Una comisión oficial prepara una ley que amplíe el derecho a la propiedad en Cuba

La Habana/"Mi hermana se fue, dejó su casa cerrada y yo la cuido, pero si no regresa en 24 meses la pierde", lamenta María Clara, una habanera de 65 años que también tiene bajo su cuidado el apartamento de un sobrino. El éxodo masivo ha extendido este fenómeno y también las ventas a bajo precio para poder costear los gastos de viaje, una tendencia que podría cambiar con la nueva legislación para la vivienda que estudia el Gobierno cubano.

"Se ha conformado una comisión de juristas, expertos en el tema de la de la vivienda, para que sugieran cambios que se ajusten al actual escenario de grandes números de emigrados", cuenta a 14ymedio una licenciada en Derecho vinculada al Registro de la Propiedad y que prefiere guardar el anonimato.

"Ahora estamos en la fase de propuestas, pero la orientación que hemos recibido es que se trata de ajustar la actual legislación para que contemple la posibilidad de flexibilizar el tema de la propiedad y su conservación en manos de quienes pasan cierto tiempo en el extranjero. Todavía estamos en la fase preliminar, aunque nos han dicho que todo podría ser aprobado muy rápido".

"El familiar que queda en Cuba podría asumir la titularidad de la vivienda y poder, además de cuidarla, realizar todo tipo de gestiones legales sobre ella"

Entre las propuestas que han hecho algunos de los juristas involucrados en la comisión, está la de permitir que una misma persona pueda tener más de una vivienda en propiedad, algo que solo está permitido ahora si se trata de una casa en la ciudad y otra en zona rural o de playa. "De esa manera, el familiar que queda en Cuba podría asumir la titularidad de la vivienda y poder, además de cuidarla, realizar todo tipo de gestiones legales sobre ella".

Con un éxodo sin precedentes –cerca de 200.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos desde enero–, el panorama inmobiliario cubano evidencia los retos que plantea para el país la salida masiva de tantos residentes. "El número de poderes sobre viviendas, vehículos y otras propiedades se ha multiplicado significativamente", reconoce un empleado de la notaría de la calle 10, entre 15 y 17, en El Vedado.

"Llegan de madrugada y marcan en la cola, especialmente para dejarle un poder a un familiar y que pueda vender la casa, alquilarla o donarla, según sea el caso", añade la misma fuente. "Se trata de gente que no se ha decidido a deshacerse de su propiedad porque no sabe cómo le va a ir la migración o de personas que, aunque han intentado vender su casa, no han podido, porque el mercado inmobiliario está saturado de ofertas".

"Normalmente dejan el poder a un familiar o a un amigo, pero ya se está dando el caso de una persona que tiene varios poderes de varios familiares y, encima, debe cuidar físicamente esas viviendas que le han dejado a su cargo, lo que hace todo más complicado", lamenta este trabajador notarial. "Hay que buscar una solución a todo esto, y flexibilizar el tiempo de 24 meses que la persona puede permanecer fuera del país sin perder sus propiedades, es un primer paso".

La percepción de que la barrera de los dos años se ha quedado cada vez más estrecha es muy extendida, especialmente en una Isla donde los números de migrantes pueden seguir creciendo a medida que se restablezcan muchos vuelos comerciales detenidos o recortados por la pandemia.

"El mercado está marcado por las prisas, el apuro del que quiere irse y debe vender antes de subirse al avión", dice Liuba, de 35 años, que actúa como intermediaria entre vendedores y compradores de viviendas

"El mercado está marcado por las prisas, el apuro del que quiere irse y debe vender antes de subirse al avión", dice Liuba, de 35 años, que actúa como intermediaria entre vendedores y compradores de viviendas. "Pero también nos toca cada vez más hacer negocios no con el propietario sino con la persona a la que este le dejó el poder para decidir sobre la vivienda. Es un fenómeno cada vez más común".

Autorizar a los cubanos a quedarse más tiempo en el extranjero sin perder su residencia en la Isla y permitirles tener más de una propiedad sería una manera de "aliviar en algo este problema y, sobre todo, fomentar que la gente que se está yendo no sienta que es para siempre, que aquí tienen un lugar a donde regresar", considera Liuba.

Recientemente, Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció, durante un encuentro con emigrados de la Isla en Uruguay, que Cuba trabajaba en una ley de ciudadanía. El funcionario aseguró que en la próxima Legislatura de la Asamblea Nacional, que inicia en 2023, se aprobará una ley de pasaporte y extranjería.

Aunque el anuncio ha provocado muchas especulaciones, no debería sorprender, pues los ajustes en esta legislación ya se esperaban desde la aprobación de una nueva Constitución en 2019. Sin embargo, el actual contexto migratorio parece estar apurando el paso y obligando a flexibilizaciones más profundas.

"Estamos trabajando intensamente y enviando propuestas amplias que conecten no solo el tema de la propiedad de la vivienda con la migración, sino que también faciliten muchos trámites relacionados con la propiedad a realizar desde el extranjero", explica la jurista vinculada a la comisión que elabora la nueva hoja de ruta.

"Pero de lo propuesto, lo que finalmente quede legislado ya no nos corresponde a nosotros. Eso se decide por allá arriba", reconoce. "Tengo varios colegas, excelentes abogados, a los que les propusieron formar parte de la comisión y declinaron, porque en otras ocasiones han hundido rodilla en tierra, se han estudiado infinidad de documentos y leyes, pero al final sus propuestas no han sido aceptadas".

Para esta experta en temas de propiedad, "hay una necesidad apremiante de flexibilizar el derecho a varias propiedades y el margen de tiempo en el extranjero, pero no sé si el Gobierno está consciente de la urgencia".

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