Denuncian la situación de “grave peligro” de varios presos políticos cubanos

La Habana/Tras 14 días en huelga de hambre, la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales, ingresado en la unidad médica de la prisión de Guamajal, en Santa Clara, corre “grave peligro”, denunció este martes la organización Cuba Decide. 

El activista, que ya estuvo dos años y 10 meses en la cárcel por manifestarse en Caibarién, Villa Clara, durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), y que fue puesto en libertad en marzo de este año, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva dos meses preso sin tener aún fecha para juicio. En ese lapso ya suma dos huelgas de hambre, aunque esta última ha sido la más severa. 

Tras varios incidentes de acoso policial, Morales fue arrestado durante una citación en la Unidad de Instrucción Penal de Caibarién. Inmediatamente comenzó su primera huelga de hambre, que suspendió el 22 de mayo, en espera de la respuesta a un habeas corpus presentado por su abogada.

Morales fue arrestado durante una citación en la Unidad de Instrucción Penal de Caibarién. Inmediatamente comenzó su primera huelga de hambre

En una carta que Morales envió después de esa primera huelga denunció que, tras un fuerte dolor en el pecho, se le negó la asistencia médica y, en cambio, recibió una golpiza por parte del jefe de la unidad. El suceso provocó su traslado al hospital en condiciones críticas.

Casi un mes después, luego de que le denegaran el habeas corpus, el periodista independiente reanudó la huelga de hambre el 19 de junio. 

Ante la gravedad de la situación, el Centro de Denuncias de Cuba Decide informó que presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y también exhortó a la comunidad internacional a denunciar las violaciones de derechos humanos contra Morales y otros activistas en la Isla.

Además, este miércoles la CIDH dictó medidas cautelares en favor del preso político Fray Pascual Claro Valladares, condenado a 10 años de cárcel por el delito de sedición, luego de participar en las manifestaciones en la ciudad de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022, y utilizar sus redes sociales para denunciar la violencia policial.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que solicitó las medidas a la comisión, fue notificado de que la CIDH advirtió –resolución mediante– de que Claro Valladares “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

El preso político Fray Pascual Claro Valladares fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de sedición

En su reporte, la instancia interamericana denunció que el joven de 22 años ha estado sometido a condiciones severas de aislamiento, intimidación y agresiones físicas, incluyendo una golpiza en febrero de 2023. Además, acusó que los funcionarios penitenciarios lo amenazaron con quitarle la atención médica, visitas familiares, llamadas telefónicas y envíos de medicamentos y alimentos, si él y su madre continúan denunciando su caso.

En abril pasado, Claro Valladares intentó suicidarse, luego de conocer su sentencia. Tras una breve evaluación médica, fue devuelto al centro penitenciario. Hasta el momento, la CIDH dijo que el joven no había recibido atención psiquiátrica, pese a que se reportó que no habría sido la primera vez que intentaba hacerse daño.

En su resolución, la CIDH llamó al Gobierno de Cuba a proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Claro Valladares; que sus condiciones de detención se adecúen a los estándares internacionales aplicables y garantizar que no reciba amenazas, intimidaciones, hostigamientos y eventos de violencia y que se le realicen diagnósticos médicos y que se le dé tratamiento.

Finalmente, otro preso político que vive condiciones degradantes es José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Detenido en el marco de las protestas del 11J, “lleva casi un año y cuatro meses sin derecho a llamadas telefónicas ni a visitas familiares ni conyugales. Todo este tiempo (ha estado) confinado en una celda de castigo, aislado no solo de su familia, sino de toda la comunidad penal bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes”, alertó su esposa, Nelva Ortega Tamayo, en un audio enviado a medios de comunicación, organizaciones y activistas.

José Daniel Ferrer vive su tercera prisión con motivaciones políticas. Fue parte del grupo de prisioneros de la Primavera Negra

En la grabación, explicó que se presentó el pasado lunes en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a la visita reglamentaria de Ferrer García, y que solo se les permitió entregar alimentos, artículos de aseo y algunos medicamentos. En mayo pasado, Ortega Tamayo había señalado que en más de dos años solo ha tenido derecho a 12 visitas familiares y nueve matrimoniales con el opositor.

José Daniel Ferrer vive su tercera prisión con motivaciones políticas. Fue parte del grupo de prisioneros de la Primavera Negra, con una condena a muerte conmutada por 25 años de prisión y puesto en libertad al cabo de ocho años gracias a las gestiones del Vaticano y la mediación de España, pero se negó a partir al exilio como muchos de los otros excarcelados.

En 2019 fue detenido el 1 de octubre y condenado a prisión en febrero de 2020, tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan. Tras seis meses encarcelado, y en medio de fuertes presiones internacionales, se le cambió la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.

Sin embargo, más de un año después, Ferrer fue detenido y encarcelado durante el 11J, cuando apenas salía de su casa para sumarse a las movilizaciones. En agosto de ese año, un juez le revocó el arresto domiciliario y ordenó su reingreso a prisión para cumplir cuatro años y 14 días que le restaban de la condena de 2020.