Castigada en el Código Penal, la compraventa de servicios médicos es un hecho generalizado en Cuba

Madrid/El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, dedicó la jornada del martes en la reunión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional a expresar su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en su sector. “Este es uno de los temas más importantes que tenemos que enfrentar. Es una prioridad política del país y es uno de los objetivos que se ha planteado el Gobierno”, dijo alarmado.

Tal es su celo al respecto, que la prensa oficial ha destacado, en la lista de problemas del ramo enunciados por el ministro, la “venta ilícita de servicios, un asunto que no solo va contra la más elemental ética y principios del sistema nacional de Salud sino que afecta la calidad y transparencia en la atención”. 

Difícil saber, en este punto, si el sentir de Portal Miranda queda en el mero lamento y en la apelación a la “formación de valores” o se decidirá a corregir la situación, con los riesgos que comporta. “Duele mucho cuando –siguió–, después de que el Gobierno hace un esfuerzo para garantizar esos servicios, las personas se tengan que enfrentar a que alguien, de manera poco ética, e inescrupulosa se los cobre. Es inadmisible”, lamentó.

El cobro por servicios médicos en Cuba es el elefante en la habitación. Todos saben que está allí, ocurre a la vista de cualquiera y, pese a contar con las armas necesarias para ponerle coto, a nadie se le ha ocurrido hacerlo. Adelantar una cita en el especialista es posible incluso con una fruta o un refresco, lograr una analítica es sencillo si se ponen por delante unos cientos de pesos, e, incluso, acelerar una cirugía o tratar un cáncer son cuestión de poder ofrecer desde los 10.000 pesos en el paraíso de la salud universal y gratuita. Todo amparado en el miserable salario que cobran los sanitarios. 

El artículo 194 prevé penas de prisión de entre dos y cinco años para quien acepta, y de entre tres y ocho para quien ofrece

El Código Penal es preciso en cuanto al delito de cohecho, en el que incurre cualquier funcionario público que acepta un beneficio o dádiva a cambio de realizar –o no– un trabajo propio de sus funciones. El artículo 194 prevé penas de prisión de entre dos y cinco años para quien acepta, y de entre tres y ocho para quien ofrece. La cosa puede agravarse si, además, el profesional exige ese pago, lo que implica de 8 a 20 años de privación de libertad. 

Los intermediarios no están exentos y se prevén para ellos penas exactamente iguales, aunque, en todos los casos, “el tribunal podrá rebajarlas hasta la mitad de sus límites mínimos si las circunstancias concurrentes en el hecho o en su persona lo justifican”. 

¿Quién le pone el cascabel al gato? La población ha crecido en un contexto en el que ve con naturalidad extrema pagar para mejorar la atención sanitaria que por derecho le corresponde y los profesionales, a quienes su paupérrimo salario cada vez sirve de menos, no conciben no percibir un extra por su trabajo, aunque sea un mero regalo. 

La perspectiva es desalentadora, ya que, si el Gobierno decidiera aplicar la ley, la desbandada de sanitarios que está sufriendo en los últimos años se quedaría corta en comparación con lo que podría pasar. De tal suerte, el paciente que puede, resuelve y el que no, se encomienda a su suerte. 

Haciendo cierta autocrítica, el ministro de Salud Pública no solo habló de servicios, también de medios y, por supuesto, medicamentos, además de la mala gestión de los recursos. La viceministra, Tania Margarita Cruz Hernández, presentó datos sobre el control a los servicios farmacéuticos –incluyendo auditorías o inspecciones, también en las recetas–, que han arrojado 20 “hechos extraordinarios”, entre ellos robos con fuerza o hurtos, malversaciones o apropiaciones indebidas, incumplimientos de normas y errores de distribución.

Haciendo cierta autocrítica, el ministro de Salud Pública habló medicamentos y de la mala gestión de los recursos

En el sector, afirmaron las autoridades, se produce más descontrol cuando se desciende en la pirámide organizativa. Así, en las Unidades de Subordinación Nacional se produjeron 23 delitos en lo que va de año, pero en las que dependen de las administraciones locales ya van 183, con La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Guantánamo y Las Tunas a la cabeza. 

Otros problemas que centraron la atención de las autoridades sanitarias fueron “la fluctuación del personal económico y de servicio, los deficientes controles en los procesos de contratación, la implementación de las normas que regulan la actividad financiera y contable, las cuales no se cumplen en su totalidad, las cuentas por pagar y cobrar que muchas veces crean las condiciones para la ocurrencia de ilegalidades o ya esconden delitos”. Todos ellos asuntos plenamente ligados al mal desempeño económico y financiero del sector, así como la corrupción que se genera ante tal escenario.

Portal Miranda aseguró que se han implementado 70 acciones para prevenir las “tendencias negativas”, incluyendo la organización de los servicios. “Debemos ser más eficientes en el manejo de listas de espera, la discusión de cada paciente pendiente a tratamiento quirúrgico, la planificación de actividades y el análisis diario de la urgencia. Asimismo, fortalecer el comité farmacoterapéutico, el control de firmas autorizadas y la relación con la farmacia externa para reducir hechos asociados a actividad delictiva”, resumió.

La falta de presupuesto –a pesar de que la partida de Sanidad menos se beneficia de inversiones en infraestructuras–, admitió la viceministra, hace mella en el sector, aunque su preocupación es más bien la mala gestión que se hace de él. “El sector de la Salud está haciendo un gran esfuerzo para no interrumpir los servicios, no sólo en cuanto a medicamentos, sino en cualquiera de los medios que se adquieren, lo cual es muy difícil dadas las prioridades establecidas. Tenemos que cuidar de esos recursos, y eso es responsabilidad de todos los colectivos de trabajadores, cada uno desde su puesto”, exhortó.

Portal Miranda insistió en la importancia de que los trabajadores se involucren a la hora de detectar las ilegalidades. “Tenemos que evitar que ocurran hechos de ese tipo, y para eso es indispensable la participación de los trabajadores”, dijo, e insistió: “Hacer frente al robo y al delito es cuidar el presupuesto estatal, específicamente el de Salud, de manera responsable”.