Detenida en enero por llamar a "otro 11 de julio", Sulmira Martínez es llevada a la prisión del Guatao

La Habana/Sulmira Martínez Pérez, detenida el pasado 10 de enero por anunciar su intención de realizar una protesta en las calles, fue trasladada el pasado 17 de marzo a la prisión del Guatao, en La Habana, según informó Mónica Baró con fuente en la madre de la joven de 21 años, Norma Pérez.

"Norma me dice que su hija quedó traumatizada, que en Villa Marista, durante las visitas de diez minutos o poco más que tenían, delante de una oficial siempre, no podía decirle nada, pero que sí sufrió allá dentro", contó este viernes la periodista cubana, ahora residente en Nueva York.

Baró asegura que Martínez Pérez "se puso a gritar en Villa Marista que la soltaran y luego de esto la trasladaron a El Guatao". La trasladaron, prosigue en su publicación, "en una jaulita, uno de esos vehículos de la Seguridad del Estado que son herméticos y enrejados", y fue maltratada en el camino.

"Ella iba esposada y pidió que le aflojaran las esposas, porque le apretaban, y lo que hicieron fue ponerla de pie y esposarla a un tubo del vehículo, con los brazos separados, como si fuera un cepo", detalla la periodista independiente.

"Ella iba esposada y pidió que le aflojaran las esposas, porque le apretaban, y lo que hicieron fue ponerla de pie y esposarla a un tubo del vehículo, con los brazos separados, como si fuera un cepo"

De igual manera, Norma Pérez refirió a Baró que la acusación contra su hija ha cambiado, de "propaganda contra el orden constitucional" a "instigación a delinquir", uno de los delitos aplicados a muchos de los manifestantes del 11 de julio de 2021. No tiene, por el momento, fecha para un juicio.

La mujer pudo visitar este miércoles a su hija, pero dijo a la periodista que no puede ir a verla todos los jueves, que son los días de visita: "El transporte hasta la cárcel, ida y vuelta, de Las Guásimas a El Guatao, incluyendo la espera, sale en 3.000 pesos, y Norma cobra 2.000 pesos como jubilada. Además, no puede reunir comida suficiente todas las semanas para llevar a su hija y pagar el transporte".

En la cárcel, sigue Baró, "las presas están durmiendo en colchones llenos de chinches, recibiendo una mala alimentación y sufriendo tratos crueles y degradantes por parte de las guardias".

La organización jurídica Cubalex, que da seguimiento a los casos de presos políticos en la Isla, exigió también este viernes: "El régimen cubano debe liberar a Sulmira sin demora y dejar de encarcelar a cubanos por expresarse libremente".

Conocida en las redes como Salem Cuba, pseudónimo con el que gestiona una página de Facebook donde con frecuencia salen críticas y memes sobre las autoridades cubanas, publicó antes de ser detenida: "Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación es pá la calle, no detrás de una pantalla" y "Necesitamos organización...corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio".

"Las presas están durmiendo en colchones llenos de chinches, recibiendo una mala alimentación y sufriendo tratos crueles y degradantes por parte de las guardias"

Del arresto casi no se supo nada al principio, pero pocas semanas después empezó a tener eco la desesperación de su madre, quien en una transmisión directa expresaba cómo estaba "aguantando por dentro".

"Primero estaba en 100 y Aldabó [centro de detención en la Habana] y después la pasaron para Villa Marista [cuartel de la Seguridad del Estado]", detallaba la mujer, quien denunció que durante el arresto su vivienda fue objeto de un registro policial: "Nos ocuparon la computadora, el teléfono y nos quitaron la conexión a internet por Nauta".

El abogado, contratado a través del "estado revolucionario" costó 5.400 pesos, denuncia la mujer y aclara que a su hija la acusan de "propaganda contra el orden constitucional".

El nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre pasado, incrementó las penas contra los defensores de derechos humanos, el activismo y las críticas contestatarias en redes sociales. En su artículo 143, la normativa señala que quienes apoyen, fomenten o reciban recursos "con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional" incurren en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años.

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