El Comité de la ONU contra la Tortura califica de "alarmante el alto número de detenciones" en Cuba

Madrid/El Estado cubano ha tomado medidas "manifiestamente contrarias a la Convención contra la Tortura". Es la consideración del Comité de la ONU que se ocupa de supervisar la aplicación de esa norma en los países que la han suscrito y que lleva celebrando su 73ª sesión desde abril.

En su intervención el miércoles, el vicepresidente de la entidad, Sébastien Touzé, hizo un repaso de las "faltas de respeto a derechos fundamentales primordiales" que ha llevado a cabo el régimen de la Isla en los últimos meses, como la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de circulación.

Así, el Comité Contra la Tortura estima que el "alto número de detenciones", sobre todo tras "los acontecimientos de julio de 2021" ofrece "una visión alarmante".

"La confianza en la Policía Nacional ha empeorado", dijo Touzé, que mencionó entre los "cientos de manifestantes detenidos" a los opositores José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara.

"Una vez en la comisaría policial, sufrió tratos crueles y degradantes, fue humillado, se le pegó con una bota militar y se le obligó a decir 'viva la revolución', y esto no lo ha negado el Gobierno"

El vicepresidente del Comité también aludió al caso del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por desacato en un juicio sumario y, cumplida su pena, exiliado de la Isla, el cual puede implicar "detención arbitraria y detención en secreto".

"Detenido en secreto, se le negó la posibilidad de impugnar su detención ante un juez y tampoco se le permitió contactar con sus abogados o de recibir una asistencia letrada, lo cual le privó de su derecho a defenderse de forma eficaz", recordó con severidad Touzé. "Una vez en la comisaría policial, sufrió tratos crueles y degradantes, fue humillado, se le pegó con una bota militar y se le obligó a decir 'viva la revolución', y esto no lo ha negado el Gobierno". Ello, dijo también, "vulnera de forma manifiesta los artículos 2 y 16 de nuestra Convención".

Tanto la detención arbitraria como la detención en secreto son "algo persistente y recurrente en Cuba", estima el Comité, que asegura que, además de eso, el Gobierno cubano ha vulnerado otros derechos humanos, "en especial a través de actos de tortura".

"La represión de la disidencia parece continuar", afirma también el Comité Contra la Tortura. Al respecto, Touzé citó las cifras de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que registró 8.616 detenciones en 2015 y 9.940 en 2016.

El vicepresidente del organismo también arremetió contra la detención preventiva, una práctica recurrente "para evitar que una persona no se dirija a un lugar, por ejemplo, para participar en una manifestación", una medida "sin ningún fundamento legal".

"El Código Penal cubano actual contiene toda una serie de disposiciones que permiten incriminar a los ciudadanos que se opongan de un modo u otro al sistema establecido"

También tuvo palabras para los 55 menores que fueron detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio, muchos de los cuales siguen detenidos y fueron condenados a altas penas. "Según los testimonios de la prensa cubana, ha habido padres que no conocen siquiera la cárcel en la que sus hijos están detenidos", lamentó Touzé, por lo que "hay un fallo en la información que se comunica a los allegados en cuanto a una detención".

En cuanto al análisis del marco jurídico cubano para la represión, el Comité Contra la Tortura detecta que "en el marco de la Constitución, la libertad artística y la de la prensa son objetivos de las principales limitaciones, ya que se condicionan al respeto por los valores socialistas".

Además, analiza, "el Código Penal cubano actual contiene toda una serie de disposiciones que permiten incriminar a los ciudadanos que se opongan de un modo u otro al sistema establecido", como en su artículo 100, referido a la sedición, que "permite reprimir una variedad de comportamientos", como los que "perturban" el orden socialista, los que se niegan a obedecer una decisión de una autoridad pública o los que se oponen al cumplimiento de su deber.

Que el derecho cubano sancione con penas de entre uno y ocho años de cárcel a los que hagan "propaganda contra el orden social o el Estado socialista" lleva, opina el Comité, "a una cierta censura cultural".

"Estos artículos tienen en común el uso de nociones vagas como el orden socialista", mencionó Touzé, que ha pedido al Gobierno cubano una definición. Imprecisiones similares en las normas, como la perturbación del orden público, son, asevera la ONU, "contrarias al principio jurídico universal de la claridad del derecho penal, y abre la vía a decisiones que podían calificarse de arbitrarias".

Por lo tanto, concluye, "el Comité no puede sino expresar su preocupación".

"Estos artículos tienen en común el uso de nociones vagas como el orden socialista", mencionó Touzé, que ha pedido al Gobierno cubano una definición

De poco sirvieron las intervenciones del Gobierno cubano ante la instancia, los pasados 21 y 29 de abril, en los que, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaron "el amplio y sólido sistema de leyes, normas, regulaciones y políticas que garantizan en Cuba la protección integral de la persona, conforme a lo dispuesto en la Convención", así como "las acciones concebidas y aplicadas para prevenir que en el territorio nacional ocurran actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, frecuentes antes de 1959 y radicalmente eliminados y prohibidos por la Revolución cubana".

Antes del comienzo de la presente sesión del Comité Contra la Tortura, el pasado abril, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Archivo Cuba, Civil Rights Defenders, Justicia 11J, Cubalex y Article 19, presentaron un informe en el que alertaban de cuestiones preocupantes en las leyes vigentes cubanas y en las que están por aprobarse.

Critican que "los casos relacionados con delitos de tortura cometidos por un agente del Estado encargado de hacer cumplir la ley son conocidos por la jurisdicción penal militar", aun cuando las víctimas sean civiles o se trate de violaciones a los derechos humanos.

El reporte también denuncia que "se autoriza a los agentes policiales para arrestar de manera discrecional a cualquier persona hasta 24 horas sin necesidad de requerir o presentar una orden" y que los jueces "nunca se pronuncian sobre los motivos de detención, violencia o uso de la fuerza en los arrestos".

La ONG con sede en Madrid Prisoners Defenders también presentó ante el Comité un informe en el que identificaba hasta "15 patrones" de malos tratos y torturas a presos en la Isla, entre ellos privación de atención médica, trabajos forzados fuera de su condena penal, confinamientos de castigo en solitario, agresiones físicas y privación de agua o alimentos, del sueño y de la comunicación con abogados y allegados. La conclusión de ese documento era contundente: el uso de la tortura es sistemático en los presos políticos de Cuba.

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