Ya son 28 los cubanos multados por la 'ley azote'

La Habana/A finales de marzo pasado, la periodista Camila Acosta acudió al quinto interrogatorio con agentes de Seguridad del Estado en solo cuatro meses: todo un récord para una joven reportera de apenas 27 años y graduada hace cuatro.

Allí se reencontró con el "mayor Alejandro", un hombre de tez blanca, de unos 40 años, conocido por hostigar a las periodistas o activistas de La Habana. "Con los hombres se comporta distinto, no los confronta ni los intimida", cuenta Acosta, redactora de Cubanet.

Unas semanas atrás, este mismo agente le había quitado el celular sin ninguna orden y le advirtió que se volverían a ver. Por eso, la reportera no se sorprendió al verlo entrar al cuarto de interrogatorios junto con otros tres funcionarios del Ministerio de Comunicaciones.

Allí se reencontró con el "mayor Alejandro", un hombre de tez blanca, de unos 40 años, conocido por hostigar a las periodistas o activistas de La Habana. "Con los hombres se comporta distinto, no los confronta ni los intimida", cuenta Acosta, redactora de Cubanet.

Allí se reencontró con el "mayor Alejandro", un hombre de tez blanca, de unos 40 años, conocido por hostigar a las periodistas o activistas de La Habana. "Con los hombres se comporta distinto, no los confronta ni los intimida

Unas semanas atrás, este mismo agente le había quitado el celular sin ninguna orden y le advirtió que se volverían a ver. Por eso, la reportera no se sorprendió al verlo entrar al cuarto de interrogatorios junto con otros tres funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y puso sobre el escritorio una carpeta con varias impresiones de publicaciones recientes de la periodista en Facebook.

Entre las hojas estaban las citaciones policiales a los interrogatorios que ella había denunciado en su perfil como violación a sus derechos, una captura de pantalla de una historia en Cubanet sobre la represión policial en Centro Habana y un meme que definía a Fidel Castro como "el virus que arrasó con Cuba: el Castrovirus".

Según la periodista, Alejandro argumentó que no tenía derecho a compartir esas publicaciones porque no era periodista estatal y podía ser procesada por "usurpación de funciones".

"Yo intentaba debatir con él, le daba argumentos y él se quedaba sin respuestas", dijo Acosta en referencia al interrogatorio. "Él cambiaba el eje de la conversación hacia las amenazas".

La "entrevista" culminó con una multa de 3.000 pesos y el decomiso, ahora oficial, de su teléfono celular. "Estoy consciente de que me pueden quitar mi teléfono y multar de nuevo porque el propio agente me amenazó con eso cada vez que saliera a la calle a trabajar", dijo la periodista que se quedó preocupada por una amenaza seria que Alejandro le anunció pero, aun así, se negó a pagar la multa.

En el último interrogatorio, su plan era hablar lo menos posible, no permitir que la perturbaran, mantenerse inmutable y no dar señales de preocupación. Según la periodista, el oficial la amenazó diciéndole: "Cuando salgas de aquí voy a llamar a mis colegas de la Isla de la Juventud para que visiten a tu familia. Sabemos que tus abuelos están delicados de salud. Lo que le pase ellos, de ahora en adelante, será tu culpa".

"Cuando salgas de aquí voy a llamar a mis colegas de la Isla de la Juventud para que visiten a tu familia. Sabemos que tus abuelos están delicados de salud. Lo que le pase ellos, de ahora en adelante, será tu culpa"

Desde que se graduó como periodista en 2016 y decidió trabajar como reportera independiente, Acosta ha soportado que la amenacen con llevarla al calabozo o con trabajo correccional limpiando calles. Sin embargo, cuando le mencionan a su familia se quiebra.

"Puedo aguantar que tomen conmigo las medidas que crean", dijo. "Sé que no cometo delitos. Solo informo pero con el riesgo de hacerlo desde una dictadura. Es estremecedor si se meten con tu familia e intentan ponerla en tu contra".

A finales de abril 'Alejandro' cumplió su amenaza. La abuela de Camila, una mujer de 75 años que padece de patologías nerviosas, recibió una llamada de la Seguridad del Estado para hablar sobre "la actividad contrarrevolucionaria" de su nieta.

"La crisis genera pánico y más si a la crisis epidemiológica se suma la crisis económica", dijo la reportera. "Están acorralados, temen a un estallido social y la respuesta es lo mismo que vienen aplicando hace más de 60 años: el escarmiento, el aumento de la represión, infundir el miedo, incluso llegar a las personas vulnerables de tu familia".

Las medidas fueron justificadas en la aplicación del Decreto Ley 370 de 2019 que permite a las autoridades sancionar a los usuarios de redes sociales por las opiniones que expresen.

Al menos 28 cubanos, en su mayoría periodistas y activistas, denunciaron haber sido sancionados por el contenido de sus publicaciones en Facebook (ver visualización de datos). Las autoridades recurren a este decreto para disuadir a los periodistas independientes y a los activistas de denunciar en las redes sociales el vínculo entre la escasez de alimentos y las medidas estatales contra el acaparamiento.

En las citaciones, las autoridades provinciales dicen que producto de la pandemia se vive "un estado excepcional" en el país y que por tanto se tomarán medidas más drásticas en contra de quienes no obedezcan la nueva norma.

En las citaciones, las autoridades provinciales dicen que producto de la pandemia se vive "un estado excepcional" en el país y que por tanto se tomarán medidas más drásticas en contra de quienes no obedezcan la nueva norma

Al igual que Acosta, el periodista Niober García Fournier salió del interrogatorio con una advertencia de los agentes de la Seguridad del Estado el pasado 20 de mayo. "Me dijeron que terminaría preso si seguía publicando este tipo de materiales porque, con el coronavirus, estábamos en guerra y arreciarían el control", cuenta García, a quien le entregaron una carta que amenazaba con acusarlo de los delitos de propaganda enemiga y denuncias falsas y una segunda multa bajo el decreto 370.

El interrogatorio tuvo lugar en la estación policial de Guantánamo. Un agente que se presentó como "Víctor Víctor" le mostró a Niober la pantalla de una tableta donde le reprodujo dos videos del periodista que realizó para el proyecto audiovisual de denuncia Palenque Visión.

En el primer video cuenta las inadecuadas condiciones de la prisión de Guantánamo para enfrentar el coronavirus y el otro señala la deficiente ayuda del Gobierno a la población y la falta de alimentos durante la emergencia.

El Decreto Ley 370 enfatiza que Cuba es una sociedad informatizada y que la regulación es un "medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y un instrumento para la defensa política de la Revolución".

El artículo 68 desgrana una serie de contravenciones que implican un amplio control sobre el Internet y abarcan, desde la prohibición de hospedar sitios web en servidores ubicados en el extranjero hasta limitaciones de lo que los usuarios pueden publicar en sus redes personales. El impago de las multas, de 3.000 pesos, se convierte en antecedente penal.

"Difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", es una de las contravenciones específicas.

Si alguien publica en su página de Facebook que las élites políticas de Cuba no padecen las carencias y falta de comida que sufre la mayor parte de la población cubana, como ocurrió con el activista político Diosbani Zalazar Rodríguez a inicios de abril, es susceptible de multa y sanción

Así, si alguien publica en su página de Facebook que las élites políticas de Cuba no padecen las carencias y falta de comida que sufre la mayor parte de la población cubana, como ocurrió con el activista político Diosbani Zalazar Rodríguez a inicios de abril, es susceptible de multa y sanción.

Denunciar abusos policiales, como hizo el periodista Enrique Díaz en medio de la pandemia, también es objeto de multa. De hecho, las autoridades le dijeron a Díaz no admitirían en el futuro publicaciones semejantes y menos durante la crisis sanitaria.

Gaspar Pisanu, asociado de políticas públicas de la organización Access Now, que ayuda en temas de seguridad digital a periodistas y activistas, dice que el Decreto 370 viola el principio de legalidad que exige definir la conducta o contenido considerado ilícito específicamente.

"Las definiciones legales ambiguas presentes en el decreto, a los antecedentes represivos del Gobierno cubano están provocando una interferencia innecesaria y desproporcionada con el derecho a la libertad de expresión en línea", dice Pisanu. "El espíritu de esta norma es controlar todo el entorno virtual".

El artículo 71 autoriza el decomiso de los equipos y medios utilizados para conectarse a Internet que, en la práctica, puede impedir a un periodista continuar haciendo su trabajo, como le sucedió a la reportera Acosta.

Según el recuento de casos realizado para este reportaje, más del 85% de las multas amparadas por la nueva disposición se han impuesto durante la pandemia y la totalidad de ellas se emitieron este año.

El decreto entró en vigor el 4 de julio de 2019. Sin embargo, ya había sido firmado por el presidente cubano en diciembre de 2018, justo once días después que se permitiera el acceso a internet a través de datos móviles.

A juicio de la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, el Decreto Ley 370 parece confeccionado a la medida para controlar este nuevo escenario. Su entrada en vigor incluso, siete meses después de haber sido firmado, no fue fortuita.

Según el Gobierno cubano, en la Isla hay 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet, lo que representa un 63% de la población. Unos 3,4 millones tienen datos móviles y más de seis millones tienen líneas de telefonía celular activas.

A juicio de la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, el Decreto Ley 370 parece confeccionado a la medida para controlar este nuevo escenario. Su entrada en vigor incluso, siete meses después de haber sido firmado, no fue fortuita.

"Las autoridades ya tenían la experiencia del Decreto 349, que penalizaba el arte independiente", dijo Diversent. "Con la movilización en espacios públicos y sobre todo en las redes en su contra se paralizó la aplicación" de ese decreto, dijo Diversent.

En el caso del Decreto Ley 370, el Gobierno hizo lo contrario: no fue publicado hasta que no entró en vigor con las disposiciones complementarias. "Este decreto vino a garantizar lo que llaman ciberseguridad, o lo que realmente significa: controlar el ciberespacio nacional", agrega la abogada.

Las reacciones desde el activismo cubano a la aplicación del Decreto Ley 370 han sido varias. El 15 de junio, por ejemplo, más de 60 medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron la petición para declarar inconstitucional la norma porque viola los artículos "8, 40, 41, 47, 54 y 228 de la Constitución de la República de Cuba y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y que protegen expresamente la libertad de expresión".

Una semana antes, la petición fue presentada por varios activistas ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y a Miguel Díaz-Canel

Una semana antes, la petición fue presentada por varios activistas ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y a Miguel Díaz-Canel. El Gobierno cubano aún no ha utilizado a plenitud todas las opciones de control que le otorga el Decreto Ley 370. De aplicarse en su totalidad la nueva norma se pondría en peligro la existencia de muchos sitios web alojados en servidores foráneos, entre otros, dijo Pisnau, de Access Now.

La única exclusión al hospedaje en servidores ubicados en un país extranjero es que sirvan como espejo o réplica del sitio principal que le permite estar alojado en servidores locales.

"Ninguna web de un medio de prensa u organización de la sociedad civil independiente está en un servidor cubano", dijo el experto. "Y en el caso de que se les otorgara el permiso, el Gobierno tendría acceso a sus datos, lo cual implica un riesgo para la seguridad y privacidad de estas organizaciones".

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