Los cubanos deberán esperar a 2025 para que entre en vigor la Ley de Acceso a la Información
El régimen no tiene prisa para "suprimir el exceso de secretismo" admitido por el propio Raúl Castro
La Habana/Una petición de Raúl Castro hace 15 años –”suprimir el exceso de secretismo”– fue citado como leitmotiv a la hora de redactar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada este jueves en el Parlamento. El documento respalda, al menos en teoría y por primera vez en la historia legal del país, el derecho de los cubanos a obtener información oficial de forma “veraz, objetiva y oportuna”.
Este derecho forma parte de la Constitución –está prescrito en los artículos 53, 97 y 101– pero hasta ahora ha sido ignorado por el Estado. La queja por la falta de información ha llegado incluso a la prensa oficial, que ha lamentado que las autoridades sean herméticas a la hora de ofrecer datos y cifras que fundamenten las noticias.
El caso emblemático, el año pasado, fue el del número de feminicidios. Al menos dos diarios oficialistas –Girón y Escambray– describieron las dificultades para abordar el tema cuando ninguna autoridad entrega la cifra total de mujeres víctimas de violencia machista. Invasor, por su parte, fue mucho más frontal al describir el “inventario de silencios” del Estado e invocaba –por no poder ofrecer información veraz– la Ley de Comunicación, aprobada en 2023, "habida cuenta de que ministerios, grupos empresariales y direcciones de organismos habían parcelado a su conveniencia quién, cómo, cuándo y qué decir".
Este derecho forma parte de la Constitución –está prescrito en los artículos 53, 97 y 101– pero hasta ahora ha sido ignorado por el Estado
Supuestamente, la ley –explicada este jueves por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz– obligará a “los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública” a responder a quienes pidan información. El texto, afirmó Martínez Díaz, se basa en la lectura “comparada” de otras 123 leyes internacionales y en 11 decretos aprobados en Cuba, que tocan el tema.
En la presentación, el ministro citó varias veces a Castro para recordar que, pese a la existencia de la ley, “siempre un Estado tendrá que mantener un lógico secreto en algunos asuntos, eso es algo que nadie discute”, si bien, consideraba, “es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión”.
La normativa, a la que según Martínez Díaz prestó especial atención Miguel Díaz-Canel, se dirige al “sistema de registros públicos, la gestión documental y archivos, el sistema de información de Gobierno, la informatización de la sociedad, la protección de datos personales y la comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos”.
“Transparentar la gestión” estatal implica, según el ministro, usar más la tecnología en la Administración Pública y que la gente cuente con una “amplia disponibilidad de información pública sobre sus actuaciones, por todos los medios posibles, sin que medie una solicitud”. Entiende que hay “sujetos obligados” a responder a esta ley en particular, entre los que cuentan a los “órganos superiores del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas y adscritas; las entidades provinciales y municipales y otras entidades y empresas nacionales, que prestan servicios públicos”.
Supuestamente, la ley obligará a “los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública” a responder a quienes pidan información
La ley, como advirtió el ministro, prevé la limitación de la información por “causas excepcionales”: si se trata de datos clasificados, si su divulgación se considera un “peligro, afectación o violación para la sobernaía, defensa y seguridad nacional”, si viola los derechos de propiedad intelectual o daña el medio ambiente. “Los solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden”, explica el texto. “Hacerlo indebidamente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente”.
La ley entrará en vigor a los 180 días hábiles de su publicación en la Gaceta Oficial y está por ver en qué medida la respetarán los “sujetos obligados”. Hasta ahora, la política ha sido la de “callo, después informo”, como sintetizaba hace un año Escambray. "Cada zancadilla en el acceso a la información es un paso más a la censura", decía entonces el periódico oficialista al denunciar el muro de hielo que los dirigentes tenían “orientado” levantar entre la realidad y la prensa.