Cuba ya no es tan segura, admiten altos cargos del Gobierno

Madrid/El programa Mesa Redonda convocó este jueves a un grupo de altos funcionarios para hablar de la violencia y la inseguridad, dos de las preocupaciones que han irrumpido con más fuerza entre los ciudadanos en los últimos años. El elenco de invitados lo formaban el coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía; Miriam Marbán González, primera vice contralora general; Marcos Caraballo de la Rosa, vicefiscal general de la República, y Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

Perdido el monopolio informativo y puestos al descubierto los problemas de seguridad que también afectan a la Isla, las autoridades han tenido que hacerse cargo de los hechos y admitir que Cuba no es tan segura como llevan décadas diciendo.

Transparencia, pero no tanta, piensa la Policía, que últimamente ha optado por la técnica de facilitar en televisión los porcentajes de los delitos juzgados –y no los denunciados–, sin ofrecer la cifra total. Así, Caraballo de la Rosa desgranó este jueves los datos de causas penadas, a saber: un 94% de los imputados por violencia machista fue condenado a más de 25 años de prisión. 

De estos delitos se sabe que hubo 182 órdenes de alejamiento y 14 suspensiones de guarda de menores

De estos delitos se sabe que hubo 182 órdenes de alejamiento y 14 suspensiones de guarda de menores. También hubo una cifra concreta al hablar de corrupción: 122 casos desembocaron en una prohibición para trabajar en el sector afectado. “Además hemos confiscado autos o viviendas y realizamos doce juicios ejemplarizantes. A 702 sancionados con penas que no implican el internamiento se les ha revocado esta medida, a partir de las acciones de control que también llevamos a cabo para aplicar la mayor justicia posible”, agregó Sosa Ravelo. 

Esas fueron las escasamente significativas cifras ofrecidas, porque el resto volvieron a ser porcentajes. El 96% de los acusados de cualquier delito son sancionados, lo que prueba para la jueza lo bien que se ejecutan las investigaciones. El 78% “de los hechos más graves” recibe internamiento, añadió, aunque dado que no especificaba si se refería a delitos violentos o económicos, es más complejo, aún, saber qué tipo de personas son ese 22% restante que queda libre. Sí puntualizó que en trata de personas y violencia machista la tasa de reclusión es del 100% y, sin dar razón de por qué, del 98% para los asesinatos. 

Otros porcentajes de internamiento que facilitó Sosa Ravelo, en un aluvión inútil de cifras, fueron los de tráfico de drogas (95%), robos con violencia y la corrupción de menores (94%), hurto y sacrificio de ganado mayor (91%) y tráfico de divisas en el (90%). Solo 18% de los imputados salen del juzgado con “medidas alternativas” y un 4% con multas, pese a lo cual, Sierra Arias insistió ampliamente en que la Policía aplica un enfoque preventivo y no solo punitivo. 

El peso del programa recayó sobre él, esforzado en defender que “el bloqueo tiene un impacto en la vida cotidiana” que incide en el delito. Eddy Sierra Arias está, cabe recordar a estas alturas, sancionado por el Departamento de Estado por la represión del 11J. El oficial hizo una extensa disertación sobre los diversos delitos que afectan a Cuba, que son, como en la mayoría de países, los económicos, los violentos o el tráfico de drogas, con la salvedad de unos más autóctonos: los que se cometen contra el ganado. En este sentido, extendió la responsabilidad también a los propios productores, alertando de la cantidad de falsificaciones y violaciones de las normas que han salido a la luz durante el censo ganadero.

Hay "manifestaciones de indisciplina social, derivadas del resquebrajamiento de valores en la sociedad en algunos sectores de la población"

Sierra Arias alertó de que hay “manifestaciones de indisciplina social, derivadas del resquebrajamiento de valores en la sociedad en algunos sectores de la población”, una cuestión que necesita abordarse. Así, destacó que hay un “tema que es vital”: el impacto de las redes sociales “en la intención y en el empleo que muchas veces se les da, dirigido a generar un estado de agravamiento, de inseguridad”. De ello responsabilizó a las “plataformas enemigas” y pidió a la población que sea consciente para combatirlo. 

“Se busca sembrar el odio, que la población rechace a los agentes de la autoridad, sobre todo a las autoridades policiales, buscan fragmentar esa unidad entre el pueblo y nuestra institución como baluarte esencial para este combate”, alegó. No especificó a qué se refería con las acciones que han llevado a cabo para “la contención de un grupo de figuras priorizadas”, aunque cabe suponer que se refiriera tanto a la política de difusión de los propios mensajes del régimen –a través de cuentas como Fuerza del Pueblo– y la aplicación de leyes que castigan la crítica al Gobierno manifestada a través de la mera interacción en redes. 

Menos interesante resultó la intervención del vicefiscal general de la República, que apenas participó para proclamar lo garantista del sistema jurídico cubano, pero la primera vice contralora dejó una de las frases de la noche. Miriam Marbán González dijo que “la batalla en la prevención y el enfrentamiento de las indisciplinas, ilegalidades y la corrupción está liderada por el Partido”, pocos días después de que saliera a la palestra uno de los casos más recientes de malversación, que ha acabado con la empresa de alimentación municipal en Guantánamo.

La funcionaria indicó que entre un 20% y un 30% de las operaciones de control que se realizan tienen un resultado “deficiente o malo” y desveló que se prioriza la fiscalización de los negocios que tienen inversión extranjera, aunque también se revisan, por sectores, las empresas estatales, como se hará en septiembre y octubre con el turismo, incluyendo a los proveedores.

“Hay un deterioro de los valores éticos de las personas que se involucran en este tipo de conductas. Hay un deficiente autocontrol en estas entidades y falta de supervisión de los niveles administrativos”, adujo. Sin embargo, alegó que en el más del 76% de los casos se aplican duras medidas disciplinarias, como la “separación del sector”. “Cuando se detecta un presunto hecho delictivo, se elabora el informe especial y se presenta a los órganos competentes del Ministerio del Interior y la Fiscalía. No hay impunidad”, dijo. 

En la mente de todos quedó el ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, cuya situación sigue siendo un misterio.