'Cubanet' denuncia una "ola de acoso" del régimen contra sus colaboradores en la Isla

La Habana/Un grupo de periodistas y colaboradores de Cubanet ha sufrido en los últimos días “amenazas, intimidación, detenciones y confiscación de bienes de trabajo y dinero”. Así lo hizo saber el medio en una alerta publicada este jueves, en el que advertían sobre la “escalada represiva” del régimen tras la entrada en vigor, esta semana, de la Ley de Comunicación Social. 

Cubanet no reveló la identidad de ninguno de los afectados, “para evitar mayores represalias”, pero denuncia que fueron amenazados con “altas penas de prisión” o bien con perjuicios a sus familiares. También han sido filmados por agentes durante horas –algo que califican “de tortura psicológica”– y se les arrebataron dispositivos electrónicos y ahorros. 

Si bien admite que se trata de una “táctica común” de la Seguridad del Estado, Cubanet llama la atención sobre la “creciente ola de acoso” no solo contra los periodistas independientes, sino también contra opositores que denuncian públicamente la crisis del país. 

El objetivo de la policía política –“suprimir voces críticas y evitar la difusión de información no controlada por el Estado”– sigue siendo el mismo, pero con la entrada en vigor de la ley tienen una herramienta legal más para reprimir, señalan. Se trata de un “nuevo instrumento de las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información”, que ha sido condenado por varios organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.

El objetivo de la policía política es “suprimir voces críticas y evitar la difusión de información no controlada por el Estado”

Lo cierto es que, pese a la entrada en vigor de la ley, la situación de la prensa independiente sigue siendo tan vulnerable y peligrosa como la del día anterior. El ejercicio del periodismo no estatal ya era penado por la Constitución, el Código Penal y el Decreto Ley 370. 

No se podrá exigir respuestas a los dirigentes –un derecho reservado a los reporteros estatales– y toda información crítica que se brinde se considera un acto de “agresión comunicacional que se desarrolla contra el país” o una instigación al “terrorismo y la guerra en cualquiera de sus formas y manifestaciones, entre ellas la ciberguerra”. Tampoco brinda nuevas herramientas de castigo, pues no recoge posibles sanciones para quien infrinja la ley y remite a otros documentos para resolver cada caso. 

Pese a ello, ya varios periodistas independientes han publicado en sus redes sociales declaraciones que dan a entender que han sido intimidados y obligados a renunciar a su trabajo. Fue el caso de Yennys Hernández y Annery Rivera –colaboradoras de varios medios como Periodismo de Barrio o Cuba Próxima–, que renunciaron este jueves “a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano”. 

La situación es análoga a la que se produjo en septiembre de 2022, cuando al menos 16 miembros del equipo de El Toque residentes en Cuba fueron obligados a renunciar a su labor en el medio. En aquel momento, sus directivos denunciaron  la "insistencia enfermiza" de la policía política cubana para conseguir "confesiones" en video de parte de los periodistas, que luego manipularon y transmitieron en Televisión Cubana. 

Durante los últimos meses, varios colaboradores de Cubanet han sufrido acoso frontal por parte de la Seguridad del Estado. Fue el caso del periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, que este jueves hizo responsable a la Seguridad del Estado de “cualquier cosa” que le sucediera tras la “escalada represiva” del régimen. En vísperas del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, Tan Estrada fue detenido e interrogado. Se le prohibió en aquel momento asistir a lugares públicos bajo amenaza de ir preso por desobediencia y desacato, y publicar declaraciones sobre la fecha en sus redes sociales. 

No obstante, Tan Estrada contó en su página de Facebook el relato de su detención. Mientras se conectaba a internet en el parque Agramonte de la ciudad de Camagüey, fue abordado por una agente de la policía política que lo detuvo arbitrariamente. Fue trasladado en una patrulla hasta la Tercera Unidad de Monte Carlos de la Policía Nacional Revolucionaria donde fue amedrentado. “Me hicieron una carta de advertencia, la cual no firmé”, aseguró. 

También han sido acosados en varias ocasiones la periodista Camila Acosta y su pareja, el escritor Ángel Santiesteban, por denunciar la implicación de la Seguridad del Estado en la crisis que durante nueve meses hizo tambalear la cúpula de la masonería cubana. A Acosta se le deben los primeros reportes sobre el robo, el pasado enero, de 19.000 dólares de la oficina del Gran Maestro Mario Urquía Carreño. 

La cobertura que Acosta realizó de varias reuniones de los masones la puso en la mira de la ofensiva que varios voceros del régimen, como el llamado Guerrero Cubano, realizó contra la prensa independiente. El Guerrero Cubano no solo intentó desacreditar el trabajo de Acosta, sino su vida personal, divulgando rumores e información falsa. 

La cobertura que Acosta realizó de varias reuniones de los masones la puso en la mira de la ofensiva que varios voceros del régimen

Santiesteban, por su parte, fue brevemente detenido en julio y acusado, por parte del youtuber oficialista, de “revelar asuntos masónicos a los profanos”, es decir, a los no iniciados en la orden. Acosta denunció la detención como “una afrenta directa a la masonería” y acusó a la Policía de darle a la protesta del 23 de julio –en que los masones exigieron explicaciones por el robo a Urquía Carreño– “una connotación política” para justificar la detención de varios masones críticos con el régimen, como Santiesteban. 

El Guerrero Cubano lanzaba sobre Acosta y Santiesteban, además, una acusación ya habitual: que todo periodista independiente es un agente encubierto de la CIA.