En el juicio por el 11J en Cuba, dos abogados critican las pruebas y los testigos de la Fiscalía

La Habana/(EFE).- Al menos dos abogados de 15 manifestantes del 11J —las mayores protestas en Cuba en décadas— criticaron este jueves en pleno juicio los procesos judiciales en contra de quienes protestaron contra el gobierno el 11 de julio de 2021.

Según pudo saber EFE por una fuente que estuvo en la sala, en el segundo día de audiencia en el tribunal habanero en el que se juzgaba a 15 personas por los presuntos delitos de "atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir", los letrados cargaron contra las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía.

La fuente se dijo "sorprendida" al ver el posicionamiento de los abogados. "Todos son del Estado, ninguno de ellos es independiente... tengo que decir que temo por su seguridad", añadió.

La fuente se dijo "sorprendida" al ver el posicionamiento de los abogados. "Todos son del Estado, ninguno de ellos es independiente... tengo que decir que temo por su seguridad"

De acuerdo con esta persona, uno de ellos dijo: "Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito".

Asimismo, otro letrado citó la icónica frase del poeta y héroe nacional de Cuba, José Martí, según esta misma fuente: "Con todos y para el bien de todos".

Esta misma fuente afirmó a EFE que la Fiscalía ha retirado a todos los encausados los delitos de "atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir" de su acusación y mantenido solamente el de "sedición".

Este cambio provocó molestia entre los letrados, porque este tipo penal implica "una intención de desestabilizar el orden del Estado", según el Código penal.

Según argumentaron, esto no se sostiene en el caso de los 15 acusados porque participaron en una manifestación que ocurrió en el municipio habanero de Diez de Octubre, lejos de alguna de la sedes de los poderes, como sí sucedió en las protestas afuera del Capitolio.

Uno de los rostros visibles en este juicio es el joven Jonathan Torres, quien tenía 17 años en el momento de los hechos. Originalmente se solicitaba para él una pena de ocho años, que ahora ha cambiado a una que podrá ser subsidiada con trabajo correccional sin internamiento. "A Jonathan le están pidiendo cinco años de sanción subsidiada, o sea de la casa al trabajo, de la casa a la escuela”, explicó Orlando Ramírez, su padrastro.

Ramírez reveló a Martí Noticias que, con anterioridad, la Fiscalía había argumentado que las autoridades no habían usado armas de fuego al enfrentar a los manifestantes el 11J. Sin embargo, un testigo presentado por el Ministerio Público, un mayor, dijo que "efectivamente, algunos de sus compañeros tenían armas de fuego y él había escuchado disparos".

Según contó el padrastro de Torres, la petición de penas se ha incrementado en algún caso, como el de Dayana Camejo Ramos, la única mujer imputada en el caso. "A ella le pedían siete años y ahora 10"

Según contó el padrastro de Torres, la petición de penas se ha incrementado en algún caso, como el de Dayana Camejo Ramos, la única mujer imputada en el caso. "A ella le pedían siete años y ahora 10", indicó.

De acuerdo con la primera petición del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE y está fechada el 30 de diciembre del año pasado, los procesados llevaron a cabo acciones "de una violencia sin límites".

Según recoge el escrito, se les señala por lanzar "piedras, botellas, maderos y otros artículos" a la policía y gritar consignas contra el Gobierno cubano y el presidente, Miguel Díaz-Canel.

Los procesados oscilan entre los 51 y los 17 años. Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese año.

Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Ni los medios extranjeros ni la prensa independiente tienen acceso a los juicios.

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