El proyecto de Código Penal dará herramientas al régimen cubano para legalizar la arbitrariedad

Madrid/Si, como es previsible, se aprueba el texto tal y como está del anteproyecto del nuevo Código Penal en Cuba, activistas y periodistas independientes quedarán "sumamente expuestos" a la arbitrariedad de la Seguridad del Estado. En ello hace hincapié un informe publicado por el Observatorio Legislativo de Cuba, la iniciativa dentro de la red DemoAmlat que analiza las nuevas normas en la Isla a raíz de la Constitución aprobada en 2019.

El documento, presentado este miércoles en un evento online en el que intervinieron desde México los especialistas Johanna Cilano y Carlos Hernández, destaca el férreo control y la opacidad del Gobierno de la Isla sobre el Código Penal, frente a la publicidad que, desde las máximas autoridades hasta la prensa provincial oficialista, ha dado al Código de las Familias, sometido a "consulta popular" desde el pasado 1 de febrero.

Además, denuncia las nuevas normas que criminalizan actividades que son legales en cualquier otro país del mundo, como el ejercicio del periodismo independiente o asociarse para protestar o cambiar una ley, así como liderar una sociedad civil que no esté permitida por el Estado.

Cilano resaltó que el contexto para aprobar la nueva legislación está marcado claramente por las protestas del pasado 11 de julio, y que el objetivo es limitar la participación ciudadana

A modo de ejemplo, el informe menciona el artículo 143 del anteproyecto de la norma, que establece penas de hasta diez años de cárcel para quienes reciban fondos "por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero" para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional". Esto, señaló Johanna Cilano en la presentación, incluye las recargas internacionales en un teléfono móvil.

También, denuncia DemoAmlat, "atenta contra el derecho al financiamiento de la sociedad civil organizada, así como contra las limitaciones legítimas a la libertad de expresión según la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Cilano resaltó que el contexto para aprobar la nueva legislación está marcado claramente por las protestas del pasado 11 de julio, y que el objetivo es limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Tal y como dice el informe, el anteproyecto "demuestra ser un producto del momento, ofreciéndole al régimen herramientas que le permiten legaliza la arbitrariedad; profundizar la criminalización a medios independientes, periodistas y activistas de derechos humanos; inhibir la articulación ciudadana a partir del asociativismo civil; censurar y promover la autocensura de periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos".

De igual manera, y tal como analizó Reinaldo Escobar para este diario, sigue vigente en la nueva norma la pena de muerte como "amenaza latente del régimen contra opositores", según refiere el texto de DemoAmlat.

La red concluye, en resumen, que el anteproyecto de Código Penal, "a aprobarse presumiblemente en abril de 2022, sin consulta popular, representa peligros para la ciudadanía".

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