El caso Tokmakjian, las trampas de la ley
La Habana/Pocos esperaban un gesto magnánimo de los tribunales cubanos con el empresario canadiense Vahe Cy Tokmakjian. Desde que fue arrestado en septiembre de 2011, este hombre de 74 años se había convertido en un botón de prueba para quienes piensan invertir en la Isla. "Si Tokmakjian es juzgado con demasiada severidad, pocos querrán poner su dinero aquí", susurraban muchos encargados de negocios de embajadas y otros profesionales del mercado y el capital.
La sentencia a 15 años para el presidente de Tokmakjian Group puede parecer ahora un gesto de fuerza de Raúl Castro, pero el saldo principal es el debilitamiento de la confianza de los inversores y el retiro de capital de la Isla. La idea ha ido ganando fuerza en los corrillos diplomáticos y empresariales, que colocaron todas sus esperanzas... y sus suspicacias en el proceso judicial que comenzó en junio pasado.
Según la fiscalía, Tokmakjian ha sido juzgado por los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica y la contratación, estafa, tráfico de divisas, falsificación de documentos bancarios y de comercio, además de evasión fiscal. Otros dos ciudadanos canadienses y directivos de la misma empresa, Claudio Franco Vetere y Marco Vinicio Puche, resultaron condenados a 12 y 8 años de cárcel, respectivamente.
Las excesivas penas de cárcel no solo recayeron en los acusados extranjeros. Los 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos que fueron juzgados durante el mismo proceso recibieron penas entre 6 y 20 años de prisión. Nelson Labrada, ex viceministro del Azúcar pasará las próximas dos décadas de su vida en prisión, según determinó el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
El saldo principal es el debilitamiento de la confianza de los inversores y el retiro de capital de la Isla
Al conocer las sentencias, los familiares y abogados defensores han dejado escapar el grito de horror que llevaban aguantando desde hace casi tres años. La compañía radicada en Ontario ha denunciado "la falta de un debido proceso legal" y el vicepresidente financiero ha confesado que las autoridades cubanas han exigido al grupo unos 55 millones de dólares canadienses para que Tokmakjian vuelva a caminar por las calles.
La libertad tiene un precio para este empresario extranjero, aunque en el caso de los acusados cubanos poco podrán hacer para aminorar las condenas. Si se trata de una acción ejemplarizante para detener la corrupción, como algunos aseguran, la severidad del castigo ha sido mayor para quienes no ostentan un pasaporte de cualquier otro confín del planeta.
La sentencia se ha hecho pública después de meses de espera y toneladas de especulaciones. Algunos aventuraban que con la nueva Ley de la Inversión Extranjera, que entró en vigor en junio pasado, el Gobierno cubano iba a "pasar el caso por debajo de la mesa" para no provocar temores en los potenciales empresarios que quisieran instalarse en nuestras tierras.
Otros creían que solo una condena ejemplarizante contra este grupo pondría las reglas claras para evitar futuras corruptelas. Para quienes creen que las acusaciones contra Tokmakjian están fundamentadas, la ley que ha caído sobre él con todo su peso disuadirá a otros de hacer jugarretas con los impuestos, apelar al clientelismo o adulterar las cuentas.
Esta segunda línea de opinión, que considera a Tokmakjian culpable y merecedor de una fuerte sanción, obvia que similares acciones son realizadas por figuras del propio Gobierno y del clan familiar que rige los destinos de la nación. "Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago", parece que dicen desde sus puestos los generales y tenientes coroneles convertidos en empresarios a la carrera. No llevar grados militares es una condición peligrosa para los negocios en esta Isla.
“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, parece que dicen los generales convertidos en empresarios a la carrera
Casi un cuarto de siglo de presencia en Cuba no le valió de nada a Tokmakjian para que la fiscalía fuera clemente. Su grupo empresarial calcula en 100 millones de dólares los activos de la empresa que ya han sido confiscados durante todo el proceso judicial. Encima de eso la fiscalía acaba de exigir unos 91 millones como resarcimiento por los daños económicos supuestamente infringidos a la economía nacional.
Solo la empresa canadiense de níquel Sherritt International iba por delante del Tokmakjian Group en cuanto a operaciones comerciales en Cuba. Especializado en equipamiento para la construcción y la minería, este último llegó a facturar hasta 80 millones al año e introdujo una buena parte de los autos Hyundai que aún circulan por nuestras calles. El nicho de mercado que aprovechó incluyó el reemplazo de piezas y motores de viejos vehículos de transporte importados de la Unión Soviética.
Podría decirse que Tokmakjian pescó en las aguas revueltas de la ausencia de derechos empresariales de los cubanos. Hizo crecer su fortuna cuando nosotros no podíamos, aunque eso no es un delito sino, más bien, una omisión ética que le permitió lucrar allí donde están vetados los nacionales. Sin embargo, un día molestó a alguien, y los tribunales se encargaron de recordarle quién manda en casa.
Ahora, con sus oficinas en La Habana cerradas y precintadas, Tokmakjian Group reclama ante los tribunales canadienses unos 200 millones de dólares al Gobierno cubano. El caso augura ser una interminable secuencia de capítulos donde se sumarán denuncias, negociaciones y gestos de clemencia o de arrogancia. Sin embargo, lo sucedido trasciende la suerte de los 17 encausados que acaban de sufrir en carne propia la falta de autonomía de los tribunales cubanos y la lamentable ausencia de separación de poderes.
Las duras condenas contra Tokmakjian y otros enjuiciados es una señal directa a quienes creen que en Cuba se puede ganar dinero fácil con el beneplácito de las autoridades. La realidad es un mundo de trampas: algunas se activan de inmediato y otras tardan veinte años en cerrarse sobre la víctima.
