Los choferes de guaguas arrendadas al Estado cubano piden más libertad para hacer "carreras" por su cuenta
La empresa de Transporte de Holguín arrendó 124 autobuses a particulares y empresas que se comprometieran a usarlas con "fines sociales"
La Habana/Los 124 ómnibus estatales arrendados por particulares en Holguín han logrado transportar, en dos años, a cinco millones de pasajeros. Sin embargo, los choferes, que han tenido que reparar y acondicionar los vehículos con dinero propio, lamentan la rigidez de las autoridades, que no les permiten realizar viajes por su cuenta una vez cumplido el plan de trabajo diario al que están obligados.
Tras la entrada en vigor en 2021 de la Resolución 270 del Ministerio de Transporte, que permite a las entidades estatales arrendar los vehículos en desuso a particulares y empresas que deseen utilizarlos con un propósito social, las autoridades de Holguín decidieron que, de los 591 vehículos con los que contaba la provincia, solo 179 cumplían con los requisitos para circular bajo este modelo de gestión, según declaró a Cubadebate la empresa de Transporte de la provincia.
De ellos, finalmente acabaron por arrendar poco más de 120 guaguas, la mayoría necesitadas de reparaciones mínimas, como el cambio de neumáticos o baterías, que no pueden encontrarse en el mercado estatal, según declaró la propia empresa.
El costo de estos arreglos corre a cuenta de los choferes, que también pagan de su bolsillo el salario de los ayudantes que necesiten, los impuestos exigidos y el petróleo que utiliza el vehículo, que el Estado le vende –en cantidades racionadas– a 13,99 pesos el litro.
Las autoridades exigen a los choferes el abono a la empresa de Transporte de entre 12.000 y 15.000 pesos al mes
A cambio, las autoridades exigen a los choferes el abono a la empresa de Transporte de entre 12.000 y 15.000 pesos al mes, pues estiman que cada guagua de ruta urbana puede recaudar entre 22.000 y 30.000 pesos. En el caso de los semiómnibus –un camión acondicionado para el transporte generalmente en zonas rurales– se debe pagar entre 5.000 y 9.000 pesos, de una ganancia estimada de hasta 14.000 pesos.
La obtención del capital suficiente para cubrir sus gastos y recuperar la cuantiosa inversión que realizaron para la puesta en funcionamiento del vehículo exige, en muchos casos, que los choferes realicen recorridos fuera de contrato, una vez cumplido el plan de la empresa. Sin embargo, las autoridades, que se muestran recelosas de las ganancias adicionales, han exigido que los particulares soliciten permisos especiales cada vez que deseen realizar otros trabajos.
Ante esta posición, los choferes se han mostrado inconformes y solicitan más autonomía.
Roger Ramírez, uno de los choferes entrevistados por Cubadebate, figura como titular de un autobús Diana que realiza, por 50 pesos el pasaje, la ruta entre Mayarí y Holguín. Según cuenta, Ramírez se suma a los recorridos urbanos de la ciudad cabecera hasta que llega la hora de hacer la ruta de regreso. "Todo eso beneficia al pueblo. Y, claro está, a mí". Sin embargo, no entiende la necesidad de tantas trabas cuando, sin su inversión, el vehículo estaría sin funcionar en un almacén estatal.
La empresa, por su parte, ha argumentado que la falta de orden ha conducido en varias ocasiones a infringir los términos de los contratos. Y, aunque entiende que la carencia de combustible y las trabas han obstaculizado la recuperación del presupuesto inicial de los choferes en el tiempo previsto, estiman que "lo más importante es el cumplimiento del proyecto social bajo el cual se hicieron los contratos".
Según las autoridades, entre las infracciones se encuentran la ausencia de los choferes en días en que debe salir la ruta, la desviación del plan de recorrido para realizar otras "carreras" y la violación del precio establecido del pasaje, lo cual consideran una falta grave.
La empresa cree que los problemas radican en que muchos de los choferes ingresaron en el negocio sin ser conscientes de que ahora son "servidores públicos"
La empresa cree que los problemas radican en que muchos de los choferes ingresaron en el negocio sin ser conscientes de que ahora son "servidores públicos" y pensaron que "harían lo que les vendría en gana". Algunos de los arrendatarios, aseguran, se comportan de forma grosera o se visten con "short y camiseta", ignorando las reglas de vestimenta y el respeto que su nuevo rol les exige hacia el pasajero.
Por ello, la entidad ha tenido que anular los contratos de dos particulares que acumularon "varias indisciplinas, entre ellas, incumplir un recorrido pactado y realizar un viaje a la playa" o ausentarse sin previo aviso sabiendo que los vehículos cuentan con un sistema de posicionamiento global (GPS).
A pesar de las dificultades, las autoridades admiten que el arrendamiento de vehículos estatales inutilizados ha sido positivo y que ha aliviado la crisis del transporte. Antes de que se aprobara la resolución, hubo días en que "solo operaron nueve o diez carros", dijo a Cubadebate Wilmer García, director de la institución. El hecho de que ahora operen más de 120 representa una mejoría notable para los 200.000 holguineros que esperan en las paradas de la provincia, según el funcionario.
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