En 17 casos del 11J, los jueces de La Habana fueron más severos que la Fiscalía
Es apenas un 13% de los condenados, pero el volumen de años es abrumador
La Habana/La plataforma de derechos humanos Justicia 11J se ha pronunciado en torno a las sentencias por las manifestaciones en la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, en las que ha detectado, en 17 casos, un aumento de las sanciones solicitadas por la Fiscalía.
Es el caso de los dos condenados con mayores penas, a 30 años: Dayron Martín Rodríguez (de 36 años), Wilmer Moreno Suárez (33) y Miguel Páez Estiven (58), para quienes el Ministerio Público solicitaba 25 años.
Roberto Pérez Ortega (35) y el cubano-alemán Luis Frómeta Compte (58), que estaba de visita en Cuba, fueron sentenciados a 25 aunque se pedían 24 para ellos, Yoandry Reinier Sayu Silva fue condenado a 23 en vez de a 19 y Rolando Vázquez Fleita, a 21 frente a los 20 pedidos.
Denis Ojeda Álvarez, Walnier Luis Aguilar Rivera, Robert Orlando Cairo Diaz, Ángel Serrano Hernández, Yerandis Rillo Pao, Oscar Luis Ortiz Arrovsmeth recibieron 23 frente a los 22 solicitados.
La decisión de los jueces contrasta con el pequeño alivio que el tribunal de Holguín dio este enero a los menores de edad, a quienes retiró la acusación por sedición
Otros tres manifestantes que han sido sancionados a 22 años de cárcel tenían una petición de pena dos años inferior. Orlando Carvajal Cabrera, de 19 años, vio aumentada su condena a más 5 años de los 15 que podía temer, Jesús Enrique Vázquez Cabrera y Marlon Brando Díaz Oliva recibieron 18, tres más de los pedidos por la Fiscalía.
Por último, Lázaro Noel Urgelles Fajardo fue condenado a 14 años de prisión, frente a los 13 que se solicitaban para él.
Los acusados que vieron incrementada su sentencia ascienden a 17, de los 128. Es apenas un 13% de los condenados, pero el volumen de años es abrumador y, como señala la plataforma, contrasta con el pequeño alivio que el tribunal de Holguín dio este enero a los menores de edad, a quienes retiró la acusación por sedición.
No ha sido así en La Habana, donde un ejemplo que ilustra la severidad del tribunal es el de Brandon David Becerra Curbelo, que era menor de 18 años cuando fue detenido y se recomendó para su caso 5 años de trabajo correccional sin internamiento. El Fiscal pidió 18 años de prisión para él que se han quedado en 13, muchos menos de los solicitados pero excesivos en comparación con la indicación dada en la vista oral.
Otros menores que destaca la organización son Kendry Miranda, para quien se recomendaban 10 años, se pidieron 20 y se asignan 19; Lázaro Noel Urgellés, 10 recomendados, 13 solicitados y 10 de condena; y Rowland Jesús Castillo Castro, cuya recomendación era de 12 que se han quedado en 18, cinco menos de los que pidió la Fiscalía.
Los procesados estuvieron presentes en dos de los puntos más simbólicos de las protestas de aquel día. En Toyo, los manifestantes lograron volcar una patrulla policial, y La Güinera fue el lugar donde hubo un muerto a manos de la policía, Diubis Laurencio Tejeda.
La organización destaca la falta de toma en consideración de atenuantes como son la discapacidad mental o enfermedad psiquiátrica, que afecta a dos condenados (Walnier Luis Aguila y Dayron Martín)
Justicia 11J ha rechazado una vez más la acusación colectiva de sedición de frente a la alternativa defendida por los abogados de sustituirlo por desórdenes públicos y atentado. Esta decisión ha sido crucial, ya que la sedición es uno de los delitos más graves del Código Penal y contempla elevadas penas de prisión.
La organización destaca la falta de toma en consideración de atenuantes como son la discapacidad mental o enfermedad psiquiátrica, que afecta a dos condenados (Walnier Luis Aguila y Dayron Martín), también hace referencia a la minoría de edad de varios de ellos, aunque sí superaban la edad penal (fijada en los 16), o que hubiera 11 mujeres, aunque el género no es tomado en cuenta en estos casos.
Justicia 11J también recuerda que, en contra de lo que indicó la nota de prensa del Tribunal Supremo Popular que informa de las sentencias, los procesos han estado repletos de irregularidades según los testimonios de los familiares. Denuncia, además, la tardanza a la hora de notificar las sentencias, y expresa su solidaridad con las familias, que no solo sufren las sanciones de sus allegados, sino que son víctimas del descrédito en los medios oficialistas.
Según los cálculos de la organización, que trabaja junto a Cubalex, aún quedan 158 sentencias que deben ser entregadas en breve, se ha documentado la notificación de 333 que afectan a 518 personas y al menos 1.442 fueron detenidas en algún momento. Para todas las que todavía no han sido juzgadas piden una inmediata liberación.
"Insistimos en la necesidad de que sean identificados y señalados los perpetradores de violaciones a derechos humanos como parte de un proceso de justicia y reparación, que únicamente será posible a través de una transición democrática plena", pide Justicia 11J, que demanda apoyo de la comunidad de países democráticos, a los que pide la aplicación de sanciones contra el Estado cubano.
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