Cerca de 500 empresas privadas cerradas en Cuba por no ofrecer pago electrónico

Madrid/En menos de tres meses, 476 establecimientos han sido cerrados en Cuba por incumplir la norma que los obliga a ofrecer a los clientes un método de pago electrónico. El dato lo ofreció la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, este miércoles, en un nuevo programa de la Mesa Redonda en el que estaba previsto informar a la población mayoritariamente sobre la distribución de la canasta y que dejó una frase no por desconocida menos grave: “Estamos dependiendo totalmente de productos de importación”. 

Una de las medidas del proceso de “bancarización”, anunciado en agosto de 2023 por el Gobierno, contemplaba la obligación de que los establecimientos tuvieran disponible el pago electrónico para cualquier cliente que lo solicitara. En aquel momento, Díaz Velázquez expuso que se suspendería la actividad de los negocios que incumplieran, pero daba un plazo de seis meses para adaptarse. El lapso tuvo que ser aumentado 60 días más de lo previsto por la falta de condiciones, y finalmente la norma entró en vigor el 2 de febrero. 

Desde entonces, casi medio millar de establecimientos se han cerrado (360 con retirada de licencia), pero el número va a crecer mucho más, a tenor de las explicaciones de la ministra. “Se considera que es una cifra insuficiente. Hay provincias donde el nivel de enfrentamiento (lucha contra el delito, en la jerga burocrática) es bajo”, informó. Los controles, además, crecen. En marzo se realizaron 2.612 inspecciones, mientras en abril fueron 8.169 y las denuncias de la población siguen. 

Díaz Velázquez admitió que las empresas estatales "que deben dar ejemplo" también tienen denuncias

Díaz Velázquez admitió que las empresas estatales “que deben dar ejemplo” también tienen denuncias, aunque son menos que en el sector privado que –concedió– está despertando. 

“Hay formas no estatales que tienen niveles de importación que cuando usted va a su cuenta fiscal no han hecho operaciones, por tanto, el código que tienen no se utiliza”, ejemplificó, para pedir después que se cumpla con la ley. “La cuantía de las multas está en el rango de 25 a 100 pesos. Por supuesto, eso no tiene ningún efecto, pero estamos en la modificación del decreto. Las multas serán cuantiosas, a los cierres le vamos a poner término también. Tiene que haber un rigor”, reclamó. 

La convocatoria, en todo caso, estaba pensada para explicar a la población qué ocurre con esos barcos que se anuncian cargados de comida que nunca llega a la bodega. Sorprendentemente, después de meses manteniendo un discurso según el cual es vital no dar detalles sobre la carga que llevan los barcos por motivo de seguridad nacional y para evitar problemas con el embargo, las autoridades revelaron –gráfico mediante– la situación de sus puertos, en dos de los cuales hay barcos parados por “retención financiera”. 

Se trata del Benjamin Confidence, procedente de Brasil y cargado con 15.000 toneladas de chícharos en La Habana, y el Clipper Apolonia, a la espera de descargar más de 14.000 toneladas de arroz en Santiago de Cuba. También hay dos buques en descarga (María H, con 5.398 toneladas de arroz en Nuevitas, y BP-390, con 1.200 de chícharos en Cienfuegos) y cuatro a la carga (el Melba hacia Carúpano, Las Tunas, para traer 2.600 toneladas de arroz desde La Habana; el Ro Ro Orion, con 601 del mismo producto hacia Gerona; el Bernarda, con 650 toneladas de arroz hacia Vita, en Holguín, y el Asela, con destino a La Habana y 400 toneladas de sal desde Guantánamo). 

En total, hay 13.411 toneladas de productos en los almacenes de los puertos (9.707 de arroz, 3324 de chícharos, 380 de sal) y 44.418 en los buques (25.000 de ellos de chícharos y el resto de arroz). A ellos hay que sumar la cantidad en cabotaje (en aguas cubanas), con un total de 3.851 toneladas de los tres productos citados. 

“La población tiene la duda de por qué, si se dice que los productos están, no están cuando acuden a la bodega”, explicó Díaz Vázquez. Las mercancías deber ser descargadas y transportadas, adujo, a lo que se añaden los problemas de traslado, entre otros. “Hay días en que no está el combustible. A veces, la falta de fluido eléctrico afecta procesos como los de pesaje o de facturación”, añadió. 

La ministra dijo que “aun así, nos crecemos [sin especificar a quién se refería] ante las dificultades” y los trabajadores no descansan para solucionar unos problemas que son mayores por la debacle de la industria agropecuaria. No lo expuso así Díaz Vázquez, pero quedó claro con el dato que ofreció. “Hasta 2020 o 2021, el día primero el producto estaba en la bodega, y eso lo hemos perdido.  (...) En 2018, el 30% del arroz consumido en Cuba era de producción nacional. Es muy difícil cumplir con los tiempos cuando se depende solo de las importaciones”, señaló.

"Hasta 2020 o 2021, el día primero el producto estaba en la bodega, y eso lo hemos perdido"

En medio de los detalles exhaustivos sobre cómo va, provincia a provincia, cada producto, se coló otra frase que da cuenta del panorama de la ex potencia mundial azucarera. “Está el azúcar de mayo, pero falta por transportar. No todas las provincias produjeron el azúcar que demanda la canasta familiar normada. Es una producción que está muy afectada”, expuso. Entre otros productos en barrena, mencionó el aceite –por su encarecimiento– y la leche, que “se le paga al productor a 38 pesos, pero se vende a los niños a 25 centavos”.

La Mesa Redonda sirvió también para dar datos sobre la composición y organización del grupo de empresas mayoristas de alimentos, sus capacidades de distribución, las bodegas a las que atiende, los trabajadores que emplea y cómo ha debido renunciar a un margen comercial del 8% para situarlo en el 5,5%, lo que merma sus ingresos. 

La situación se repitió con los detalles aportados por el grupo industrial del Ministerio de Comercio Interior, que se esforzó por hablar de lo productivo que puede ser “diversificar” el trabajo creando nuevos negocios, incluyendo las asociaciones con los privados y los proyectos de desarrollo local, lo que ha permitido incluso que muchas empresas mejoren sus sueldos. “Tenemos un salario medio de 4.000 pesos, insuficiente ante el proceso de inflación actual, pero nuestros 3.200 trabajadores pueden apreciar una mejoría en las condiciones de trabajo de nuestras entidades”, celebró la presidenta del grupo.

Quedaron numerosos minutos finales en el programa para hablar de la defensa del decadente Sistema de Atención a la Familia (SAF), que cuenta con al menos 60.000 beneficiarios. “Tenemos insatisfacciones con la calidad de lo que ofertamos”, subrayó Díaz Vázquez, que no obstante destacó la importancia de que se suministre un mínimo de comida a los vulnerables y pidió la colaboración de cuantas entidades pudieran sumarse, momento en el cual mencionó como ejemplo a la oficialista Quisicuaba. 

“Estamos convencidos de que el SAF es un sistema del barrio, que con la visión del Comandante en Jefe, va a ayudar a las personas que hoy viven solas, que no tienen capacidad de cocción, por lo cual lo tenemos que seguir defendiendo”, dijo, para no marcharse sin mencionar al ubicuo Fidel Castro.