentarios, en su mayoría mensajes de apoyo de cubanos detractores del nuevo Decreto-Ley 35 promulgado el mismo martes.

Este nuevo marco legal persigue los contenidos potencialmente subversivos en la red, lo que ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una "ley mordaza" para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno ha emprendido una campaña para defender su legitimidad.

El representante cubano de Exteriores aseguró que, en su reunión con el embajador británico, comparó el Decreto-Ley 35 con la normativa de ciberseguridad de Reino Unido.

En este sentido, según la versión de Lozada, este recordó a Stokes que la ley británica "establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas".

A la espera de conocer cómo se aplicará el polémico Decreto-Ley 35 en Cuba, organizaciones internacionales e instituciones, como Human Rights Watch o el Departamento de Estado de EE UU, han expresado su preocupación.

La nueva normativa de ciberseguridad cubana llega después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos

La nueva normativa de ciberseguridad cubana llega después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida, en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.

Al inicio de las protestas el Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó este jueves a la condena y denunció la "nueva estocada" a la libertad de expresión en Cuba que significa la aprobación de un decreto que aumenta el "control y las restricciones al uso de internet y las redes sociales" en la Isla.

El hondureño Jorge Canahuati, presidente de la SIP dijo que se trata de una normativa elaborada con "lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales".

Canahuati destaco que "estas (las redes sociales) se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información".

"La aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado", expresó, por su parte, el argentino Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Señaló que esta medida se suma a las "leyes y decretos que ya existen en Cuba para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial"

Señaló que esta medida se suma a las "leyes y decretos que ya existen en Cuba para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial".

El "amedrentamiento en contra de la población y de los periodistas independientes" por el uso de internet no es nuevo en Cuba, indicó la SIP en un comunicado.

La SIP viene denunciando en sus informes semestrales al monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) como brazo ejecutor de las políticas restrictivas de los servicios de internet y telefonía.

El Índice Chapultepec 2020, una herramienta de medición de la SIP fundamentada en su Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos Gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, jaqueos y amenaza de sanciones penales.

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