Cuba lanza una ley de "soberanía alimentaria" en medio de la crisis para conseguir comida

La Habana/La "alimentación sana y adecuada" ya es un derecho en Cuba, o al menos así lo determina la Ley 148/2022 del Parlamento y el Decreto 67/2022, firmado por el Consejo de Ministros. En un momento en que el país roza la hambruna, y cuando ni el dinero ni las colas garantizan la obtención de comida, el Gobierno hace pública su Ley de Soberanía Alimentaria.

Poco se hace en la práctica por este derecho, avalado también por la Constitución, mientras la reciente normativa, accesible desde este jueves en la Gaceta Oficial, detalla un plan de "seguridad alimentaria y nutricional" y regula "la organización de los sistemas alimentarios locales".

La ley, aprobada por la Asamblea del Poder Popular en mayo de este año, se complementa con un decreto ministerial que define su cronograma de aplicación. Aunque entrará en vigor en octubre, distintos organismos y productores deberán analizar el contenido de este cuerpo legal en su contexto municipal y provincial.

Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, aseveró durante una conferencia de prensa que la ley prestará atención a los procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos. El texto recorre, además, la posibilidad de una autonomía productiva en los municipios y un manual de buenas prácticas alimentarias.

Cruz Legón prevé que la ley contribuya a aliviar la grave situación alimentaria del país, para lo cual se crearán comisiones de implementación y asesoría a distintos niveles. Sin embargo, la correcta puesta en marcha de ese plan se ve entorpecida por las distintas burocracias agrarias en las provincias y por el desinterés administrativo del Gobierno.

La ley, aprobada por la Asamblea del Poder Popular en mayo de este año, se complementa con un decreto ministerial que define su cronograma de aplicación

Algunos analistas, como Elías Amor Bravo, ya previeron la posibilidad de que el documento sea apenas una jugada diplomática del Gobierno cubano, señalado a nivel internacional por su incapacidad de garantizar condiciones para una adecuada alimentación.

"Se tiene la impresión que esta ley del régimen tiene como finalidad tratar de sacar a Cuba de la vergonzosa lista de países que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas la incluyó como potencial víctima de inseguridad alimentaria allá por 2019, situando en dicho informe a Cuba al mismo nivel que Haití", afirmó en mayo el economista.

Según Amor, es necesario considerar que "aquella evidencia fue un duro golpe internacional para los comunistas cubanos, que se sacaron de la chistera esta ley, implementada gracias a fondos procedentes de la Unión Europea bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para intentar cambiar la percepción de Naciones Unidas".

La vida cotidiana en la Isla, no obstante, apenas se verá beneficiada por la nueva ley. La carencia de productos, la falta de mantenimiento en las fábricas, la corrupción del sector agrícola y gastronómico, el poco incentivo laboral y los obstáculos legales a productores y comerciantes no permiten "destrabar" el dilema alimentario cubano.

La Ley 148/2022 define la soberanía alimentaria como la "capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental".

En agudo contraste con este concepto, la realidad de la Isla dista mucho de ser la utopía de abundancia y efectividad que pregonan el Gobierno y su nueva ley.

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