Denunciar en redes sociales las detenciones de los jóvenes cubanos facilita su liberación

La Habana/Las historias de los detenidos a partir de las protestas del pasado 11 de julio no dejan dormir a la periodista Ivette Leyva Martínez: "La jovencita de 17 años sancionada a 8 meses de cárcel después de dos semanas presa sin ver a su madre, el único manifestante de Gibara que solo gritó en un parque y con quien la madre, que vive en Austria, no se ha podido comunicar, el jovencito de Sagua la Grande detenido cuya familia no sabe nada de él... Son muchos y a veces me cuesta ubicarlos".

Ella y otras voluntarias son las encargadas de actualizar, bajo la coordinación del Centro de Información Legal Cubalex, el listado de los arrestados y desaparecidos, que este jueves supera los 700 casos. Entre ellos destacan 37 víctimas de desaparición forzada y 16 que ya han recibido su sentencia.

Del total de denuncias recogidas, 134 son mujeres y 568 son hombres. Aún existen 238 casos que están en proceso de verificación y se cuentan en 270 los detenidos, al tiempo que 163 personas han sido excarceladas, aunque la mayoría está en reclusión domiciliaria.

Desde que decidió ofrecerse a Cubalex para ayudar –sin cobrar, "como un deber cívico"– con las verificaciones de las denuncias, tras el 11 de julio, ha sido testigo del "desgarrador drama" de al menos una decena de familias con las que se ha puesto en contacto.

Una mujer y un hombre fueron condenados, respectivamente, a 10 meses y a dos años de cárcel sin que hubieran cometido ningún acto violento

Leyva cuenta a 14ymedio que siente "mucha impotencia" al ver que todos esos jóvenes están verdaderamente desprotegidos por la ley. "Hay abogados que desaconsejan apelar o no hacen absolutamente nada, porque forman parte del mismo perverso aparato judicial que los encarcela", advierte.

Es el caso de al menos dos juicios sumarios de los que ha tenido noticia 14ymedio este jueves: una mujer y un hombre fueron condenados, respectivamente, a 10 meses y a dos años de cárcel sin que hubieran cometido ningún acto violento.

Sus familiares no quisieron denunciar ante la amenaza de la Seguridad del Estado. Los agentes les dijeron que era mejor que no hablaran si querían que los liberaran pronto.

Que estén en prisiones ambos concuerda con lo que señala Leyva: en la práctica ha visto que "las familias que han perdido el miedo, que no se dejan amedrentar por la Seguridad del Estado y divulgan esas injusticias, tienen más éxito en lograr la liberación de sus seres queridos".

La joven filóloga habanera Camila Rodríguez, que también está colaborando en la confección de la lista, relata que muchos familiares se acercan con el temor de que visibilizar la información pueda comprometer el estatus legal de su familiar detenido, pero que a la vez son conscientes de la necesidad y el respaldo de la denuncia pública: "Casi llegan de manera instintiva, aunque antes hayan sido mal instruidos por los funcionarios o agentes de los centros de detención, o por una parte de la opinión pública que les es cercana".

"Han querido hacerle creer a los familiares que hacer públicos los casos puede tener consecuencias negativas, pero lo cierto es que hemos comprobado que han sido justamente los casos de influencia mediática los que han sido reevaluados para la concesión de sentencias o medidas menos drásticas que las primeras que les fueron dictadas", apunta.

"No dan la información completa, que en estos casos es el número de expediente en fase preparatoria, el nombre del instructor y el delito que le imputan"

Con ella coincide Laritza Diversent, directora y fundadora de Cubalex, quien detalla a 14ymedio que hay muchísimo miedo entre los familiares, a quienes los instructores penales recomiendan que no difundan su caso en redes sociales. La activista asegura que en muchos casos se niegan a dar información sobre los detenidos o, incluso, aconsejan que no se contrate a un abogado antes de las 96 horas.

"No dan la información completa, que en estos casos es el número de expediente en fase preparatoria, el nombre del instructor y el delito que le imputan", denuncia.

Diversent cuenta que la lista de Cubalex "ha adquirido mucha trascendencia debido a la falta de transparencia que ha habido en el proceso contra las personas que se manifestaron el 11 de julio" y que todos los días reciben información sobre detenciones vinculadas a las protestas.

"Recibimos información de una persona que estuvo detenida y que ya está libre a quien pusieron videos de las protestas de su localidad para que identificara entre la multitud a manifestantes que conociera", señala. "También hemos recibido denuncias contra abogados que se han negado a defender alguno de estos casos alegando que son políticos y se han negado a presentar habeas corpus".

Además, subraya que hay letrados que recomiendan no apelar para no agravar la situación del acusado: "Les han dicho a muchas personas que si apelan el tribunal superior puede incrementar la sanción que le puso el inferior y eso no es así. Renunciar a apelar es perder un derecho que se tiene".

En lo que respecta al trabajo de recopilación, Camila Rodríguez refiere que lo más complejo no es obtener información sobre detenidos o desaparecidos, sino confirmar la identidad de las personas y darle seguimiento a sus estatus, por el volumen de la lista. "Por eso hemos querido hacer explícito si cada uno de los casos que nos han reportado ha sido o no verificado apropiadamente por nosotras, o si aún se halla en proceso de verificación".

Hasta la fecha, al menos el 20% de los casos que han registrado en la lista han sido ya procesados en los tribunales

La joven explica que para verificar los datos se apoyan en las redes sociales, pero solo inicialmente. "Hacemos búsquedas ramales. A partir del nombre y la zona de residencia tratamos de llegar a familiares o amigos, para establecer contacto. Luego vamos actualizando la información, con esas mismas personas y otras que van surgiendo, a través de mensajería directa o llamadas", precisa.

Hasta la fecha, al menos el 20% de los casos que han registrado en la lista han sido ya procesados en los tribunales. Aunque reconoce que hay lagunas en su información y "hay muchos tapetes" bajo los cuales aún no se han podido asomar", su percepción personal es que son pocos aún los casos que han sido juzgados.

Rodríguez insiste en que ella y otras nueve muchachas no reciben ninguna compensación económica por su trabajo y no dependen de ninguna organización. "Nuestro trabajo no responde a ninguna agenda que no sea la que nos dicta nuestra conciencia. Las horas que le hemos dedicado a este trabajo sólo tienen que ver con nuestro sentido individual de civismo y a nuestro deseo de sabernos útiles en un momento tan delicado emocionalmente para todos los cubanos".

Del grupo de chicas, dice, seis residen fuera de Cuba y cuatro dentro, de las cuales dos han tenido vigilancia de la Seguridad del Estado al salir de sus casas. "Estamos conscientes de la campaña de descrédito que se ha iniciado. No sólo a través de los medios de prensa oficiales, sino por parte de agentes de la policía política hemos sabido de interrogatorios en los que el tema de la lista y su origen ha sido tocado con insistencia. No descartamos que en cualquier momento seamos llamadas a 'rendir cuentas', pero hasta hoy no ha sucedido".

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