Las personas con discapacidad seguirán desprotegidas con el nuevo Código de las Familias cubano

La Habana/El proyecto de Código de las Familias que se someterá próximamente a votación en Cuba no protege en su totalidad a las personas con discapacidad y resulta limitado a la hora de apoyarlas en su inserción social, lamenta la Red de Cultura Inclusiva (RCI), una organización independiente que aboga por una legislación que vele por los derechos de esa comunidad.

Luego de analizar el proyecto, la RCI ha publicado algunas observaciones sobre 58 artículos (de 521) que componen el documento. En sus conclusiones, la entidad reconoce que "se han tenido en cuenta medidas para prohibir todas las formas de discriminación por motivos de discapacidad en el seno familiar", aunque echa en falta otras normativas que trasciendan el hogar.

En la mayoría de las instituciones de la Isla se siguen usando conceptos como "impedidos físicos", "discapacitados" y "minusválidos" para definir a estas personas

La RCI valora favorablemente la utilización en el Código de un lenguaje acorde a las concepciones actuales de la discapacidad, "derogando todas las expresiones que contenían en la anterior términos peyorativos que estigmatizan a las personas con discapacidad", pero se queja de que solo se aborde la situación de estos individuos desde la perspectiva de su situación familiar.

En la mayoría de las instituciones de la Isla se siguen usando conceptos como "impedidos físicos", "discapacitados" y "minusválidos" para definir a estas personas, una práctica muy extendida especialmente en comercios y servicios que les otorgan un cupo de prioridades para evitar que tengan que hacer las largas colas para comprar productos básicos.

Una vez aprobado el Código de las Familias estas definiciones aún en uso deberán ceder terreno a la aceptada por los organismos internacionales que se ha ido extendiendo en los últimos años por el mundo, no solo en los cuerpos legislativos y la burocracia oficial sino también en los medios de prensa y el trato cotidiano: persona con discapacidad.

Pero el paso acertado que en lo nominal ha dado el proyecto no logra tapar la ausencia en el país de una legislación específica destinada a hacer valer los derechos y que brinde una protección integral a estos ciudadanos. El nuevo Código incluye solo una parte de un amplio conjunto de reclamos insatisfechos que por décadas ha tenido la comunidad.

La RCI presentó en octubre de 2019 una solicitud para impulsar una nueva normativa que vele por los derechos de estas personas. El documento fue entregado en las dependencias del presidente de la República y varios organismos del Estado, pero hasta el momento la organización no ha recibido respuesta.

La Red insta a que, junto al cambio de terminología, también se deje de usar el modelo médico a la hora de definir a estos individuos, una fórmula que carga la mano en el problema físico. La organización recomienda que en su lugar se aplique el llamado modelo social que apuntan más al papel de la inserción en la sociedad y la responsabilidad del entorno con el apoyo de las personas con discapacidad.

El análisis también critica que en los consultorios del médico de la familia se mantiene una norma para identificar las familias como "funcionales y disfuncionales" y en estas últimas se registran a los hogares con más alta de enfermos crónicos y pobre control de su enfermedad; las parejas que no planifican su reproducción, los hogares con alcoholismo, promiscuidad, conducta suicida y métodos incorrectos de crianza.

El punto que la Red señala como una necesidad más urgente es en revisar el sistema de protección social y mitigación de la pobreza para garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad

La entidad también recomienda tener presente la necesidad de capacitar en el lenguaje de señas a miembros de familias que tengan alguna persona con discapacidad auditiva. Esa posibilidad allanaría el camino de la integración social y facilitaría los lazos de solidaridad y amor dentro del hogar.

Pero el punto que la Red señala como una necesidad más urgente es en revisar el sistema de protección social y mitigación de la pobreza para garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad como grupo vulnerable. Una normativa así permitiría que se apliquen sistemas de compensación en forma de prestaciones.

El Estado debe adoptar medidas para promover la igualdad de estas personas, además de instituir recursos judiciales y administrativos para garantizar la reparación en los casos de discriminación por cualquier tipo. La legislación tiene que incluir el acceso a recursos que permitan a estos ciudadanos sufragar los costos adicionales relacionados con su condición física, añaden.

El acceso a empleo y el respeto a sus derechos laborales también están en la lista de las normas pendientes que enumera la RCI, otra de las ausencias que percibe en el proyecto de Código de las Familias que, aunque todavía no ha sido sometido a votación, ya está dando mucho de qué hablar en las calles cubanas.

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