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La economista Karina Gálvez es condenada a tres años de privación de libertad

La sentencia puede ser sustituida por tres años de arresto domiciliario y supone también el decomiso de su vivienda

El proceso contra la integrante del Centro de Estudios Convivencia se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de Pinar del Río. (Captura)
14ymedio

21 de septiembre 2017 - 20:03

La Habana/La economista Karina Gálvez fue sentenciada este jueves por el Tribunal Municipal de la ciudad de Pinar del Río a tres años de privación de libertad y al decomiso de su vivienda por el delito de evasión fiscal, según confirmó la propia integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC) a 14ymedio. Una decisión judicial que asegura que no le sorprende y que estaba esperando.

"Aunque después del juicio, en el que evidentemente ganaron los abogados defensores, teníamos la esperanza de que la sanción disminuyera en algo con respecto a la petición fiscal", explica la economista.

Finalmente, "el tribunal aceptó las peticiones de sanción que propuso la fiscalía", detalla el CEC en un comunicado. Esto no quiere decir, sin embargo, que la economista deba ingresar en prisión, ya que la sentencia contempla que la condena de privación de libertad puede ser sustituida por tres años de arresto domiciliario.

El proceso contra Gálvez se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la provincia y su casa fue sellada.

La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de Estudios Convivencia y con su decomiso el proyecto independiente perdió por segunda vez su lugar de reunión

La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y con su decomiso el proyecto independiente perdió por segunda vez su lugar de reunión. En 2009, el patio de la casa de los padres de Gálvez, donde se reunían sus integrantes, también fue confiscado y clausurado.

El inmueble queda ahora a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar del Río.

La sentencia del tribunal asegura que la condena busca "hacerle entender a la acusada" la gravedad del delito y también "servir de educación al pueblo en general".

Además, a Gálvez se le ha prohibido ejercer el derecho a voto y presentarse como candidata en procesos electorales, así como ha perdido "el derecho a ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad político-administrativa del Estado".

Le quedan prohibidas también "la expedición de pasaporte y salida del territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas", precisa el documento que el tribunal le hizo llegar este jueves a través de su abogada defensora.

La sentencia expone que este tipo de penas cumplen en lo individual y en "su tipo y extensión" con los fines de "reprimir, reeducar y prevenir la comisión de nuevos delitos".

A partir de este jueves Gálvez cuenta con diez días para establecer un recurso de apelación. Pasado ese tiempo se hará firme la sentencia en su contra y debe esperar la cita con un juez de ejecución

A partir de este jueves Gálvez cuenta con diez días para establecer un recurso de apelación. Pasado ese tiempo se hará firme la sentencia en su contra y debe esperar la cita con un juez de ejecución.

"Todavía no he decidido si voy a apelar, estoy pensándolo", asegura la economista. "Quien presidió mi juicio es el presidente del Tribunal Provincial, por lo que tendría que apelar a un juez que está subordinado a él" y eso "sería una formalidad".

La economista ha denunciado en los últimos meses una escalada de presiones por parte de las autoridades, que incluye numerosos interrogatorios en el Departamento de Inmigración y Extranjería de la provincia, donde indagaron sobre las motivaciones de sus viajes fuera de la Isla.

Otros miembros del CEC han sido citados por la policía y han recibido advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés, a quien en octubre pasado un oficial dijo que desde ese momento su vida será "muy difícil".

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil y en una reciente declaración pública sus miembros aseguraron que no se irán de Cuba ni de la Iglesia y que seguirán "trabajando por el país".

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