Condenan a 15 años de prisión a un cubano que quemó más de 100 toneladas de caña
El acusado deberá pagar además una indemnización por valor de 79.000 pesos por el producto perdido en los incendios
La Habana/Una persona residente en Sancti Spíritus fue sentenciada a 15 años de prisión por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal de Villa Clara por quemar tres cañaverales en enero, informó este lunes la prensa oficial. Acusado de sabotaje, el hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, logró prender fuego a 102,5 toneladas de caña.
Según el oficialista Escambray, los tres incendios tuvieron lugar el pasado 23 de enero: dos de ellos en la zona rural de Jatibonico y otro en Cabaiguán, ubicados en el tramo espirituano de la Carretera Central. El responsable se trasladó de un campo a otro en una motoneta (moto modificada para el transporte de pasajeros) de su propiedad y prendió fuego a los cañaverales utilizando fósforos.
La prensa no reveló si, durante el juicio, el hombre manifestó la causa que lo llevó a quemar los tres cañaverales
En el primer municipio, el individuo logró reducir a cenizas un sembrado completo de 15,04 hectáreas (ha) y 0,5 ha de otro. En la segunda localidad, donde fue capturado por la Policía tras una denuncia telefónica de los campesinos del lugar, quemó 0,5 ha. En las tres ocasiones, el fuego fue contenido por los guajiros encargados de atender los sembradíos.
El acusado no solo deberá cumplir la pena de cárcel, sino que deberá pagar una indemnización por un valor de 79.000 pesos. La prensa no reveló si, durante el juicio, el hombre manifestó la causa que lo llevó a quemar los tres cañaverales, pero sí subrayó la explicación de las autoridades: la intención era dañar la propiedad del Estado.
"Este ciudadano concibió y llevó a vías de hecho la idea de afectar la zafra azucarera, que tiene una alta prioridad económica para el Estado y a la cual le destina recursos materiales y financieros –parte de estos importados–, en medio de muchísimas limitaciones", alegó Pedro Espinosa, fiscal de Villa Clara.
Escambray afirma que el delito es similar a actos terroristas impulsados "por el Gobierno de Estados Unidos, en la década de los 60", cuando una serie de sabotajes intentó hacer colapsar la infraestructura económica del país, con el objetivo de provocar la caída del Gobierno de Fidel Castro. En cualquier caso, señala el diario, es un golpe a "la economía nacional, que hoy anda en muletas".
La investigación descartó el vínculo del acusado con otras personas u organizaciones, y desligaron los incendios de los cuales es responsable con el ocurrido el pasado febrero, en un punto entre Jatibonico y Ciego de Ávila, que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en el centro y oriente de la Isla.
El acusado puede presentar un recurso de casación, que obliga a los tribunales a revisar la sentencia
Sin embargo, advirtieron de que el caso no se cerrará aún y se seguirán investigando los sucesos. Asimismo, el acusado puede presentar un recurso de casación, que obliga a los tribunales a revisar la sentencia.
Recientemente, los delitos económicos contra la propiedad estatal se han incrementado, especialmente los relacionados a la industria alimenticia. Este agosto un ex custodio del central azucarero Mario Muñoz, en Matanzas, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por permitir el robo de tres sacos de azúcar y aceptar un soborno de 3.000 pesos.
El joven de 23 años fue multado además con el valor del azúcar robado. Su colaboración con las autoridades y la carencia de antecedentes penales redujeron su sentencia a la mínima para ese delito. Otros 12 trabajadores de la fábrica han sido sancionados por hurto o complicidad este año.
Según las autoridades de la provincia, las penas fueron establecidas "con la severidad necesaria", que incluía condenas de períodos de cárcel, encierro domiciliario, trabajo correccional sin internamiento y multas por el valor del producto robado.
Los funcionarios afirmaron que los robos han afectado significativamente la productividad de la industria y la presencia del azúcar en la canasta básica y eso, explican, constituye una vulneración a los derechos de la ciudadanía. "El delito debe ser identificado a tiempo y castigado con la rigurosidad necesaria, porque, cuando se trata de proteger los bienes del pueblo, cualquier medida es poca".
La sensibilidad estatal ante estos delitos proviene del fiasco que se espera de la zafra de este año. En Sancti Spíritus, por el ejemplo, para este julio apenas se había sembrado el 30% del plan de cosecha de la campaña de primavera (de enero a junio). Cuba, un país que históricamente lideró la exportación de azúcar al mundo, ahora no logra satisfacer su propio consumo interno. En mayo pasado el Gobierno advirtió que la producción apenas había llegado a 350.000 toneladas, muy debajo de las 400.000 requeridas sólo para la población y las industrias de la Isla.
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