La Cidh ve con "gran preocupación" que Cuba no mejore en "aspectos estructurales"

Washington/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió este jueves en un informe de que ve con "gran preocupación" que Cuba no haya presentado "una mejoría en aspectos estructurales" el año pasado en cuanto al respeto a las libertades de sus ciudadanos.

En su documento anual, el organismo –perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington– aseguró que en la Isla prevalecen las vulneraciones a la "integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el Gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento".

La institución aseguró que, pese a que el país no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, se considera "competente para examinar la situación" de la Isla por diversos acuerdos en la materia que Cuba ha firmado.

Asimismo, lamentó que en Cuba exista información "limitada" y que continúe el "histórico distanciamiento" entre el Gobierno y la OEA

Asimismo, lamentó que en Cuba exista información "limitada" y que continúe el "histórico distanciamiento" entre el Gobierno y la OEA.

Sin embargo, la Cidh reiteró su interés en "realizar una visita" a la Isla con el fin de iniciar un acercamiento con el Gobierno y "brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos".

En ese sentido, instó a Cuba a asegurar la existencia de partidos políticos de oposición y permitir "la acción de la observación electoral".

Además, la Cidh solicitó al Gobierno que libere "a todas las personas detenidas por razones políticas" y "abstenerse de realizar actos de hostigamiento, amenazas, agresiones, estigmatización, persecución y criminalización" contra "personas defensoras de derechos humanos".

Cuba es uno más de los países más severamente advertidos en el informe, que considera que la institucionalidad democrática y la independencia judicial son los dos grandes desafíos de América Latina en materia de derechos humanos.

"En varios países de la región se observaron injerencias indebidas dirigidas a debilitar la independencia del Poder Judicial, de órganos electorales y de institucionales nacionales de derechos humanos", indica.

La Cidh señala graves hechos de corrupción amenazas, nombramientos irregulares, acusaciones infundadas para minar procesos electorales y retrasos innecesarios entre algunas de las acciones que ha detectado que minan las instituciones.

"El debilitamiento de la independencia judicial, en particular, tiene graves impactos en la situación de derechos humanos. En primer lugar, se debilita el control judicial efectivo de la constitucionalidad", añade el documento, mientras recuerda que en algunos países de la región se "fomenta la impunidad" y la ciudadanía pierde confianza en las instituciones públicas y en la propia democracia.

Se "fomenta la impunidad" y la ciudadanía pierde confianza en las instituciones públicas y en la propia democracia

El informe subraya, además, cómo en algunos países se ha restringido y hasta criminalizado la protesta social, al tiempo que se ha perseguido a opositores, religiosos, periodistas o defensores de los derechos humanos.

"En 2023, la Comisión observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en un contexto de quebrantamiento del principio de separación de poderes" en Nicaragua, uno de los países que junto a Cuba, Venezuela y Guatemala examina más al detalle por el deterioro que representaron en 2023.

Con relación a Venezuela, la Cidh lamenta que pese a sus llamados y de otros organismos internacionales, el Gobierno venezolano "no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático y la separación e independencia de los poderes públicos". No obstante, pidió el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela, al recordar “los hallazgos” de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, en su visita al país en 2021, entre ellos que “han exacerbado las calamidades” en la nación.

Douhan “señaló que las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”. “Por tal motivo, la Cidh reitera su llamado a que sean levantadas”, expresó

En 2023, durante los constantes intentos del Gobierno guatemalteco de Alejandro Giammattei de evitar la toma de posesión presidencial del opositor Bernardo Arévalo, la Cidh constató un "deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho" agudos" por el ejercicio "abusivo del poder por parte del Ministerio Público que socava y contraría el Estado de Derecho".

Eso llevó a que este año se incluyera Guatemala en este capítulo de países que representan un retroceso en derechos humanos.El Salvador y México.

Al primero le reitera “la necesidad de adoptar un marco legal con el objetivo de proteger estas labores y de cesar pronunciamientos estigmatizantes o degradantes por parte de agentes públicos, máxime el contexto de alegaciones destacadas desde la sociedad civil”. “Se exhorta al Estado a garantizar el derecho de acceso a la información pública, suprimir cualquier tipo de restricción al mismo y regular el uso de la figura de reserva de información oficial”, añade.

“Se exhorta al Estado a garantizar el derecho de acceso a la información pública, suprimir cualquier tipo de restricción al mismo y regular el uso de la figura de reserva de información oficial”

En cuanto al segundo, el organismo dijo que "observa con preocupación la persistencia de denuncias sobre amenazas y violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas". En 2023, México registró el asesinato de ocho periodistas, la cifra más alta para un país que no vive una situación de guerra, según datos de Amnistía Internacional Asimismo, lamentó "particularmente, la información proporcionada por la sociedad civil sobre los señalamientos públicos por parte de autoridades del Estado mexicano" en contra de estos colectivos.

Además, reiteró los "desafíos en materia de seguridad ciudadana", especialmente por el alto número de desapariciones y la militarización.

Sale mejor parado Brasil, que cumple con un 52 % de las 98 recomendaciones que la Cidh hizo en 2021 tras una visita al país en el primer año de mandato de Lula, frente a apenas el 23 % del año anterior. Eso demuestra “un claro avance y compromiso por parte del Estado de Brasil para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, según la institución.

Entre las mejoras, la Cidh apuntó a las acciones de combate al trabajo esclavo puestas en marcha por el Gobierno de Lula y a los planes para crear un instrumento que dé seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes perpetrados durante la dictadura (1964-1985). Pese a los avances, la institución dijo que todavía había “falta de acción y comunicación clara por parte del Estado en áreas esenciales para la garantía y protección de los derechos humanos”.