“Convocar a orar en parques es una actividad predelictiva”, según las autoridades cubanas

La Habana/La convocatoria a rezar por la paz en Venezuela que hizo el pasado 2 de agosto el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado puso en movimiento, en pocas horas, a la Seguridad del Estado. Este fin de semana, siete días después de que una funcionaria lo citara a la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de 17 y K, en el municipio de Plaza de la Revolución (La Habana), el cura revela que fue una maniobra de la Seguridad del Estado para intimidarlo.

Según contó Fernández en una publicación de Facebook, la citación oficial para las 10 de la mañana –“a la misma hora de la convocatoria (de oración), para evitar mi participación”, asegura– estuvo seguida por la llamada de un teniente coronel que insistió en que habría “consecuencias” si no asistía a la oficina.

Según el sacerdote –párroco de la iglesia de San Antonio de Padua, en Arroyo Naranjo–, desde hace años posee una casa que renta a cubanos y, aunque no la administra, figura como propietario, lo que sirvió de pretexto a la Seguridad del Estado para interrogarlo. “Según los dos tenientes coronel que hablaron conmigo, por la sola y remota posibilidad de que alguna vez decida alquilar el apartamento a un extranjero es que el Departamento de Inmigración y Extranjería tiene potestad para citarme cuantas veces quiera, incluso con menos de 24 horas de antelación y al menos una vez cada seis meses, y sin necesidad de presentar documento oficial de citación”, explica.

Fernández aseguró que no pensaba alquilar a ningún turista y a partir de ahí la conversación fue tomando otro rumbo

Fernández aseguró que no pensaba alquilar a ningún turista y a partir de ahí la conversación fue tomando otro rumbo. “El ‘policía amistoso’ comenzó a hacerme muchas preguntas al más puro estilo de los compañeros de la Seguridad del Estado sobre mis publicaciones en redes sociales, como si alguien con posibilidades de alquilarle a extranjeros tuviera prohibido usar su libertad de expresión en redes sociales”, resume.

El verdadero motivo detrás de la cita, subraya Fernández, era indagar sobre la convocatoria que el cura había lanzado para ese mismo día en cualquier parque de la Isla con el fin de pedir paz para Venezuela y Cuba. “Entonces descubrí que Inmigración y Extranjería tiene entre otras funciones hacer lo mismo que la Seguridad del Estado hace en general con todos los ciudadanos, pero enfocados en los arrendatarios: reprimir al que manifieste pensar distinto a lo que llaman Revolución, y acosarlo una y otra vez hasta que se calle (...). Supongo que para evitar que sean una ‘mala influencia ideológica’ para los extranjeros”, advirtió.

El sacerdote añade que los agentes también le avisaron que “convocar a orar en parques es una actividad predelictiva” y se considera “instigación a delinquir”. Según explicaron, ese tipo de reunión no se puede hacer sin permiso expreso del Partido Comunista, pues son momentos ideales para “cometer crímenes contra la Revolución”. Algo que no ocurre en las convocatorias oficiales, pues se realizan operativos para garantizar la seguridad, argumentaron los oficiales.

La advertencia incluso llegó más allá, y los militares opinaron que, además de que la convocatoria estaba prohibida, había tenido motivaciones políticas. “La intención solo era orar por una solución de conflictos donde reine la paz y la justicia en Venezuela y en Cuba, y creo que eso debería ser interés de todas las partes”, reflexionó el sacerdote.

Otro punto de su conversación llamó la atención de Fernández, y es que los agentes aseveran que todos los trabajadores cubanos –incluidos los particulares– son trabajadores del Estado. “Todos los trabajadores por cuenta propia son trabajadores del Estado. Y por tanto deben acatar todas las leyes del Estado como cualquier trabajador estatal, eso significa que no pueden realizar actos que pudieran considerarse contrarios a la Revolución, tales como publicar en redes sociales mensajes críticos al proceso revolucionario o a sus aliados”, destacó.

Según el sacerdote, “esto es una gran revelación porque significa que en Cuba, sin importar que trabajes en formas de gestión no estatal, eres (...) un súbdito, vasallo y siervo del PCC”, dijo.

Kenny Fernández ha sido uno de los curas que, por su posición crítica frente al régimen, ha sufrido acoso y represión

Kenny Fernández ha sido uno de los curas que, por su posición crítica frente al régimen, ha sufrido acoso y represión. Según declaró al canal católico de noticias EWTN, “todos los meses, por los menos una piedra, dos piedras, cinco piedras son lanzadas contra las ventanas de la iglesia (San Antonio de Padua, en Arroyo Naranjo) a una hora en que los autores no pueden ser vistos”. 

Este método, sumado al robo de artículos de los templos y casas parroquiales, o al ataque a las propiedades de los curas, han sido denunciados en diversas ocasiones como tácticas represivas que utiliza la policía política para intimidar a los religiosos contestatarios. Los arrestos, las multas o citaciones arbitrarias, la vigilancia estricta en su vida diaria y, en algunos casos, el exilio, también forman parte de la lista de acciones para acallarlos. 

El régimen cubano tiene un largo historial de represión a sacerdotes y miembros de la Iglesia católica –laicos o religiosos–, que se intensificó después de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Tras los arrestos masivos, e incluso durante las manifestaciones, curas como Lester Zayas, Alberto Reyes o José Castor Devesa, que hablaron a favor de los ciudadanos o marcharon junto a ellos, han sido frecuentemente llamados a rendir cuentas a la Seguridad del Estado, acosados o reprendidos por sus superiores por la presión del Gobierno.