Las medidas cautelares a favor del Movimiento San Isidro son un mensaje claro al Estado cubano

La Habana/Casi cuatro meses después de ser encarcelado, nadie ha podido ver a Denis Solís, que se encuentra en el Combinado del Este, en La Habana, una prisión de máxima seguridad. De su situación informaron Laritza Diversent, de Cubalex, y Harold Miñarro, de Defiende Venezuela, este miércoles, en una rueda de prensa online convocada para difundir los detalles de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 20 integrantes del Movimiento San Isidro (MSI).

La decisión, emitida el pasado 11 de febrero, afecta tanto a Denis Solís como a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Osorbo, Iliana Hernández, Anamely Ramos, Oscar Casanella, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Adrián Rubio, Jorge Luis Estien, Alfredo Martínez, Amaury Pacheco, Michel Matos, Esteban Rodríguez, Iris Ruiz, Yasser Castellanos, Anyell Valdés, Jorge Luis Capote Arias, Abu Duyanah Tamayo y Osmani Pardo. Con la medida cautelar, la CIDH considera que todos ellos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

No se sabe, dijo Miñarro en el encuentro, cuál es la situación médica del rapero contestatario cuya detención dio origen al acuartelamiento del MSI el pasado noviembre

No se sabe, dijo Miñarro en el encuentro, cuál es la situación médica del rapero contestatario cuya detención dio origen al acuartelamiento del MSI el pasado noviembre y estos, a su vez, a las protestas de centenares de artistas. Según indicios cercanos, Solís pudo ser aislado por covid. Se sabe, además, que recibe mala alimentación, que fue agredido y es amenazado por otros presos.

Solamente su tío, explica Diversent, ha podido ir a la cárcel a llevarle artículos de primera necesidad, pero "no le han permitido verlo físicamente". Las autoridades ya permiten a Solís comunicarse por teléfono, pero el Tribunal Supremo se ha negado a que la corte habanera en la que fue juzgado en un procedimiento sumario entregue la copia del acta del juicio oral.

En la rueda de prensa participó desde Cuba Iris Ruiz, una de las beneficiarias de la medida cautelar, quien confía en que esta ayude "a que el Gobierno promueva el diálogo". Cuando han sido reprimidos y agredidos, en algún momento la gente pudo haber entendido que los activistas estaban yendo contra la ley, refiere Ruiz, pero lo cierto es que el artículo 56 de la Constitución de 2019 recoge el derecho de manifestación. "Es el Estado el que impide el derecho", sentencia, aunque no se llama a engaño: "Sabemos que el Gobierno no respeta las medidas cautelares, porque han continuado con los actos de hostigamiento".

Laritza Diversent recuerda que estas acciones "no ocurrieron en un solo día, sino en un periodo largo, algunos desde 2018", cuando se creó el Movimiento San Isidro, y se enmarcan "en el contexto de persecución y de ataque" a activistas y prensa independiente.

En concreto, registran detenciones de corta duración, entre dos y 24 horas, "de tal manera que no se abran procesos penales". Una persona puede sufrir en una semana hasta cinco o seis arrestos, como ejemplifica el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Se trata de un acoso que también han sufrido Iliana Hernández, Anamely Ramos, Oscar Casanella, Omara Ruiz Urquiola o Katherine Bisquet.

La medida cautelar incluye "abstenerse" de estimular o favorecer alguna "situación de riesgo o de vulnerabilidad" contra estos activistas, como son, de hecho, los actos de repudio

También detallan el corte de líneas telefónicas y de internet a los activistas para evitar que se comuniquen con el exterior.

La medida cautelar, explica Claudia Ordóñez, de Article 19, una de las organizaciones que junto a Cubalex y Defiende Venezuela integraron la petición de la CIDH, obliga al Estado cubano a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la integridad personal". Ello incluye "abstenerse" de estimular o favorecer alguna "situación de riesgo o de vulnerabilidad" contra estos activistas, como son, de hecho, los actos de repudio.

Aunque es consciente de que es difícil que el Gobierno cubano cumpla con esta medida, la decisión es muy importante, pues "les da a las víctimas el reconocimiento de que fueron violados sus derechos". El derecho "a no estar de acuerdo". La Comisión manda así, explica Ordóñez, un mensaje claro: "Cuba es parte de este continente, no es un sistema político social económico aparte, que no se entiende bien o no se toca porque es el resultado de una revolución socialista".

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