Un grupo de cubanos pide autorización para manifestarse el 20 de noviembre en La Habana

La Habana/Con la reapertura del turismo y las escuelas, prevista para mediados del próximo noviembre, se abre una vía a la reactivación de las protestas ciudadanas. Un grupo de artistas e intelectuales que participó en las manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio ha pedido autorización para una marcha contra la violencia el próximo sábado 20 de noviembre en la que prevén exigir que se respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas.

El colectivo se reúne bajo el nombre de Archipiélago y está liderado por el dramaturgo y actor Yunior García Aguilera, la carta presentada a las autoridades este martes la firman el cineasta Raúl Prado Rodríguez, el actor Reinier Díaz Vega y la editora Miryorly García Prieto, entre otros.

La marcha, de ser aprobada, discurrirá por el Paseo del Prado, desde su inicio en la avenida de Malecón, en La Habana Vieja, hasta la calle Monte, pasando por la estatua de José Martí en el Parque Central, donde depositarán una ofrenda floral y pocos metros después también harán una concentración frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento cubano.

Los firmantes han enviado la petición a Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, y Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja. En ella exponen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.

Los firmantes del documento también recuerdan que la Constitución cubana de 2019 “reconoce” los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos; y que ninguna ley vigente en Cuba impide o limita la posibilidad de marchar.

Solicitan que se permita realizar el acto, que duraría tres horas aproximadamente y puede acoger, calculan, a unos 5.000 manifestantes

Por esos motivos, solicitan que se permita realizar el acto, que duraría tres horas aproximadamente y puede acoger, calculan, a unos 5.000 manifestantes. "Hacemos esta solicitud con suficiente tiempo de antelación para su aprobación. En caso de no recibir respuesta oportuna, pertinente y fundamentada, daremos por aprobada esta solicitud", anuncian.

Los solicitantes aseguran que se comprometen a garantizar el carácter pacífico de la marcha y que mantendrán las medidas anticovid que sean requeridas, pero también piden que, a cambio, se permita no solo discurrir la manifestación, sino mantener las telecomunicaciones abiertas y no restringir la libre circulación de los ciudadanos.

Las autoridades acostumbran a situar patrullas en los domicilios de activistas o periodistas cuando saben que hay una convocatoria formal o informal y, en ocasiones, les impiden salir de casa o, directamente, los llevan a las estaciones policiales si intentan romper ese cerco.

Además, los cortes de internet con el fin de evitar la difusión de información o que circulen imágenes de las protestas son habituales, como ocurrió los pasados 11 y 12 de julio durante las protestas antigubernamentales, en las que se produjeron más de 700 detenciones, además de un muerto. La red móvil de Etecsa estuvo sin funcionar con normalidad durante al menos tres días.

La solicitud se realiza con dos meses de antelación y para una fecha en la que podrían volver no solo los viajeros internacionales y las escuelas, sino algunos servicios de ocio y gastronomía que podrán empezar a funcionar si los datos de contagios de covid-19 mejoran.

Así lo indicó este lunes Manuel Marrero, que pidió que la reapertura en la Isla sea gradual en función de los datos de cada territorio. El primer ministro dijo este lunes que las autoridades locales deberán preparar el diseño de sus estrategias y añadió que donde la situación epidemiológica sea mala no se abrirá "por ahora".

Este martes, el Ministerio de Salud Pública situó en 63 las muertes y en 8.289 los nuevos casos de coronavirus. El porcentaje de positividad se eleva una vez más hasta el 16% y en algunas provincias es extremadamente alto, como en Sancti Spíritus (36,2%), Camagüey (35,7%) y Pinar del Río (26,8%).

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