Desmantelan puestos de venta privados en Sancti Spíritus antes permitidos por las autoridades

Sancti Spíritus/Un gigantesco operativo policial, con tropas especiales incluidas, desmanteló este martes los kioscos privados de venta a las afueras del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus. Era un hecho anunciado. Según ha podido leerse en grupos en redes sociales, a finales del mes pasado las autoridades dieron un ultimátum a los comerciantes, y estos montaron en cólera.

“Para nadie es un secreto que los puntos de venta del área del hospital han sido siempre autorizados por el Gobierno y Planificación Fiscal”, denunciaba al respecto la usuaria Odaysi Muñoz, que informaba del plazo que les dieron para retirar los puestos: el 18 de agosto. “Sin importar el dinero invertido”, clamaba.

“¡No habernos mandado a echar acera y poner los locales bonitos!”, decía también, acusando sin disimulo a funcionarios locales: “Lo que hay es una cantidad de directivos cogiendo dinero por esos puntos de venta”. Y amenazaba a un “peje gordo”: “Acuérdate de que se te dio 100.000 pesos, soluciona el problema o te menciono”.

"Lo que hay es una cantidad de directivos cogiendo dinero por esos puntos de venta"

A principios de este mes, el propio director espirituano de Finanzas y Precios, Miskel Acosta Paredes, apuntaba, en una entrevista a Escambray, por dónde iban los tiros: “Sabemos que hay dirigentes que, sin haber pasado por los mecanismos colegiados de dirección, han tomado la decisión de establecer contratos sin mirar los precios que le están proponiendo para resolver un problema, cogiendo dinero del presupuesto y llevándolo a gastos excesivos”.

Ahí mismo aseguraba que el gobierno provincial pondría un “stop” a las “irregularidades” que habían constatado: “Cuando hemos revisado informes de la Contraloría General de la República se han detectado una gran cantidad de presuntos hechos delictivos relacionados con las acciones de contratación entre los actores no estatales y el sector estatal”. 

La corrupción estatal, proseguía, tiene otra de sus formas en los “favoritismos con ciertos actores no estatales”, e insistía en que han encontrado “enriquecimiento de personas a partir de la contratación de productos y servicios”.

Para evitar este tipo de prácticas, el nuevo plan de Finanzas y Precios obligará a los dirigentes estatales a clarificar sus documentos a través de un “pliego de concurrencia”, una especie de agenda donde se fijarán todos los encuentros y negociaciones con los privados. Así, los inspectores podrán revisar paso a paso el proceso, adelantaba Acosta Paredes. 

El lunes, día siguiente del plazo advertido a los vendedores, 14ymedio comprobó que los kioscos seguían en pie frente al hospital, pero solo había dos de ellos abiertos. Preguntados por el ultimátum de las autoridades, el dueño de uno de ellos atajó la conversación: “Yo no sé nada de eso”.

Finalmente, este martes, se produjo la intervención. “Con tremendo aparataje”, cuenta a este diario una trabajadora del hospital, testigo de los hechos, que prefiere el anonimato.  “Llegó la Policía y la brigada especial, con ropa antimotín y todo. Cerraron todos los locales, desalojaron todo y se llevaron a todos con toda la mercancía”, precisa, sin que hasta ahora el oficialismo haya dado noticia del operativo o de posibles detenciones.

Lo ocurrido, en cualquier caso, va en consonancia con la guerra emprendida contra los privados por parte del Gobierno, cristalizada en toda una batería de resoluciones legales, publicadas este pasado lunes en la Gaceta Oficial, que refuerzan la fiscalización, las prohibiciones y las multas.

Los más altos funcionarios del régimen, encabezados por el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, llevaban semanas anunciando tiempos negros para el sector privado, al que atribuyen la evasión de 50.000 millones de pesos –“un tercio del déficit fiscal” del país, en palabras de Marrero– y al que culpan de la inflación pertinaz.

Por contra, economistas tanto dentro como fuera de la Isla, oficialistas o críticos, piden todo un cambio en el sistema, en lugar de castigar a los pequeños empresarios.