Al convocarlos a una reunión, el PCC busca "aumentar su control" sobre los masones cubanos

La Habana/Los ojos de los masones cubanos están puestos en la reunión que los miembros de la fraternidad en La Habana, entre ellos varios altos funcionarios, sostendrán este jueves con Caridad Diego, la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. El orden del día: mediar en la crisis institucional que comenzó en enero con el robo de 19.000 dólares de la oficina del Gran Maestro Mario Alberto Urquía Carreño y que ahora amenaza con avivar el cisma entre las dos máximas instancias masónicas del país, la Gran Logia y el Supremo Consejo del Grado 33. 

La mediación de Diego, eterna apparatchik del régimen en este cargo, supone que el problema masónico ya está en manos del Partido Comunista y no del Ministerio de Justicia, cuyo Registro de Asociaciones ha fracasado en resolver la crisis a través de sucesivas intervenciones. Para el historiador y masón exiliado Gustavo E. Pardo Valdés, el Partido tiene un objetivo claro: crear la imagen de que “la Oficina de Asuntos Religiosos es conciliadora y salvadora de la unidad masónica”. 

Según Pardo, varios de los masones en la Isla opinan que el Partido sacará del intercambio “una ventaja y un beneficio”. En cualquier caso, explica, el encuentro –que tendrá lugar en la sede del gobierno provincial de La Habana– será “muy interesante”. “A esta reunión han sido ‘invitados’ los masones de la capital. Ahí se podrá conocer o intuir quiénes se encuentran detrás de este caos”, señala Pardo.

Atrincherado en su oficina y con el apoyo de varios altos funcionarios que reconocen su autoridad –entre ellos su secretario, Juliannis Reinaldo Galano– Urquía Carreño ha seguido legislando y emitiendo decretos contra las logias que se le oponen. La semana pasada, al menos 200 masones de varias provincias pidieron al Gran Maestro que saliera de su despacho y encarara a quienes pedían su renuncia de forma pacífica. Su respuesta llegó días después. 

Cuatro decretos, firmados por Urquía Carreño y ratificados por Galano, sancionaban con una medida de suspensión a sendas logias que se negaron a aceptar su autoridad. Son las logias Evolución, de Artemisa; y Carlos Manuel de Céspedes, General Guillermo Moncada y Luz, de La Habana. 

Según Pardo, la masonería cubana lleva varios meses naufragando por graves errores éticos y jurídicos de sus miembros, no solo del Gran Maestro. Las cuatro logias que acordaron el no reconocimiento de Urquía Carreño actuaron, a la luz de la Legislación Masónica, de forma ilegal, fueran cuales fueran sus intenciones. 

Pardo defendía este criterio en un artículo publicado el pasado domingo, en el que recordaba a los masones cubanos que estaban atados por obediencia a la persona sentada en la Gran Logia. Eran otros los recursos legales a los que había que recurrir para librarse de Urquía Carreño, y violar el Código Masónico, subraya, solo complica la situación. 

“Urquía Carreño es el Gran Maestro con todas las atribuciones que marca la Constitución Masónica”, resume Pardo. Hasta que se logre su salida del puesto por las vías legales, tiene derecho de permanecer allí, añade. 

Pardo alude al Título VIII de la Constitución Masónica, que prevé que para destituir a un Gran Maestro es necesario que no menos de 50 logias formulen una acusación, que se envía al presidente de la Corte Suprema de Justicia Masónica. 

Luego de que la Corte Suprema analice el caso, se nombrará a un juez instructor, que tomará las declaraciones pertinentes y elevará el resultado al presidente de la Corte. La decisión tendrá que ser aprobada por al menos las dos terceras partes de los miembros de la Gran Logia, que conformarán el Gran Jurado. Este proceso no se respetó.

No se sabe a ciencia cierta cuántos masones apoyan al actual Gran Maestro. En La Habana, explica Pardo, hay 111 logias en las cuales operan, aproximadamente, una tercera parte de los masones cubanos. “Si se observa con cuidado la grabación de la protesta en el edificio de la Gran Logia, se ve que hay de 140 a 200 masones, muchos de ellos miembros del Supremo Consejo”. 

La masonería cubana cuenta con un total de 324 logias activas y alrededor de 20.000 miembros

La masonería cubana cuenta con un total de 324 logias activas y alrededor de 20.000 miembros. El Supremo Consejo, por su parte, tiene entre 3.500 y 4.000 miembros en todo el país, según Pardo. Desde 2010, cuando se supo que el Gran Maestro Manuel Collera Vento era en realidad un agente de la Seguridad del Estado, la masonería ha perdido alrededor de 9.000 miembros. “Ahora ocurrirá algo parecido, porque aumentará el control del Partido”, valora. 

Para formar parte del Supremo Consejo hay que pasar antes por los tres primeros grados –aprendiz, compañero y maestro–, que es lo que se conoce como masonería simbólica. Esos tres pasos son el fundamento de la masonería y están bajo la autoridad de la Gran Logia. Un masón no puede pertenecer al Supremo Consejo sin estar afiliado a la Gran Logia, de ahí lo complicado que puede ser un cisma entre ambos cuerpos masónicos, detalla Pardo. 

“De hecho, si el Gran Maestro lo decreta, los miembros de la masonería simbólica no pueden visitar al Supremo Consejo, y este ni siquiera tendría templos para realizar sus trabajos”, analiza. 

Entre los masones cubanos hay quien ha recomendado que el Supremo Consejo se separe definitivamente de la Gran Logia y constituya un cuerpo masónico aparte –lo que se denomina Gran Oriente–. Para Pardo, este camino sería un error. Si el Supremo Consejo realizara esta maniobra, se convertiría en un Gran Oriente irregular, que empezaría con el pie izquierdo y no tendría el más mínimo crédito ante la masonería internacional. 

“Ni siquiera les pertenece el local donde radican sus oficinas”, dice Pardo. “Incluso el edificio del Supremo Consejo en Jovellar 164, entre Espada y San Francisco, pertenece a la logia Washington, subordinada a la Gran Logia”. De hecho, observa Pardo, cuando Urquía Carreño suspendió el Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento entre ambos cuerpos masónicos convirtió al Supremo Consejo, en la práctica, en una institución irregular a los ojos de la masonería internacional. 

Hay una manera de librarse de Urquía Carreño y es la Ley Masónica. No ha sido esa la vía que ha escogido el Supremo Consejo para hacerlo. En opinión de Pardo, la alta instancia ha cometido un error tras otro, comenzando por la gestión del dinero del Asilo Masónico Llansó, cuyo robo desencadenó la crisis. 

Pardo es tajante: “Hubo una violación del reglamento del Asilo por parte de José Ramón Viñas, que preside el Asilo y el Supremo Consejo”. Viñas, que ha estado en la mirilla de la Seguridad del Estado por sus críticas al Gobierno, fue quien acusó a Urquía Carreño del robo de los 19.000 dólares. Desde entonces, ambos altos funcionarios han estado en pugna. 

“Hubo una violación del reglamento del Asilo por parte de José Ramón Viñas, que preside el Asilo y el Supremo Consejo”

“El Asilo tenía la obligación de depositar su tesoro –sus fondos– tanto en moneda nacional como en divisas en la dependencia del banco estatal que le correspondía. ¿Quienes participaron en esa violación? Viñas y su junta de gobierno, que acordaron depositar la divisa en la caja fuerte que existe en el despacho del Gran Maestro”, analiza Pardo.

“¿Por qué no se guardó el dinero en la caja fuerte de la Gran Tesorería? ¿Tal vez porque dicho dinero no era propiedad de la Gran Logia? Los masones sabemos que los caudales de la institución se manejan de la forma que mejor convenga a los funcionarios encargados de ellos. Pero esto abrió la posibilidad de que Urquía Carreño, que no es un santo, fuese utilizado como chivo expiatorio para desencadenar la actual crisis”, reflexiona. 

Si algo ha quedado claro en siete meses de tensiones es que el problema ya no es solo masónico. El Gobierno ha tratado de intervenir –primero desde lo legal, ahora desde el Partido– y ha detenido o intimidado a varios masones opositores de Urquía Carreño, como el escritor Ángel Santiesteban. 

Pardo no tiene dudas de que la Oficina de Asuntos Religiosos y la Seguridad del Estado tiene gran parte de la responsabilidad en la crisis. “Desde 1959”, explica, “la infiltración en la masonería ha sido un objetivo de los órganos estatales. Ya vemos que esta práctica está rindiendo sus frutos”.