Denuncian que el régimen quiere "debilitar" el significado histórico del 11J

La Habana/El Consejo para la Transición Democrática en Cuba urgió este lunes, aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, a hacer memoria de los acontecimientos, dado que la intención del régimen es "debilitar la perspectiva y el significado histórico de aquellas jornadas".

En aquella "revolución ciudadana", recuerda la organización en un comunicado, se unieron espontáneamente cubanos de todos los ámbitos, estratos sociales, generaciones, ideologías y credos religiosos, y sobre todo jóvenes, que aportaron "la energía, la imaginación y el ritmo" a las protestas, cuyos antecedentes fueron el Movimiento San Isidro y el 27N.

El Consejo también subraya que al 11J se llegó "sin plan intelectual o político", y con "una demanda fundamental compartida: la de la libertad". Ese día se produjo, prosigue la ONG, un "cambio de sede" del sujeto revolucionario: de un Gobierno represor y anquilosado a cientos de miles de cubanos exigiendo "patria y vida" y la satisfacción de unas "promesas pospuestas por 63 años".

En el mismo texto, el Consejo pide la liberación de los presos políticos y denuncia el nuevo Código Penal, una ley "inconstitucional, que rompe con las tradiciones" de Cuba y del proceder democrático.

La organización advierte que, a partir de julio de 2021, el Gobierno cubano puso en práctica un minucioso plan para desactivar cualquier manifestación posterior, y documentó 155 casos de represión

En el recuerdo del 11J al cumplirse un año de las históricas jornadas se ha unido también la organización Human Rights Watch, con un largo informe titulado Prisión o exilio. Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba.

En él, la organización recuerda que, durante los acontecimientos, uno de los manifestantes murió por violencia policial, y que de las 1.400 personas detenidas, 700 permanecen privadas de libertad, incluyendo menores de edad. Además, el servicio de internet fue afectado o suspendido en la mayor parte del territorio nacional, lo cual dificultó la cobertura mediática del 11J.

La organización advierte que, a partir de julio de 2021, el Gobierno cubano puso en práctica un minucioso plan para desactivar cualquier manifestación posterior, y documentó 155 casos de represión a activistas desde aquella fecha. La consulta de alrededor de 170 personas, incluyendo a manifestantes y familiares de prisioneros, arrojó evidencias sobre numerosos casos de abuso por parte de la Seguridad del Estado, la Policía, las fuerzas militares especiales conocidas como "boinas negras" y los cuerpos civiles armados, denominados "brigadas de respuesta rápida".

A este sistema represivo se añade el "secuestro" de tribunales, fiscales y abogados, que en numerosos casos han contradicho la sentencia inicial, elevando la gravedad de los cargos y garantizando de este modo una sanción mayor para el acusado.

El informe incluye una serie de recomendaciones a los gobiernos norteamericanos, europeos y de América Latina, instándolos a reconocer "de manera inequívoca la represión contra manifestantes y críticos en Cuba", además de ejecutar un proceso de diálogo multilateral que garantice la migración segura y el derecho de asilo a los cubanos que han salido de la Isla.

Al presidente de EE UU, Joe Biden, pide "desmantelar progresivamente la política de aislamiento hacia Cuba, reemplazando el embargo y las restricciones a viajes y comercio con Cuba con formas más eficaces de presión multilateral". También se incluye en el texto recomendaciones especiales para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los estados firmantes de distintas convenciones contra la tortura.

Lázaro Mireles se refirió al papel de España y los estados miembros de la Unión Europea, que deben parar de "oxigenar con millones de euros a la dictadura"

El documento de Human Rights Watch, de alrededor de 40 páginas de extensión, documenta cuidadosamente muchos de los casos más emblemáticos de represión a los manifestantes del 11J, incluyendo a Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, las hermanas María Cristina y Angélica Garrido y el músico Abel González Lescay.

Notables han sido también las exigencias de cientos de cubanos en distintas ciudades del mundo, agrupados para recordar el primer aniversario del 11J. Para los cerca de doscientos manifestantes que marcharon en Madrid, este domingo, el espíritu de las protestas "está más vivo que nunca".

El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida, dice que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha identificado la nación con la muerte y que España, como "madre patria", tiene el deber de ayudar a que en Cuba se produzca "una transición real y no un fraude".

Lázaro Mireles, presidente del movimiento Acciones por la Democracia, también se refirió al papel de España y los estados miembros de la Unión Europea, que deben parar de "oxigenar con millones de euros a la dictadura".

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que durante los últimos 12 meses "ha reiterado el llamamiento al Gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades", y ha exigido que "libere a todos los presos políticos" en la Isla.

También Anthony Blinken, secretario de Estado de EE UU, emitió este lunes un comunicado reconociendo "la determinación y coraje del pueblo cubano" durante el 11J. Blinken subrayó los lazos familiares y de amistad entre ambos pueblos, a los cuales une su "ferviente deseo por la libertad, la prosperidad y un futuro brillante para sus hijos". El político acusó al régimen cubano y sus partidarios de "abuso a los derechos humanos" de los ciudadanos y llamó a la liberación urgente de los presos políticos.

Interpelando directamente al pueblo cubano, Blinken concluyó su mensaje calificando de "inaceptable" las condenas de más de 700 manifestantes, a los cuales él y los demás norteamericanos contemplaron "con admiración" el pasado 11 de julio.

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