Las crónicas de la prensa oficialista destapan el uso de la violencia armada por los ladrones de ganado

La Habana/En su empeño por disuadir a los matarifes, la prensa oficial publica casos cada vez más graves de hurto y sacrificio de ganado, aunque hasta el momento no se ha demostrado que estas advertencias sean efectivas. Esta semana, redactado como si fuera un cuento de ficción, Girón narraba la historia de A, B y C, tres delincuentes que, para robar seis caballos en 2022, llegaron a disparar perdigones al custodio de una finca.

Condenados a diez, ocho y nueve años de cárcel respectivamente en 2023, los tres hombres –dos de ellos hermanos– han servido como claro ejemplo de lo que ocurre con quienes trafican con los bienes del Estado.

Según Girón, que no se resiste a dar una nota de historia de suspenso al crimen, los acusados llegaron a caballo la noche del 8 de junio de 2022 a la finca Jorge, en Los Arabos (Matanzas), cargados con “lámparas y linternas, sacos, machetes, cuchillos, máscaras para cubrirse los rostros y armas largas”. Cortaron el alambrado y avanzaron hasta el custodio, que, incluso con un machete en mano, no pudo hacer nada para impedir el hurto. “Le manifestaron en tono amenazante que se iban a llevar los caballos que cuidaba y que no se opusiera”, explica el medio.

Los matarifes lograron llevarse seis animales valorados, según los tribunales, en 110.000 pesos

No obstante, el hombre no se quedó quieto y, cuando quiso impedir que enlazaran a los animales, “uno de los intrusos lo acorraló con el caballo que montaba contra el cercado del potrero y le disparó, provocándole impactos de perdigones en la pierna izquierda”. 

“El herido comenzó a pedir auxilio al custodio de una finca vecina, por lo que los atacantes se retiraron. Sin embargo, al ver que solo había acudido una persona, regresaron y reiniciaron el enlace de los animales. Al mismo tiempo, les gritaban a ambos guardianes que, si no se iban, les tirarían de nuevo con las escopetas, lo que motivó que estos se retiraran de allí para tratar, además, la pierna lesionada”, prosigue Girón.

Los matarifes lograron llevarse seis animales valorados, según los tribunales, en 110.000 pesos, y los sacrificaron junto a otros dos de origen todavía desconocido en la finca Jorge. Una vez terminado el trabajo, “envasaron las carnes en sacos, y dos de los imputados contactaron por vía telefónica con otros dos acusados, D y E, que recogieron la mercancía y la transportaron en autos rentados”, añade el medio. 

Parte de la carne, seis sacos, fue despachada para La Habana y otras 745 libras fueron vendidas a 140 pesos por uno de los imputados.

Parte de la carne, seis sacos, fue despachada para La Habana y otras 745 libras fueron vendidas a 140 pesos

Por los delitos de sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de la carne en la modalidad de transportación, D y E fueron sancionados con cuatro años de prisión y trabajo correccional sin internamiento. 

En 2022, el último año del que se tienen los datos pese al reciente ejercicio de control al ganado y las tierras que realizó el Estado, Matanzas fue el tercer territorio con más animales sacrificados ilegalmente de la Isla, 8.150, casi tres veces más que un año antes, cuando se reportaron 2.926. A la cabeza de la lista están Villa Clara, con 12.243 animales destazados en 2022, y Holguín, con 9.825.

Pese a la ausencia de datos, los delitos ganaderos en la provincia siguen teniendo un fuerte impacto en la producción. Durante la fiscalización de los campos, las autoridades de Matanzas llegaron a una conclusión: la caída de la masa de animales y de las cantidades de leche solo ocurría en los registros estatales. Con apenas el 50% de los campesinos y tenientes de tierras inspeccionados, la provincia vivió una recuperación del 24,8% de la natalidad –3.200 animales– y pudo exigir otros 53.760 litros de leche a los guajiros.

Que el 82,9% del ganado en la provincia, el 80,5% de las vacas y el 88% de la producción total de leche estén en manos de privados también hace desconfiar a las autoridades, que acusan con frecuencia a los productores de incumplir los contratos y sacrificar animales sin los debidos procedimientos.